De aquellos vientos, estos lodos. El "urbanismo" de Ada Colau ha sido tumbado por la justicia. El legado de la exalcaldesa se funde en los tribunales. Esa manera de gobernar a golpe de decreto no es propia de sociedades reguladas y en la que los administrados tienen derecho a recurrir a los jueces. Gobernar a golpe de dídimos y mensajitos en las redes sociales no es legal. La burocracia es lo que tiene. De ahí que para gobernar se requiera la observancia de los reglamentos, normas y leyes y gente capacitada para entender la letra pequeña, las implicaciones jurídicas de los actos políticos y el sentido de los consensos. Claro que esto es Cataluña y desde mediados de la década pasada las leyes no están de moda entre algunos políticos y si sirven para algo es para que los antedichos se las pasen por debajo del arco del triunfo.
En ese contexto es normal que la exalcaldesa esté desolada. Le han tumbado su gran obra magna, la peatonalización de la calle Consell de Cent entre Vilamarí y el paseo de Sant Joan, casi tres kilómetros de vía pública que el equipo de gobierno de los comunes decidió levantar a mayor gloria de las ideas urbanísticas de la izquierda climática. Y claro, ¿quién podía prever que en un sitio donde un parlamento autonómico derogó la Constitución y proclamó una república se iban a poner pegas a unas obras municipales?
Pues resulta que hasta los comerciantes tienen derechos y que hay jueces que se encargan de velar por dichos derechos. Total, que una magistrada ha anulado la resolución de peatonalizar la calle Consell de Cent por pelotas y el problema que se nos viene es colosal. Como la memoria es frágil, las bondades del eje peatonal han hecho olvidar los meses de pesadilla de los vecinos del Eixample, aquel hedor insoportable porque los camiones de la basura no podían hacer la recogida, las trincheras y la maquinaria pesada, el ruido ensordecedor de los trabajos, las chapuzas y la premura para que aquello pareciera una calle justo a tiempo de la campaña electoral de las municipales.
"Golpe de la Justicia a las 'superillas': obliga a desmantelar la peatonalización de Consell de Cent", apunta Metrópoli Abierta respecto a la resolución. Y añade en el sumario que "La sentencia insta al Ayuntamiento de Barcelona a "retornar las actuaciones en el estado en que se encontraban con anterioridad a su aprobación" dado que las obras suponen una modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona". Otro éxito de Colau y sentido del poder. El texto es de Rubén Pacheco: "El eje verde de la calle de Consell de Cent podría tener los días contados. La magistrada del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Barcelona ha estimado un recurso interpuesto por la asociación Barcelona Oberta y ha fallado favorablemente a revertir la pacificación de esta calle barcelonesa, enmarcada en la superilla del Eixample. La Justicia ha dado la razón a la unión de comerciantes, que presentaron un recurso contra esta transformación al considerar que se ha realizado una "modificación encubierta del Plan General Metropolitano" (PGM), ya que esta calle se ha convertido en un "vial libre". El fallo "condena a la administración a retornar las actuaciones al estado en que se encontraban con anterioridad a su aprobación"".
Sigue la crónica: "En su sentencia, la jueza señala que la parte demandante se escuda en que el consistorio llevó a cabo la aprobación de proyectos ejecutivos de obras ordinarias, cuando realmente se trató de una "modificación encubierta del Plan General Metropolitano" (PGM). En cambio, el Ayuntamiento de Barcelona argumentó que la transformación es un proyecto de obras ordinario para convertir Consell de Cent en una vía urbana de prioridad invertida con plataforma única, y ampara en sus competencia en materia de medio ambiente y movilidad. El consistorio alegó que es innecesaria la modificación del planteamiento porque las obras no modifican el régimen jurídico del suelo, ni la funcionalidad de la calle. Sin embargo, la resolución sobre este aspecto es clara: "Manifestación totalmente errónea ya que pasamos de una calle que cumplía la función que le venía atribuida de red viaria local a una calle, como los mismos informes sostienen y el documento que la sustenta, pensado principalmente para peatones". La magistrada recuerda que el PGM tiene como función calificar el suelo para darle los mismos usos, que "se deben respetar por las diferentes administraciones". Ha reconocido que, "hoy en día, movilidad, urbanismo y medioambiente deben ir de la mano", pero que "esta premisa no implica que se modifiquen las previsiones de un planteamiento mediante un proyecto de obras ordinario"".
De modo que en esta ciudad donde para cambiar las baldosas de casa exigen no sólo un permiso municipal sino hasta un certificado de buena conducta, nuestros munícipes se saltaron sus propias normas a la torera para hacer lo que les daba la gana sin consensuar con los vecinos y sin atenerse a las más elementales normas urbanísticas. Era de temer.
La exalcaldesa está muy enfadada y dice que la sentencia es producto del negacionismo climático. Sí, como lo leen, porque según los comunes, tres kilómetros de calle prohibida al tráfico son una contribución mundial para frenar la degradación del planeta.
En La Vanguardia, Ramon Suñé y Toni Muñoz recogen las reacciones al fallo judicial: "La respuesta desde el consistorio no ha tardado en llegar: la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia: "Defenderemos el buen trabajo de los servicios técnicos y jurídicos de la casa", ha afirmado, añadiendo además que existen "argumentos suficientes" para rebatir la decisión judicial. Aún así, Bonet ha lanzado un reproche al anterior equipo de gobierno --sin citar expresamente a Colau-- por la falta de acuerdo para sacar adelante el proyecto. "Queremos hacer un urbanismo transformador", ha asegurado Bonet, "pero construido desde el diálogo y el consenso, no desde la confrontación, porque las consecuencias son la judicialización", ha valorado".
Portada de 'La Vanguardia' de 8 de septiembre de 2023
Continúa el texto: "Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado su sorpresa por la resolución judicial: “Cuando un tribunal va contra el sentido común y la defensa de la gente, sufre un grave problema", señaló Colau a través de Instagram, a la vez que calificó la sentencia como una actuación propia del “negacionismo climático”. En la misma línea, la exteniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, defendió la legalidad de su proyecto y recordó la existencia de un informe técnico de la Generalitat que avalaba que no era necesario modificar el Plan General Metropolitano. Según Sanz, deshacer ahora la actuaciones llevadas a cabo en la calle Consell de Cent “va en contra del sentido común”. Por su parte, el portavoz de Trias per Barcelona, Jordi Martí Galbis, destacó que el juzgado valida las tesis de su grupo contra el “urbanismo unilateral y chapucero de Ada Colau”. “Es una notícia devastadora para el Eixample, Barcelona y las arcas municipales”, dijo el portavoz del principal grupo de la oposición. Asimismo, el líder del grupo popular, Daniel Sirera, recordó que en enero ya pidió a Colau que parara las obras. “No me hizo caso. ¿Ahora quién lo paga?, se preguntó. Muy diferente fue la reacción del portavoz de ERC, Jordi Coronas, que destacó el efecto que esta sentencia puede tener sobre las competencias del Ayuntamiento en materia urbanística y de movilidad. Coronas se preguntó si, dadas las circunstancias, también habría que revertir actuaciones como las de la calle Enric Granados, Portal de l’Àngel y avenida Gaudí".
Curioso doble rasero de ERC, gente capaz de reclamar a la Iglesia la licencia de obras de la Sagrada Familia mientras dan por bueno que el Ayuntamiento haga lo que le salga del níspero.
En El Periódico, Carles Cols da cuenta de los números de la chapuza municipal. 26 millones de euros costó reformar la calle. Casi nada. Claro que hay que tener en cuenta que peatonalizar una calle es algo que nunca se había hecho antes y que puede equipararse perfectamente a la construcción de las pirámides de Egipto. ¿O no? Del texto de Cols: "La transformación de Consell de Cent en un eje verde se llevó prácticamente la mitad del presupuesto que en el anterior mandato municipal se invirtió en el proyecto de la ‘Superilla Eixample’. Unos 26 millones de euros, de los más de 50 que costaron todas las obras, fueron a parar a esta calle transversal del centro de la ciudad. El resto sirvió para pacificar tres tramos de la llamada trama vertical, en Girona, Borrell y Rocafort. Esos 26 millones de euros no son la cifra inicial presupuestada, sino, según las fuentes municipales consultadas, el precio real y final de la obra, la suma de todas las facturas pagadas. En la práctica y ante la hipótesis de que la sentencia judicial que ordena devolver Consell de Cent a su urbanización original se llevara hasta la más extrema de sus consecuencias, esa sería la cantidad perdida, pero eso no sirve en realidad como punto de referencia sobre cuánto podría costar recuperar el anterior aspecto de la calle, con carriles centrales de circulación para vehículos y aceras para los peatones".
Portada de 'El Periódico' de 8 de septiembre de 2023
Y: "Las razones de esa última cuestión son varias. La más evidente, por poner un ejemplo claro y diáfano, es que la mayor parte del pavimento actual de Consell de Cent está compuesto por losas de granito procedentes de una cantera de Extremadura. Hasta nueve tipos pavimentos se han empleado para urbanizar la calle, la mayoría sacados de esa cantera de Quintana de la Serena. El asfaltado convencional de una calzada para tráfico rodado, en caso de que esa fuera la ejecución de la sentencia que finalmente se acometiera, sería mucho más económico".
Pues un alivio. Por cierto, este verano pasó un tanto desapercibida otra resolución judicial, esta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la expropiación de la Casa Buenos Aires del barrio de Vallvidrera porque entre otros defectillos la memoria de género era insuficiente. Sí, la memoria de género en el Ayuntamiento más feminista de la historia. Esas cositas de la ciudad de los prodigios.
Cambio de tercio. Política pura y dura. "Los ministros en funciones defienden en Bruselas la negociación con Junts pese a las discrepancias sobre la amnistía", apunta El País, que añade en el sumario que "Varios eurodiputados reprochan a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su reunión con Carles Puigdemont el lunes". El texto es de Silvia Ayuso y arranca así: "Los cinco ministros del Gobierno en funciones que viajaron este jueves a Bruselas a explicar ante el Parlamento Europeo las prioridades de la presidencia española de la UE este semestre debían superar dos grandes retos: ante todo, no toparse por los pasillos con Carles Puigdemont. También, sortear el asunto de las negociaciones de investidura y una posible ley de amnistía, como exige el expresidente catalán para facilitar que Pedro Sánchez repita mandato. Lo primero, lo consiguieron, ya que Puigdemont no se dejó ver este jueves en la Eurocámara. Lo segundo fue ya imposible, tanto por las preguntas de la prensa como las de algunos eurodiputados que aprovecharon las audiencias para sacar el tema y reprocharle a los ministros el viaje, esta misma semana, de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a Bruselas para reunirse con el líder independentista. La mayoría optó por defender las negociaciones con Junts, pese a las discrepancias sobre la amnistía".
Portada de 'El País' de 8 de septiembre de 2023
Sigue la nota: "La ministra en funciones de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, defendió la valentía de su partido frente a la “parálisis estéril” del PP a la hora de buscar soluciones en torno al pulso con el independentismo catalán. Alegría aseguró que las negociaciones en torno a una eventual ley de amnistía se harán bajo las líneas del “diálogo, dentro del marco constitucional y con el máximo respeto y transparencia”. Y subrayó: “hemos tomado decisiones valientes, porque creo que un partido político tiene que ser responsable y sobre todo valiente a la hora de la toma de decisiones para plantear soluciones”. Por su parte, el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, recordó que “hay una negociación abierta” en la que no es posible predecir si habrá en 80 días una ley o no de amnistía. “Lo que sí sé es que si el 27 no se alcanza la investidura de Feijóo, tendrá que haber otra votación, y esto nos da dos meses, hasta noviembre, para buscar una alternativa a este aislamiento”, agregó. El responsable de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, evitó responder directamente sobre la necesidad de una ley de amnistía. “Lo que veo necesario, y lo he defendido siempre (…) es que ha de haber un reencuentro, ha de haber convivencia. Y lo que constato es que en Cataluña solo se quebró la legalidad cuando gobernaba el PP, y que desde que gobierna Pedro Sánchez las cosas están infinitamente mejor. Y me alegro”, declaró. Más esquivo aún fue su colega de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien eludió pronunciarse aduciendo que “es un tema en el que el Gobierno está negociando con toda discreción dentro del marco de la Constitución” y que, en estas circunstancias, “la discreción y la cautela son extraordinariamente importantes”. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la única que declinó hablar ante la prensa. Y eso que esta la siguió por los mismos pasillos que había recorrido solo tres días antes cuando, este lunes, celebró una polémica reunión con Puigdemont a puerta cerrada en su calidad de líder de Sumar, si bien de facto se convirtió en la primera ministra de un Gobierno español que se reunía con el líder independentista desde la huida de este a Bélgica en 2017, convirtiéndose en un prófugo de la justicia".
Mientras tanto y en Madrid se abrió el curso judicial. "Los fiscales se revuelven contra Puigdemont y piden a su jefe que aclare su independencia", advierte al respecto El Confidencial. Escriben Beatriz Parera y Pablo Gabilondo: "El malestar ante la posible aprobación de una ley de amnistía, muy patente ya en la judicatura, ha irrumpido de lleno también en la carrera fiscal. Las alusiones de Carles Puigdemont a la capacidad del Gobierno en funciones de limitar la acción del Ministerio Público en todas las causas judiciales y administrativas relacionadas con el independentismo han dolido. La asociación de fiscales, mayoritaria, ha reclamado al fiscal general del Estado que marque líneas rojas ante las afirmaciones del expresident catalán y que lo haga de forma expresa. Buscan un blindaje público de su independencia, muy dañada por afirmaciones de este tipo en las que se da por hecho, como algo natural, su sumisión completa a los deseos del Ejecutivo. La sombra de la ya famosa pregunta que lanzó Pedro Sánchez --"¿De quién depende la Fiscalía, eh, de quién depende?", se jactó-- vuelve ahora a cernirse sobre la acción del Ministerio Público. El fiscal general la contestó en una entrevista publicada por este diario hace unos meses. "La Fiscalía depende del fiscal general del Estado, no del Gobierno", dijo entonces. Aseguró que mantiene con el Ejecutivo una relación puramente institucional, de colaboración y lealtad institucional. "La designación del fiscal general por parte del Gobierno no significa ni dependencia, ni relación diferente a la que se tiene con otras instituciones" y no existe "en absoluto", injerencia ni del fiscal general del Estado en el trabajo del Gobierno, ni viceversa, defendía".
Portada de 'El Confidencial' de 8 de septiembre de 2023
Pero no sólo los fiscales están en guardia. "El Supremo, en alerta ante las negociaciones con Puigdemont: 'La amnistía abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho'" se asegura en El Mundo. El texto es de Ángela Martialay y Manuel Marraco: "El Tribunal Supremo considera que la aprobación de una hipotética ley de amnistía para beneficiar al ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de encausados o condenados por el procés catalán «abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho». El solemne acto apertura del Año Judicial que tuvo lugar este jueves en el Alto Tribunal estuvo marcado tanto por la anómala situación a la que se enfrenta el Poder Judicial -con un órgano de gobierno con el mandato caducado desde hace casi cinco años y la última instancia jurisdiccional del país «colapsada»- como por la idea de que pueda aprobarse una amnistía que deslegitime la actuación del Supremo frente al desafío independentista de 2017. El hartazgo impregna la Carrera Judicial. El tercer poder del Estado se siente maltratado por el poder político. El bloqueo sin precedentes del Consejo General del Poder Judicial y la situación crítica en la que se encuentra el Tribunal Supremo han sumido a los jueces en una situación de desánimo generalizado. Este sentimiento se percibía en los tradicionales corrillos que tuvieron lugar tras la ceremonia solemne que se celebró en el Salón de Plenos. En esas conversaciones distendidas uno de los temas más comentados fue precisamente la ley exigida por el prófugo Puigdemont para borrar los delitos del procés. (...) Desde el Alto Tribunal se considera que la aprobación de una ley de amnistía diseñada ad hoc para Puigdemont y los ex miembros de su Gobierno supondría la «vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles», recogido en el artículo 14 de la Constitución. «Las amnistías se aplican cuando hay un tránsito de un sistema dictatorial a uno democrático». «Es normalmente un borrado u olvido de los crímenes con intencionalidad política cometidos en regímenes autoritarios», puntualizan fuentes fiscales".
Portada de 'El Mundo' de 8 de septiembre de 2023
En El Independiente y en relación al malestar del Tribunal Supremo aseguran que "La vía del Supremo para revertir una amnistía al procés pasa por recurrir al Tribunal Europeo". "El juez Llarena podría plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno aprobara un perdón absoluto a los líderes independentistas", se abunda en el subtítulo. La nota es de Irene Dorta y Carlos Frías: "Todas las hipótesis están abiertas. Pero son sólo eso, hipótesis porque ningún juez o fiscal ha leído la letra pequeña de una ley que todavía no está publicada y que, de hacerse, sería la primera vez en la democracia reciente. Si el Gobierno termina por negociar con Junts una ley de amnistía que entre en este terreno virgen y condone cualquier delito a los líderes del procés, ese papel llegará irremediablemente a la mesa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y allí reciben la noticia con todas las cautelas, de momento. Las fuentes consultadas explican que la vía para tratar de desarmar una hipotética amnistía es doble. Por un lado, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, por el otro, un camino europeo a través del recurso prejudicial que pusiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las cuerdas para decidir sobre el Derecho comunitario".
Y: "El alto tribunal asume que la ley --se llame de amnistía o se llame de extinción de la responsabilidad penal-- estará redactada de tal forma que el procedimiento que sigue activo contra el expresident Carles Puigdemont y los otros fugados del 'procés' quede desactivado. Entienden que si quedan dudas para aplicarlo en algún procedimiento no será en ningún caso en el que se está instruyendo en el Tribunal Supremo desde octubre de 2017. Sobre la posibilidad de interpretación, por tanto, aceptan que es difícil que haya margen. Las fuentes consultadas señalan que, en principio, los independentistas condenados en 2019 por la sentencia de la Sala Segunda y los que están perseguidos por el juez instructor Pablo Llarena actualmente quedarían amnistiados. Pero después podrían iniciarse los recursos desde el propio Tribunal. Una posibilidad es plantear un procedimiento prejudicial al TJUE al que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden acudir cuando se produzca una cuestión de interpretación nueva o cuando la jurisprudencia existente no dé una orientación necesaria a los jueces territoriales. En este sentido, la amnistía cumple estos requisitos puesto que no se ha abordado una desde 1978 cuando entró en vigor la Constitución. El Supremo podría así poner a Europa ante el espejo para que tuviera que pronunciarse sobre un asunto sensible y nuclear en el Estado de Derecho y cuya resolución no sólo valdría para España, sino que sería de aplicación para toda la Unión Europea. Sobre si esto paralizaría o no la amnistía hay dudas. Las fuentes consultadas en el Supremo explican que, en principio, la ley habría que aplicarla y luego se preguntaría a Estrasburgo, si bien la propia web del Tribunal Europeo expone que "el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo". De hecho, así ha sucedido con el procedimiento de Puigdemont: Llarena preguntó al Tribunal comunitario si Bélgica podía utilizar una serie de argumentos para entregar a los fugados y el proceso de entrega se congeló hasta que Europa resolvió la cuestión".
8 de septiembre, santoral: Natividad de Nuestra Señora y Nuestra Señora de Nuria. Adriano de Nicomedia, Corbiniano de Freising, Isaac de Armenia, Pedro de Chavanon y Sergio I papa.