Los letrados del Congreso y la Constitución de goma

Amnistía. Todo pasa por la amnistía. La próxima semana se debatirán las enmiendas a la proposición de ley. El PSOE y Junts se reúnen para perimetrar sus desacuerdos. ERC y Junts viven en el desacuerdo permanente. En medio del ruido, los letrados de la comisión de Justicia del Congreso emiten un informe que duda de la constitucionalidad de la ley. Contexto convulso en el que se deslizan como surfistas el socialista Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Son los fontaneros por antonomasia, los señores Lobo de sus respectivos partidos.

La legislatura ha echado a andar en medio de la improvisación, pero ese rasgo puede tener los días contados, según una información de El Diario que lleva este titular: "PSOE y Junts se conjuran para evitar el choque pese a su desacuerdo en las enmiendas a la amnistía". La historia se refiere a la reunión entre Cerdán y Turull que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Baja. Escriben José Enrique Monrosi y Arturo Puente: "El PSOE y Junts tratan de engrasar a marchas forzadas una relación política que resulta crucial para la estabilidad de la legislatura pero que a las primeras de cambio ha dado muestras de funcionar a trompicones. La negociación al límite de la semana pasada para sacar adelante dos decretos en el Congreso, las advertencias de los Carles Puigdemont a Pedro Sánchez sobre la necesidad de negociar un referéndum o las enmiendas a una ley de amnistía que ya fue negociada durante meses han disparado las alarmas sobre el funcionamiento de una incipiente colaboración parlamentaria tras años de desconexión. Y bajo ese contexto se vieron las caras este miércoles el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, y el secretario general de los independentistas, Jordi Turull".

Sigue la nota: "Ambos se reunieron en el Congreso durante casi dos horas. A pesar de que esa cita era pública y se llevó a cabo en dependencias parlamentarias, los protagonistas de la misma apenas ofrecieron información sobre el contenido del encuentro y sortearon la nube de cámaras, micrófonos y periodistas que se arremolinaba en la Carrera de San Jerónimo. “Es una simple reunión de trabajo como otras más que vamos a tener y en la que no pretendemos acordar ni comunicar nada”, dijo el 'número tres' del PSOE a su llegada. A la salida, Turull se limitó a asegurar que se había desarrollado en un ambiente “cordial”. “Ya saben que en Junts mientras hablamos no hacemos declaraciones”, avisó. Fuentes de Junts trataban de enmarcar el encuentro con Cerdán dentro de la normalidad, al tiempo que reconocían que su objetivo es resolver las diferencias en privado y evitar que el choque de los últimos días vaya a más. Estas mismas fuentes aseguran que su prioridad es “negociar” y que, quien negocia, “busca el acuerdo, aunque puede no encontrarlo”".

Y: "Según fuentes al corriente de la conversación la sensación en ambos bandos fue la de que el encuentro había resultado útil para limar algunas asperezas y reconducir una interlocución que nunca ha dejado de operar desde el 23 de julio pero a la que habían afectado algunos posicionamientos públicos. Ha sido el caso de algunas de las intervenciones parlamentarias de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, de quien algunos dirigentes socialistas señalan la “dureza” de su tono. O incluso de unas manifestaciones del propio Turull en las que advertía a Sánchez de que, sin referéndum, la legislatura “colorín, colorado”. Ahora ambas partes intentan restar peso político al hecho de que este martes Junts registrase sus propias enmiendas a la ley de amnistía al margen de las que se pactaron entre el PSOE y otros socios de investidura como Sumar o ERC. La intención, de hecho, es mantener viva la negociación durante los trabajos parlamentarios en torno a la amnistía que comenzarán este jueves con la ponencia y continuarán a partir de la semana que viene en la Comisión de Justicia del Congreso".

O sea que Junts está por limar asperezas con el PSOE y por agudizarlas con su archienemigo ERC. "Junts y ERC extienden su disputa a la ley amnistía pese al interés común por rehabilitar a sus líderes", advierte al respecto El País con un texto de Marc Rovira que empieza así: "La hoja de ruta de la legislatura anunciaba mar de fondo, pero el primer bandazo ha llegado casi sin salir del puerto. Las disputas entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana no han respetado ni el supuesto consenso que había en torno a la ley de amnistía. Unos se juegan el retorno a España de su líder, Carles Puigdemont, y los otros depositan en la amnistía la rehabilitación de su secretaría general, Marta Rovira. El interés común choca con las ganas de marcar perfil propio y sacar rédito electoral. Ambas formaciones han optado por negociar individualmente, descartando la posibilidad de levantar un frente común ante el PSOE para pulir la ley. La hostilidad abre otra grieta en la mayoría parlamentaria que hizo posible la reelección de Pedro Sánchez. Las consecuencias que pueda tener para la estabilidad del Gobierno el enfrentamiento entre los independentistas catalanes supone un pronóstico incierto, pero al sembrar de desavenencias la ley de amnistía enreda un asunto que estaba llamado a ser clave para encolar las relaciones de los socios catalanes con el PSOE".

Continúa el texto: "Jordi Turull aseguró el 14 de noviembre en una entrevista en TV3 que Junts no presentaría enmiendas a la ley de amnistía porque el redactado se daba por bueno. “Ha costado mucho poder pactarlo, casi la mitad del texto es aportación nuestra”, aseguró Turull. Dos meses después, el partido ha presentado una docena de enmiendas para reajustar el texto, y lo ha hecho sin acordarlo con nadie, lo que provoca malestar en el resto del bloque de la investidura. Esquerra, por su parte, también apuesta por retocar la proposición de ley que entró en el registro del Congreso el pasado 13 de noviembre. Además de nueve enmiendas de carácter técnico pactadas con el PSOE, Sumar, BNG y EH Bildu, los republicanos presentaron cuatro enmiendas a título individual. No entraban, éstas cuatro, en los planes del partido que lidera Oriol Junqueras. “La idea era presentar solo enmiendas consensuadas y que tengan la mayoría para ser aprobadas, pero los planes están para romperlos”, manifiestan fuentes de los republicanos".

Y: "Cada uno por separado, ERC y Junts coinciden en la necesidad de que se blinden con la amnistía a los encausados por terrorismo. Es el supuesto que involucra a los investigados por la organización del movimiento Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, y el expresidente catalán de Junts Carles Puigdemont. Ambas formaciones presentaron enmiendas individuales en este sentido. Textos de espíritu idéntico, pero cada uno por su lado. “Es Junts quien no quiere negociar con nosotros”, afirman fuentes de Esquerra. Junts replica que se puede hablar y llegar a acuerdos mientras dura la tramitación parlamentaria de las enmiendas".

A todas estas, la mayoría de los medios alertan sobre el informe de los letrados de la comisión de Justicia del Congreso que pone de vuelta y media el redactado de la ley de amnistía y advierte sobre su supuesta inconstitucionalidad. "Los letrados del Congreso piden que el terrorismo quede fuera de la amnistía aunque no haya sentencia firme", titula al respecto El Periódico. La pieza es de Miguel Ángel Rodríguez: "Los letrados del Congreso vuelven a sembrar dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Si hace dos meses emitían un informe en el que sentenciaban que "no existe una contradicción evidente y palmaria" con la Constitución, ahora los letrados de la comisión de Justicia, donde se tramitará la medida de gracia, consideran que sí puede haberlos. Incluso, que la norma puede chocar con el derecho europeo al excluir las causas de terrorismo cuando no haya sentencia firme. En el primer informe también se admitió la existencia de "posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que era necesario contar con mayor doctrina del Tribunal Constitucional. En este sentido, el nuevo informe recuerda esa primera decisión que se adoptó, la revalida y vuelve a insistir que existen esas dudas constitucionales de la norma, pero que deberá ser el TC quien se pronuncie. No obstante, en este caso se añaden más puntualizaciones. Entre ellas, carga contra el apartado c del artículo cuatro, donde se recoge que serán excluidos de la amnistía los "actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Los letrados consideran que esta coletilla "puede ser contraria al derecho europeo", ya que no se debería extinguir las responsabilidades en ningún caso en este tipo de delitos".

Sigue la pieza: "Además, la norma registrada por el PSOE solo menciona los delitos de terrorismo recogidos en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017. Los letrados sostienen que también se debe castigar "la complicidad, la inducción y la tentativa" establecidos en los siguientes artículos de la Directiva. En este sentido, recalcan que deben ser "castigados con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias". Por último, añaden que aunque se reconoce la posibilidad de "que las sanciones puedan reducirse, en ningún caso se prevé la extinción de la responsabilidad"".

Y a mayor abundamiento, Vozpópuli explica que "Bruselas intervendrá si el PSOE acepta las enmiendas de Junts para blindar a Pujol, Borràs y Boye". Escribe Mercedes Serraller: "Las enmiendas que Junts ha presentado a la amnistía amenazan la viabilidad de la ley pero también ponen en un aprieto al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea. De hecho, si finalmente son incorporadas a la proposición de ley, Bruselas intervendrá. Y es que estas aportaciones en solitario se dirigen a los dos asuntos que más preocupan al Ejecutivo europeo y sobre los que está vigilante: la corrupción y malversación y el lawfare. (...) Junts, además, apunta de nuevo a las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil) porque considera que puede dinamitar la amnistía. Por eso, pretende, contra lo que dicen la legislación europea y la propia Constitución, una "cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE" no pueda dejar en suspenso la aplicación de la amnistía"

Sigue el texto: "El pasado 22 de noviembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, advirtió al Ejecutivo español en el Parlamento Europeo de que fiscalizará las "enmiendas" a la amnistía y el resto de acuerdos de gobierno "que no hemos visto", en alusión al lawfare, "y elementos del Derecho criminal a nivel europeo", en referencia a la corrupción y malversación. En su intervención final en el debate en el Parlamento Europeo sobre la "amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España", Reynders lanzó un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el control político sobre los jueces o lawfare, que aunque no está de forma explícita en la proposición de ley de amnistía, sí lo está en el acuerdo con Junts, que presionará ahora por incorporarlo al texto de la norma. En suma, Reynders advirtió de que la Comisión evaluará la ley de amnistía para verificar su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea. En calidad de guardiana de los tratados europeos, llevará a cabo un análisis "independiente y objetivo" tanto del texto de la ley como de sus enmiendas".

La Constitución ya no recoge el término disminuido. Pero como el Pisuerga pasa por Valladolid, los amigos del PNV intentaron colar en el trámite que la Carta Magna recogiera el derecho de autodeterminación y suprimir el artículo 155. Grandes los de Aitor Esteban en el Congreso, siempre a la que salta. Pero no coló. "El PSOE tumba la petición del PNV de incluir la autodeterminación en la Constitución", refiere El Nacional al respecto. El texto es de Abel Degà: "El PSOE ha blindado de la mano del PP la Constitución de cualquier otra modificación que no sea la de dignificar a las personas con discapacidad. Así, los socialistas han tumbado en la Mesa del Congreso las enmiendas ajenas a esta cuestión, de forma que han enviado a la papelera la petición del PNV de incluir en la Carta Magna el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, así como la de eliminar el artículo 155. También han fulminado las dos enmiendas que ha presentado Sumar. Una de estas dos estaba impulsada por Compromís, con el fin de reconocer el derecho civil valenciano que el Tribunal Constitucional anuló del estatuto autonómico, y otra de Més con el fin de otorgar a la isla de Formentera un senador propio en vez del que comparte con Ibiza".

Continúa la pieza: "Una de las principales reivindicaciones de los jeltzales tenía que ver con el derecho a decidir. El PNV quería crear una nueva disposición adicional que fijara que "la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado". Asimismo, la formación liderada en el Congreso por Aitor Esteban quería reformar el artículo 2 de la Constitución con el objetivo de cambiar el término "nacionalidades" por "naciones" y eliminar la referencia a la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Las enmiendas de los nacionalistas vascos, sin embargo, no acababan aquí. También propusieron limitar la inviolabilidad del rey, que se suprimiera el artículo 155 de la Carta Magna, y descentralizar el poder judicial. También abogaban por eliminar la defensa de la "integridad territorial y el ordenamiento constitucional" de las funciones de las Fuerzas Armadas, ya que son dos cuestiones que, en una democracia, "se tutelan por los tribunales de justicia"".

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18 de enero, santoral: Prisca, Deicolo, Jaime Hilario Barbal, Margarita de Hungría y Volusiano.