El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado
Resaca del primer Vietnam de la legislatura
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Imponente resaca tras la convulsa sesión extraordinaria del Congreso celebrada en el Senado para debatir tres reales decretos y las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, líder de la plataforma Sumar, es la gran derrotada. Podemos se ha erigido en piedra en el zapato del Gobierno entre otras razones, según aducen en la parte socialista, por la inflexibilidad de Díaz y la inquina pública y manifiesta que muestra hacia Ione Belarra e Irene Montero. Ciertamente no ayuda el desprecio de Yolanda y los cinco diputados de Podemos son tan importantes como los siete de Junts. Los que no parecen pintar nada son los siete de ERC. Gabriel Rufián está en horas bajas y el Govern de Aragonès todavía no acaba de enterarse de lo que ha pasado. Cuidado con la letra pequeña de los acuerdos con el PSOE, alerta Teresa Jordà. ¿Qué pasa, que los pactos con ERC se escriben en versales?
El camarote de los hermanos Marx se queda corto para describir el cisco del miércoles, cuyos ecos llegan a las portadas de este viernes. "El Gobierno minimiza la cesión a Junts en política migratoria", apunta El País. "El PSOE trata de rebajar el alcance de los pactos con Puigdemont", subraya La Vanguardia. En el diario de Barcelona son Iñaki Pardo Torregrosa y Juan Carlos Merino quienes trazan la crónica sobre el día después: "Pese a la satisfacción mostrada por Pedro Sánchez –“bien está lo que bien acaba”–, en el Gobierno y el PSOE afrontan ahora con preocupación y altas dosis de incertidumbre la resaca de la votación de infarto salvada el miércoles gracias a una batería de contrapartidas pactadas con Junts en el último segundo. “Esto no se puede volver a repetir”, alertan incluso dirigentes del PSOE, que advierten que en esta legislatura no se debe “convertir cada votación en un Vietnam”, como ayer definió muy gráficamente Salvador Illa".
Líneas después advierten de que "el Gobierno se desplegó ayer para resaltar la importancia de las medidas sociales de los decretos finalmente convalidados, y para reprochar el voto contrario del PP. Y también para tratar de rebajar el alcance de los acuerdos suscritos con JxCat, o al menos matizar la interpretación que hace de ellos la formación de Puigdemont, que desde el miércoles por la noche no disimula la euforia e incluso la perplejidad por lo conseguido. (...) Sin un papel público firmado por el PSOE –haberlo, haylo, aseguran en JxCat–, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría trataron ayer de acotar el alcance de las medidas, que parecían rebajar en varios grados el entusiasmo mostrado por Junts. Así, desde el Gobierno advirtieron que la delegación de las competencias sobre inmigración se especificará en una ley orgánica que lo sustentará. En ese sentido, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, reconoció que por ahora solo hay “un acuerdo político” que antes no se había dado y que se concretará en una negociación al pormenor con los socialistas. “En la letra pequeña nos tendremos que poner de acuerdo”, concedió Turull".
Otro Vietnam es el que se está formando tanto en la Policía Nacional como en los Mossos d'Esquadra. Dos cirios por el precio de uno. "Mandos policiales denuncian que intentan echarlos de Cataluña y los Mossos rechazan controlar inmigración: 'Es una burrada'", señala El Mundo. El texto relativo a ese titular es de Gema Peñalosa y Cristina Rubio: "El comunicado de Junts donde anunciaba la intención del Gobierno central de dejar en manos de la Generalitat de Cataluña las competencias en materia de inmigración dinamitó la tarde del miércoles. La trascendencia de la medida -sin precedentes en Europa- chocaba con su falta de precisión. Ni Junts ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez explicaron la nueva estructura. No se detallaba qué implicaría la transferencia ni a quién afectaría la futura ley orgánica. La consejería de Interior del Gobierno catalán tampoco conocía la profundidad de la medida más allá del titular. Pese a todo, la noticia penetró con fuerza en la Policía Nacional y generó un malestar mayúsculo. Dos días después, la inquietud de una transferencia que no podrá estar fuera de la normativa europea se ha extendido también a los Mossos d' Esquadra ya que serán ellos quienes se encarguen de estas funciones. Un amplio sector de la Policía Nacional no tardó en interpretar la noticia como «otra prueba más» de la intención de «sacar» al Cuerpo de Cataluña. Los Mossos no se pronunciaron. Sin embargo, hay una profunda desazón tal como plasma uno de los mandos consultados por este periódico. «Es una burrada. Es inasumible ni ahora ni dentro de un año», zanja. El agente se queja también de la falta de planificación y destaca la falta de personal en la policía autonómica catalana".
Portada de 'La Vanguardia' del 12 de enero
Sigue la pieza: "«Destinar agentes que no tenemos a algo que se cubre, y muy bien, por la Policía Nacional, no tiene ninguna funcionalidad», reflexiona. Entiende que la decisión que Junts anunciaba y que cristalizará en una ley orgánica es, señala, «meternos en una aventura por el capricho de alguien. Una cacicada por sorpresa y sin ninguna justificación». En la práctica, la posible transferencia de competencias en materia de inmigración se traducirá en la pérdida de capacidad por parte de la Policía Nacional y un trabajo añadido a los Mossos. Por ejemplo, serán los agentes de la policía autonómica quienes tengan que hacerse cargo de la gestión de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Serían los Mossos quienes asumirían la vigilancia en los recintos, las gestiones administrativas anteriores a la expulsión de todo migrante en territorio catalán sin sus papeles en regla, el control de las bases de datos, las gestiones con los tribunales una vez en proceso de expulsión o los vuelos de repatriación. Esta sobrecarga de trabajo preocupa al cuerpo policial catalán. «No tenemos efectivos. Somos 17.000 y tenemos que hacernos cargo de la seguridad ciudadana que, en Cataluña, es la que es. Si ahora nos ponen a controlar la inmigración, no daremos abasto», destaca el mando autonómico. En la actualidad, si los Mossos interceptan a personas que están en situación irregular, practican la detención y se la entregan a los agentes de Policía Nacional. «Ellos son los que saben lo que tienen que hacer, saben los pasos a seguir. Nosotros nos desentendemos. Ahora todo será nuevo», insiste".
Los acuerdos entre el PSOE y Junts no son precisamente coser y cantar. Se pelea cada coma como si fuera la última, pero según dicen el roce hace el cariño y las partes ya quedan incluso para cenar. "Una cena en la Moncloa con Junts la víspera del debate de los decretos dejó abierta la negociación", apunta El Nacional. "Bolaños, Montero y Cerdán negociaron la noche anterior al pleno con Turull, Nogueras y Batet", abunda el sumario. La exclusiva es de Marta Lasalas, quien escribe que "el miércoles de infarto que vivió el PSOE con el debate de los tres decretos del gobierno de Pedro Sánchez tuvo una previa la víspera con una cena entre los negociadores de las dos partes en la Moncloa, según ha podido saber ElNacional.cat. Después de días asegurando que Junts votaría en contra de los decretos, el encuentro entre los representantes socialistas y los de Junts tampoco consiguió cambiar el sentido del voto, sin embargo, tal como demuestra el resultado final, sí consiguió abrir una vía para el giro argumental de último momento. En nombre del PSOE participaron en la cena la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de organización socialista y principal interlocutor con Junts, Santos Cerdán. En nombre de Junts estaban el secretario general, Jordi Turull, la presidenta del grupo parlamentario, Míriam Nogueras, y el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet".
Continúa la nota: "Santos Cerdán, que después de semanas de negociaciones ha conseguido crear un clima de confianza con Junts, aparecía como una rótula que tenía que facilitar las conversaciones para superar la cortina de desconfianza que han levantado otros representantes del gobierno de Sánchez. "A veces encuentras interlocutores con quien puedes hablar de forma honesta e ir al grano", aseguraba públicamente este jueves Jordi Turull en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha atribuido al secretario de organización socialista el mérito de conseguir finalmente un acuerdo".
Los medios madrileños están en modo alerta. "Inmigración, diplomacia y Hacienda: Puigdemont busca las “estructuras de Estado” para Cataluña", señala un titular de Vozpópuli. Escribe Jorge Sainz: ""No lo dirán, pero han regresado al inicio del procés; a las estructuras de Estado para Cataluña que pedía Artur Mas". Así resume un veterano de la política catalana las últimas competencias rendidas por el Gobierno a los partidos separatistas en Cataluña. Y en concreto la de inmigración. "La diferencia es que en 2012 actuaron de forma unilateral hasta el choque del 1-O y ahora las cesiones se obtienen con la legitimidad de hacerlo a cambio de la gobernabilidad de España", añade. Pedro Sánchez ha entregado las competencias de inmigración a Cataluña a cambio de salvar la primera gran votación de la legislatura. El Gobierno dice que entregará estas políticas a través de una ley orgánica. Además, se ha comprometido a incentivar el regreso de las empresas a Cataluña que salieron a miles durante el procés y a publicar las balanzas fiscales de las comunidades, paso previo a la negociación de un cupo catalán".
Portada de 'El País' del 12 de enero
Sigue la pieza: "El separatismo está haciendo valer el peso de sus diputados. Y no sólo para los indultos y ahora para la amnistía para Puigdemont y centenares de condenados y procesados del independentismo por delitos que van desde la malversación al terrorismo. Inmigración, política exterior y ciertos aspectos de gestión económica tienen en común que son materias de política de Estado, reservadas por tanto al Gobierno. El objetivo del independentismo es hacerse con la gestión de estas competencias para que, después, sea más fácil la "desconexión". El control de la inmigración, que puede incluir nuevas funciones de seguridad para su Policía autonómica, y la Hacienda propia son parte de esas "estructuras de Estado" de las que quiere dotarse para celebrar un referéndum de independencia. El objetivo, en esta ocasión, es que se lo entregue Sánchez y no tengan que llevar la situación al límite como en 2017. Lo más llamativo, según fuentes de la oposición en el Parlament de Cataluña, es que todo esto lo está consiguiendo con mucho menor apoyo electoral que en aquellos años. "Hay que recordar que los resultados de Junts y ERC en las generales del 23-J fueron muy malos", dicen estas fuentes. A todo este carro obtenido en la negociación contrarreloj de los decretos, se une el crecimiento imparable de su acción exterior. La multiplicación de sus delegaciones por el mundo -más del doble que antes del 1-O- y la creación de una especie de cuerpo diplomático busca asegurar la pata internacional de la independencia, donde cosecharon muchos reveses en su intentona separatista anterior".
La delegación o traspaso (hay dudas sobre el término a emplear) de las competencias de inmigración suscita singulares análisis. Por ejemplo, en El Diario se avisa de que "Junts agita la bandera de la inmigración en pleno ascenso de los partidos xenófobos". El texto es de Arturo Puente: "Junts lleva meses soplando fuerte en el silbato silencioso de la inmigración. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, reivindica en cada una de sus apariciones el derecho de Catalunya a tener las competencias en extranjería, una medida que este miércoles acabaron pactando con el PSOE a cambio de que los independentistas levantaran el veto a los decretos anticrisis. El discurso de la portavoz es cuidadoso para evitar cualquier referencia polémica y para alejarse lo máximo posible de los clásicos de la extrema derecha, que sí pueden escucharse en el hemiciclo, por ejemplo cuando habla Vox. Pero es evidente que la intención de Junts es enviar un mensaje muy claro a su electorado: la inmigración nos importa, estamos encima del tema y, si fuese por nosotros, las cosas serían diferentes. Si estás en la misma frecuencia que quien sopla el silbato, puedes entender más cosas de las que se dicen. La razón de esta preocupación tiene nombre y apellidos: Silvia Orriols. La alcaldesa de Ripoll representa a una formación independentista xenófoba que hoy es residual pero que, como otras opciones racistas tanto catalanistas como españolistas, ganó terreno en las últimas municipales y aún aspira a avanzar más en las próximas autonómicas. Lo que ocurre en la derecha catalana es lo que ya ha ocurrido en la mayor parte de las derechas europeas. En Europa, el electorado conservador desencantado por las opciones tradicionales ha acabado desgajándose y buscando ofertas más duras en la extrema derecha. El caso paradigmático es Vox, que en el Parlament entró en 2021 pasando por delante del PP y Ciudadanos".
12 de enero, santoral: Arcadio, Antonio María Pucci, Benito Biscop, Bernardo de Corileone, Cesárea, Elredo, Ferreol, Margarita Bourgeoys, Martín de la Santa Cruz, Eutropio Tigrio y Victoriano.
