El 'procés', en Europa y menos agua y más cara

La política vuelve poco a poco a sus derroteros habituales, la brega parlamentaria y mediática. Siguen las concentraciones en los aledaños de la sede del PSOE en Madrid, pero sin la tensión y la violencia de los primeros días, cuando el pacto entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) estaba fresco. La intención es que Ferraz se convierta en la nueva Meridiana, punto de protesta permanente. Ayer arrancó el trámite parlamentario de la ley de amnistía en coincidencia con dos sustantivas decisiones judiciales, el traslado del expediente del Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Carles Puigdemont y el anuncio de la fecha de inicio del juicio a los llamados "arquitectos" del referéndum en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Será el 10 de abril, cuando, en teoría, la ley de amnistía estará a las puertas de su aprobación.

Hay más. Junts desmiente que Pere Aragonès les haya ofrecido participar en la mesa de gobiernos. Continúa la guerra entre ERC y el partido de Puigdemont, lo cual es otro signo de normalidad. La pugna entre ambos partidos complica las relaciones con el Gobierno, pero forma parte del paisaje catalán de mismo modo que los campanarios de las iglesias de los pantanos, que afloran ante la falta de lluvias y la persistencia de una política hídrica de la Generalitat cuyo principal eje de acción es mirar al cielo y confiar en que los ciudadanos beban vino y se duchen lo menos posible. El consejero de Cambio Climático, Agricultura y demás, David Mascort, compareció ayer para decir que estamos ante una emergencia. Es más, una emergencia "nacional". Y, claro, todo lo que sea nacional en Cataluña son palabras mayores. Todos más tranquilos.

El procés se ha trasladado a Madrid y ahora los partidos quieren llevarlo a Europa. Se van a enterar los burócratas bruselenses. "Toda la presión sobre los socialistas en Europa en el debate sobre los pactos de Sánchez y la amnistía", avisa El Mundo. La nota viene con la firma de María G. Zonorza: "El proyecto de Ley de Amnistía y su impacto sobre el Estado de Derecho llega al corazón de Europa entre gran expectación. El Pleno de Estrasburgo celebra este miércoles el debate «Amenazas al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España» con posiciones enconadas. En la Conferencia de Presidentes fue aprobado por todos los grupos salvo Socialdemócratas, Verdes y la Izquierda. «Los socialistas europeos tienen la oportunidad de demostrar que la defensa de los valores europeos está por encima de su ideología y de sus intereses partidistas y personales», apela Dolors Montserrat, líder del PP en Europa".

Sigue Zonorza: "La presión se traslada a la socialdemocracia europea. La víspera del debate confirmó la disputa. La delegación de Ciudadanos, comandada por Adrián Vázquez, envió una carta a todos los eurodiputados socialistas: «Alcen la voz y usen su influencia para defender el Estado de Derecho y los valores de la UE como hemos hecho juntos en Hungría y Polonia». Y reseña: «Muchos nos preguntan, de buena fe, qué pasa en España. No entienden cómo tienen que llamar socio a quien llamaban fugado. Ni que sus socios españoles le vendan la impunidad por 7 votos». Los socialdemócratas, liderados por la española Iratxe García Pérez, se defienden. «El grupo S&D no tiene ninguna tensión interna. A los que veo muy tensionados es al PP Europeo y al PP. Cuando uno come, a veces la digestión se hace más rápida y otras, más pesada. Y esto le está pasando al PP, que no digiere los resultados del 23-J», reaccionó García Pérez. La líder socialdemócrata censuró a Carles Puigdemont como eurodiputado, pero cambió de estrategia con las negociaciones de investidura. Incluso posó en esa foto histórica de Santos Cerdán con el ex president".

Y: "Si la estrategia del PP en Bruselas ha sido europeizar el pacto de Gobierno, la del PSOE ha sido la contraria: trasladar a las instituciones comunitarias que se trata de un asunto interno que es compatible con los valores y la legislación de la UE. «El debate no es para cuestionar la legitimidad del Gobierno de Sánchez, que ha recibido el apoyo del Congreso. El objetivo es hacer sonar la alarma para que la Comisión vigile de cerca lo que está haciendo y lo que va a hacer Sánchez. Y para que la Comisión esté lista para actuar», aseguraba Montserrat en rueda de prensa desde Estrasburgo este martes. Para el PP hay tres líneas rojas que deberían hacer reaccionar a la Comisión: el proyecto de ley de amnistía «que borra los delitos de una década incluyendo el desvío de fondos», la introducción del concepto de lawfare y que el ministro de Presidencia compatibilice su cargo con ministro de Justicia. «Se empieza a desdibujar una línea de separación de poderes», denuncian".

En el interior, o sea aquí, destaca el plano judicial. "El juez García-Castellón envía la causa de Tsunami al Supremo para que investigue a Puigdemont y Rovira", apunta El Nacional. La pieza es de Vicenç Pagès: "El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pasado la pelota y ha elevado al Tribunal Supremo la investigación por delito de terrorismo de la causa de Tsunami Democràtic, que incluye al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. La causa también incluye a otros 10 represaliados, entre ellos el secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg. Por eso, Castellón argumenta que la investigación de esta causa pertenece al Tribunal Supremo y es que el alto tribunal fija que los eurodiputados, como el mismo Puigdemont, son aforados de su competencia, así como los diputados del Parlamento de Catalunya, como Ruben Wagensberg. Es por eso que el magistrado señala que para aclarar los hechos tiene que hacer ciertas indagaciones que no puede practicar, porque Puigdemont y Wagensberg son aforados".

Y: "El escrito asegura que Puigdemont se situaría al vértice de la organización del Tsunami y añade que su posición como expresidente y líder desde Bélgica del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable". Además, el escrito también explica que en este momento procesal la calificación no se puede plantear en términos excluyentes, sino que, la gravedad de los hechos y su complejidad, permiten subsumirlos en varias infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea".

En el TSJC se dirimirá el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó con el comienzo de la primavera. Así lo cuenta Elena Burés en el Abc: "Ya hay fecha para el juicio contra los arquitectos del procés. Josep Maria Jové y Lluís Salvadó tendrán que sentarse en el banquillo el próximo 10 de abril, acusados de malversación y prevaricación por el 1-O. Ambos, ex altos cargos del Govern, fueron detenidos en el marco de la operación Anubis, para tratar de impedir el referéndum ilegal en Cataluña, en septiembre de 2017. El primero ejercía entonces como número dos de Oriol Junqueras, mientras que el segundo era secretario de Hacienda. Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la vista oral comenzará con las cuestiones previas y el interrogatorio de los acusados, en caso de que sus defensas no soliciten aplazarlas para la última sesión, como suele ser habitual. La previsión es que el juicio se alargue durante 21 días, en los que declararán también testigos, se expondrán periciales e informes".

Y: "Fue el pasado noviembre, cuando la Sala Civil y Penal acordó la apertura de juicio a Jové y Salvadó, y también a la actual consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; en su caso, por desobediencia, ya que en 2017 ejercía como directora de Servicios de Vicepresidencia. Primero fue la reforma del Código Penal la que retrasó el señalamiento, ya que, tal y como indicó el fiscal Pedro Ariche, la modificación del delito de malversación, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, podía tener «incidencia relevante en la formulación específica» de la acusación, así como en la eventual condena".

Las claves de este caso residen en la documentación incautada por la Guardia Civil en los registros de 20 de septiembre de 2017, la famosa libreta Moleskine de Jové, en la que constaban los pasos a seguir para la organización del referéndum y la posterior proclamación de la república, y el centenar de proyectos de ley y decretos que se habían preparado en el departamento de Oriol Junqueras para el día después que nunca llegó. A causa de la malversación, se piden penas de cárcel. La previsión es que tanto el caso del Tsunami Democràtic como el del Jové y Salvadó queden en agua de borrajas.

La evidencia más palmaria de la reducción del ardor político es que el principal problema para más de cinco millones de catalanes va a ser en breve que salga agua del grifo. Poca broma. "El Govern elude responsabilidades ante la sequía y endurece las restricciones: "No podemos hacer que llueva"", avisa Crónica Global. El texto es de Verónica Gómez: "Cataluña atraviesa una crítica situación de sequía. Por eso, la Conselleria de Acción Climática de la Generalitat ha anunciado un endurecimiento en las restricciones del consumo de agua que afectará a unos seis millones de personas del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona. La comunidad entra en una nueva fase de preemergencia. Así lo ha anunciado este martes el conseller de este Departamento, David Mascort, que ha sacado pecho de la gestión del Govern y no ha hecho autocrítica. "Se han hecho muchas cosas bien", ha manifestado en la rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en la que ha tratado de eludir responsabilidades. "La situación es crítica, pero no tenemos forma de hacer que llueva", ha espetado".

Sigue el texto: "Ante la gravedad de la situación, con una escasez de lluvias que se prolonga desde hace 36 meses y las cuencas internas en un 19% de su capacidad, el consumo diario de agua por habitante se verá reducido a partir de ahora de 230 a 210 litros, incluyendo actividades económicas y comerciales. La nueva fase de preemergencia, que será decretada formalmente por la Agencia Catalana del Agua (ACA) el próximo jueves, es considerada un estadio intermedio previo a la emergencia, la cual se alcanzaría si las reservas de agua caen al 16%. Durante el estado de preemergencia se prohíbe el riego de césped excepto en superficies para la práctica federada de deportes, donde se puede mantener "sin superar la dotación máxima de 200 metros cúbicos por hectárea al mes". Por otra parte, ha explicado Mascort, se mantiene la prohibición de limpiar calles, cloacas, pavimentos o fachadas con agua potable y el lavado de vehículos en zonas particulares, limitando esta actividad a establecimientos comerciales dedicados a ella que cuenten con sistema de recirculación de agua".

Como el agua es un bien escaso, la primera consecuencia es que va a ser más cara.

"Barcelona y su área metropolitana ultiman una subida del recibo del agua. El Área Metropolitana de Barcelona actualizará las tarifas del agua potable, que solo han subido una vez en los últimos siete años", apunta al hilo El País. Escriben Dani Cordero y Josep Catà Figuls: "Los efectos de la sequía no se notarán solo en las restricciones que ha aprobado este martes el Govern al activar la fase de preemergencia, sino que previsiblemente llegarán a los bolsillos de una parte de los catalanes. Según apuntan fuentes conocedoras de la negociación, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ultima una actualización de las tarifas del agua potable que se traducirá en una una subida importante, de doble dígito, en los recibos en la capital catalana y otros 22 municipios de la zona a los que abastece Aigües de Barcelona. A la espera de más detalles este miércoles y de la aprobación definitiva en el pleno de la semana que viene, se trataría del mayor incremento en al menos una década y de la segunda vez que se sube el agua en siete años. El coste final para el ciudadano, apuntan las mismas fuentes, será de unos 2,5 euros al mes por unidad familiar. La entidad supramunicipal, que regula los precios del agua, autorizará la actualización después de que el mes pasado la Generalitat diese el visto bueno para que Aigües Ter Llobregat (ATLL), que actúa como mayorista del agua, subiese sus tarifas un 33%, empujada por el aumento de costes derivado de los precios de la energía y de la presión por la sequía".

Y: "El ciclo del agua es también un ciclo de empresas y precios. La empresa pública ATLL es la encargada de captar el agua en las cabeceras de los ríos y los embalses, potabilizarla y trasladarla a los depósitos municipales, desde donde la distribuyen a los hogares otras empresas, como Aigües de Barcelona. Si sube el precio del mayorista, también sube el precio al cliente final, y eso es lo que ha ocurrido: ATLL no subía las tarifas desde 2017, y argumenta su incremento del 33% por la inflación, especialmente por el incremento de los costes energéticos, y por la necesidad de poner en funcionamiento al máximo de su potencia las desalinizadoras de El Prat y Tordera, infraestructuras vitales en el contexto actual de sequía. ATLL es una empresa pública que se privatizó a finales de 2012, pero en 2019 la Generalitat recuperó la titularidad de la compañía después de que la justicia anulara la privatización".

Más malas noticias. "Caída masiva del 112, el 061 y el 012, los diales de emergencia de la Generalitat", titula también Crónica Global. En el sumario se avisa de que "La incidencia ha afectado a otras comunidades y no se ha resuelto totalmente hasta pasadas las ocho y media de la tarde". Informa Aleix Mercader: "La Generalitat de Cataluña ha registrado esta mañana (por el martes) una caída masiva de sus diales de emergencias. La incidencia, que ha afectado de forma generalizada a los teléfonos 112, 012 y 061, no se ha resuelto de forma completa hasta cerca de las ocho y media de la tarde. (...) Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, la incidencia no solo ha golpeado a Cataluña, sino también a otras autonomías como Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana. (...) Además, la portavoz ha hecho un llamamiento a utilizar el 112 y 061 "solo en casos de urgencia". Y pide que, quien tenga problemas con el 061, llame a su ambulatorio de referencia".

Gran consejo de la portavoz, que los teléfonos de urgencias se usen para las urgencias. Se conoce que hay gente que llama para consultar la cartelera.

Ecos de sociedad. "Pau Molins, el abogado de Shakira: 'Si se hubiea enamorado de Sergio Ramos y no de Piqué le hubiera salido mucho más barato'", titula La Vanguardia. Molins fue entrevistado ayer en el programa de Jordi Basté en RAC1 y se quejó amargamente de las diferencias territoriales en España en materia de fiscalidad. Del texto que firma Abel Cuartero Escartín: "El pasado lunes, la de Barranquilla acudió a la Audiencia de Barcelona para hacer frente al juicio que tenía con Hacienda tras haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Unos hechos que ella misma acabó aceptando con un simple "sí". Tras esto, la cantante ha firmado un acuerdo, en el que acepta pagar 7,3 millones de euros, y así eludir los tres años de prisión que le condenan. (...) Pero ahora ha sido su abogado el que ha querido ofrecer unas palabras para el programa El món a RAC1 y sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

"El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos y no de Piqué le hubiera salido mucho más barato", ha dejado claro Pau Molins, uno de los letrados que propiciaron el acuerdo del lunes. El abogado ha asegurado, entre otras cosas, que si la cantante no hubiese residido en Catalunya se habría ahorrado tres de los seis delitos que se le acusa, dejando claro que no hubiese pasado en otra comunidad: "Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... Si eres residente en Catalunya puedes ir a prisión por un delito que es imposible que pase lo mismo en Madrid, porque no hay impuesto de patrimonio"".

22 de noviembre, santoral: Cecilia de Roma, Ananías, Apfías, Apia, Benigno de Milán, Filemón, Mauro mártir, Miguel de Tver, Pedro Esqueda Ramírez, Pragmacio y Rogerio monje.