Malas noticias demoscópicas para Pedro Sánchez. A la ciudadanía en general (en torno al 60%) no le convencen ni la amnistía ni los argumentos para concederla. Las encuestas no acostumbran a ser propicias a los socialistas, acostumbrados en los últimos tiempos a remar contra corriente de las consideraciones de la opinión pública. De ahí que esa clase de datos sociológicos tengan un impacto relativo en la acción de Gobierno.

El sondeo sale en El País con este título: "Un 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y supone un privilegio". En el sumario se resume que "La medida de gracia solo tiene apoyo en Cataluña y Euskadi, y entre los votantes nacionalistas y de Sumar". Analiza los datos Xosé Hermida: "El rechazo popular a la futura amnistía no ofrece dudas, según el barómetro de diciembre de 40dB. para El País y la Cadena SER. En el campo político, el perdón a los encausados por el procés independentista catalán solo encuentra comprensión entre los votantes de Sumar y de las formaciones nacionalistas. Y por territorios, únicamente en Cataluña y el País Vasco. En el conjunto de España, casi el 60% considera que la futura ley es injusta y supone un privilegio.

Portada de 'El País' de 4 de diciembre de 2023 kiosko.net

Ninguno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno en su favor obtiene la aprobación de la ciudadanía. El sondeo viene a confirmar el importante eco ciudadano que han encontrado las movilizaciones impulsadas por la derecha contra la amnistía. A la oposición casi sin fisuras a la iniciativa entre los electorados del PP y de Vox, se unen la división y los sentimientos encontrados que despierta entre los votantes socialistas".

Continúa la pieza: "El trabajo de 40dB. pidió a sus 2.000 entrevistados que opinasen sobre cuatro connotaciones atribuidas a la medida de gracia, dos por sus detractores -injusticia y privilegio- y otras dos -convivencia e integración- por sus partidarios. El balance de las respuestas resulta claro. El 59,4% se mostró de acuerdo con la etiqueta de “privilegio” frente al 33,4% que la rechazó, unas cifras casi idénticas a las registradas en el campo de “injusticia”. Sobre las características positivas, los resultados fueron a la inversa en el caso de la “integración” y un poco más matizados en el de “convivencia” (55,2% en contra y 38% a favor)".

Y: "Las percepciones ciudadanas sobre los motivos que han animado al perdón a los independentistas tampoco resultan muy amables con el Gobierno. Un abrumador 85% opina que la razón principal ha sido poder gobernar, mientras que los argumentos que ofrece el Ejecutivo de que su propósito es mejorar la convivencia en Cataluña y la de esta con el resto del país convencen apenas al 38% y los desdeñan un 55%. El dato que puede revelar mayor complacencia hacia el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas es que más del 70% concuerda en que otro de sus objetivos ha sido impedir la llegada al Gobierno de la extrema derecha".

El Mundo continúa con sus entregas sobre los entresijos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat). En la de hoy, Esteban Urreiztieta da cuenta de la discusión relativa a los delitos del Tsunami Democràtic y los CDR de la operación Judas. "El PSOE aceptó incluir el terrorismo en la amnistía a última hora y tras advertir a Junts: 'Europa nos lo puede tumbar'", se titula la pieza, que arranca así: "El PSOE se resistió hasta el último momento a aceptar que la Ley de Amnistía abarcara delitos de terrorismo al advertir al equipo negociador de Carles Puigdemont en reiteradas ocasiones que tendrían «problemas» con la Justicia de la Unión Europea. «Europa pondrá problemas y nos lo puede tumbar», alertaron en las conversaciones. La redacción del artículo segundo de la proposición de ley hizo encallar la negociación hasta pocas horas antes de su firma el pasado 13 de noviembre al no mediar un consenso entre las partes. Y la situación continúa. No en vano, en estos momentos ambas formaciones estudian modificar su redacción en el trámite de enmienda al no estar conformes los expertos jurídicos que han asesorados a las dos formaciones, que dudan de su constitucionalidad. Sin embargo, ambas partes acordaron cerrar el acuerdo tal y como estaba redactado en la última versión (se llegaron a elaborar exactamente 18 modificaciones a lo largo de dos meses) para no dilatar más el proceso. En este punto el PSOE fue quien presionó para poner punto y final al texto frente a los independentistas, que proponían debatir esta cuestión durante al menos una semana más".

El artículo segundo, apartado c, de la proposición de ley dice lo siguiente: Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017.

Urreiztieta continúa así el texto: "Según ha podido saber El Mundo a través de varias fuentes participantes en las negociaciones, Junts derribó la oposición inicial de los socialistas a incorporar este delito e impuso finalmente su posición de que la línea roja dejara fuera sólo casos con sentencia firme. Los socialistas pasaron del rechazo frontal al intento de que el límite se estableciera en la intencionalidad de los investigados vinculada a ocasionar daños. En casos vinculados con el procés, no existe todavía ninguna sentencia firme, por lo que quedarían automáticamente exonerados los implicados en las causas de los CDR y de Tsunami, en las que se encuentran involucrados Marta Rovira y el propio Carles Puigdemont, consumándose así el objetivo final de los independentistas. El PSOE acabó cediendo progresivamente ante las exigencias de Junts al comprobar que no se mostraban dispuestos a ceder bajo amenaza de romper las conversaciones. Llegando de esta forma a aceptarlas prácticamente por completo. Según aseguran las mismas fuentes a este periódico, los socialistas remitieron a los independentistas su primera propuesta de la Ley de Amnistía el pasado 20 de septiembre por correo electrónico. Fue un documento en el que se aceptaba amnistiar a los implicados en el referéndum ilegal del uno de octubre y se circunscribía a esa jornada y a los preparativos previos. Esto es, ninguna actuación posterior llevada a cabo por sus promotores quedaba amparada por la nueva ley. De tal forma que quedaban excluidos por completo los grupos violentos que organizaron actos vandálicos en las jornadas posteriores y, por supuesto, los denominados CDR, que llegaron a planear atentados con explosivos. Era lo que en el seno de Junts tildaron ya entonces y lo verbalizaron posteriormente, como una «amnistía para vips». Mientras que su intención pasaba, como recalcó Jordi Turull más tarde, en «no dejar a ningún soldado atrás»".

Portada de 'El Mundo' de 4 de diciembre de 2023 kiosko.net

Junts también trató de introducir el controvertido término lawfare en el texto legal. A este respecto, resultan singulares estas líneas de la información de El Mundo: "En el marco de esta intención, el propio Puigdemont llegó a recibir en Waterloo a Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente catalán, con quien almorzó para analizar la posibilidad de que sumarios como el que investiga la fortuna oculta de la familia en Andorra pudieran incorporarse al texto legal. Varias fuentes consultadas próximas al encuentro coinciden en que analizaron la redacción de un párrafo concreto que pudiera dar cabida a este sumario".

Pues eso, los Pujol en Waterloo preguntado qué hay de lo suyo.

Hoy se tramitan en el Congreso las comisiones parlamentarias de la legislatura y entre ellas consta la que debe investigar el espionaje con Pegasus a dirigentes independentistas. "El juez pide al Gobierno desclasificar los documentos del espionaje con Pegasus a Aragonès", apunta al respecto El Diario. El texto es de Oriol Solé Altimira: "El caso Pegasus sigue persiguiendo al Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ya ha recibido la petición del juez de Barcelona que investiga la infiltración con el software maligno en el teléfono del president de la Generalitat, Pere Aragonès, para que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) proporcione toda la información y los documentos relacionados con el espionaje. Según la documentación que ha podido consultar elDiario.es, el pasado 13 de noviembre la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado Santiago García al Consejo de Ministros para solicitar, tal y como manda la ley, la desclasificación de información reservada o secreta del CNI. De la respuesta que dé el Gobierno a la solicitud del juez depende en buena medida la declaración como investigada, fijada para el próximo 13 de diciembre, de la exdirectora del CNI Paz Esteban. Se trata del primer cargo gubernamental imputado por el caso Pegasus en un proceso que supone la excepción a la vía muerta en la que están el resto de denuncias de independentistas por el espionaje".

Portada de 'El Diario' de 4 de diciembre de 2023

Líneas después, Solé Altimira escribe que "se trata de la segunda petición de desclasificación de documentos que uno de los jueces de instrucción de Barcelona que investigan el caso realiza al Consejo de Ministros. La primera se topó con la negativa del Ejecutivo a retirar el secreto a la información. El Gobierno negó que los denunciantes de ese caso, los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, hubieran sido espiados, por lo que rehusó desclasificar documentación sobre la compra del software maligno israelí. El Ejecutivo no puede emplear el mismo alegato para rechazar aportar la información en el caso de Aragonès, ya que el president fue uno de los 18 independentistas a los que el propio CNI, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, reconoció haber espiado, siempre con el aval del juez de control del centro del Tribunal Supremo. En su suplicatorio, al que ha accedido elDiario.es, el magistrado recuerda que el teléfono de Aragonès habría sido infectado por SMS los días 4,5 y 13 de enero de 2020, cuando el ahora jefe del Govern era vicepresidente de la Generalitat, tal y como avala el informe forense realizado por el laboratorio canadiense Citizen Lab".

Ecos de la primera reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra. "Puigdemont lamenta el duelo entre 'el orgullo y la humillación' de la política española", advierte La Vanguardia. En el texto, con la firma del medio, se explica que "el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha lamentado este domingo que la política española exista un duelo entre "el orgullo y la humillación" y ha cargado contra quienes se oponen al acuerdo entre Junts, formación que dirige, y el PSOE por la investidura. "El pacto no tiene el prestigio social que tiene la testosterona de quienes prometen derramar la sangre para salvar a la patria", ha escrito en un mensaje publicado en la plataforma X. El político catalán, exiliado en Bruselas por organizar el referéndum de independencia de Catalunya en el 2017, ha observado que quienes se oponen a los acuerdos alcanzados para la investidura, que incluyen la amnistía de los condenados por el procés, que son personas que "asocian pactar con el adversario, el el enemigo, con un acto de debilidad, o de cobardía, o de traición"".

Portada de 'La Vanguardia' de 4 de diciembre de 2023

Y: "Asimismo, Puigdemont también ha hecho una referencia velada a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de obligar al gobierno español a explicar la reunión que mantuvieron ayer el PSOE y Junts en Suiza. "Nunca les vi nada preocupados por el honor de España cada vez que su anterior jefe de Estado iba a Suiza, y mira que tuvieron oportunidades de decir algo, de perseguirle a ver con quién se reunía, de la que hablaban y de exigir transparencia", ha escrito".

Muy acertado Puigdemont. Es notorio, por ejemplo, que en la fase final del Procés no hubo testosterona por parte del independentismo. Ni orgullo cuando se preparaban los indultos y personalidades como Jordi Turull o los Jordis (no confundir con los Javis) decían que no lo querían, que lo rechazaban y que ni un pas enrere. En cambio, en España ya se sabe... Los dídimos y la honra. Pero en Cataluña, nunca, que quede claro.

4 de diciembre, santoral: Ada, Bárbara de Nicomedia, Juan Damasceno, Annon de Colonia, Apro, Bernardo cardenal, Bertoaria, Félix obispo, Herecles, Juan Calabria, Juan taumaturgo, Marutas, Melecio, Osmundo, Sigiramnio y Sola.

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