Violaciones y negligencias y los "Médicos por el catalán"

Entre la conmoción y el estupor. Una joven anglosajona fue salvajemente violada en el recinto del Pueblo Español. La dejaron tirada, rota y con una herida en la cabeza. En esta ocasión, funcionaron los protocolos mínimos. Los vigilantes de una sala de fiestas atendieron a la víctima, dieron la voz de alarma y pusieron en marcha los mecanismos policiales y de atención a la joven. Fue parte de todo lo que no ocurrió en el caso de la niña de 11 años en Badalona.

Los medios atribuyen la oleada de crímenes sexuales a diversos factores, entre ellos el acceso a la pornografía a muy temprana edad y, de paso, que la pornografía no es precisamente pedagógica. Se habla de causas multifactoriales, como en el caso de las gemelas de Sallent. Los nuevos términos para definir toda clase de violencia se antojan una cortina de humo. Nadie se siente responsable cuando la culpa es de todo el mundo y de múltiples factores. 

El asunto de Badalona sigue de actualidad, aunque no parece interpelar a las mismas autoridades políticas que sí hablaron de la felación en el centro de la pista de una discoteca o del caso Alves. La cuestión es mucho más vidriosa y transversal. De la consejería de Igualdad y Feminismos a la de Educación pasando por los jueces y la fiscalía de menores, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a los servicios sociales de proximidad, los del Ayuntamiento de Badalona. Hay un barrio señalado, el de Sant Roc, y el colapso de un sistema "educativo" cuyas prioridades son más políticas que funcionales.

Respecto a la violación de la niña de Badalona, la periodista Rebeca Carranco repasa en una pieza de El País la "cadena de negligencias tras la violación". El recorrido es largo y queda resumido en el sumario de su información:  "Un vigilante la ignoró, nadie alertó del vídeo del ataque y la escuela no supo del caso hasta casi cuatro meses después". Del texto publicado en el diario de Prisa: "La primera omisión del deber de socorro del vigilante provocó que una de las pruebas esenciales de lo ocurrido no se conserve: las grabaciones del centro comercial. La ley obliga a destruir las imágenes, como máximo, en un mes si no hay ningún delito que se esté investigando. Como la familia de la menor tardó más de ese tiempo en denunciar, las filmaciones no existen, según fuentes judiciales. Además, de haber avisado al 112, la policía podría haber actuado en el momento, tratar de dar con los autores en el mismo lugar y derivar a la menor a un centro hospitalario para que la asistiesen. El centro comercial eludió responsabilidades ante los Mossos d’Esquadra y aseguró que la descripción que ella daba no se correspondía con la uniformidad de su equipo de seguridad, por lo que sospechaba que podría ser el vigilante de alguna de las tiendas del recinto. Nadie lo localizó. En un comunicado el miércoles, el establecimiento recalcó que trabajan estrechamente con los Mossos en la investigación de la agresión sexual, que habían seguido los protocolos y que lamentan lo ocurrido".

Sigue la pieza: "La menor siguió con su vida. Echando la vista atrás, su hermana contó a TV-3 que sospecha que en algún momento quiso contar algo. Llamó a su habitación, pero no le hizo demasiado caso. Nadie se percató de que no desayunaba como antes, que estaba más de lo habitual en su habitación y que había perdido parte de la alegría que la caracterizaba. Las alarmas saltaron el 15 de diciembre, el día que su hermano, de 14 años, llegó enfurecido del instituto: le decían que su hermana había participado en un vídeo sexual con varios chicos. Él no lo había visto, pero tenía suficiente para pedir explicaciones. La menor entonces se derrumbó y lo contó todo. El vídeo corrió por un grupo de Telegram, explican fuentes policiales, que aseguran que son imágenes muy duras. Las vieron jóvenes, pero también adultos. Nadie acudió a la policía para denunciar su contenido: una violación grupal a una niña de 11 años. La primera noticia que llegó a los Mossos d’Esquadra de la agresión sexual fue la denuncia de los padres de la víctima, el mismo día en que ella por fin les explicó lo que había pasado. A partir de ahí, tiraron del hilo, localizaron el vídeo —que ni ella ni su entorno han visto— y lograron finalmente identificar a cinco de los seis presuntos participantes en el ataque, todos ellos del barrio de Sant Roc de Badalona, según fuentes judiciales".

Portada de El País, 12 de marzo de 2023

Y: "El 15 febrero, la Fiscalía de menores recibió a los detenidos mayores de 14 años y pidió el internamiento en un centro cerrado para ambos. El juez solo aceptó la medida para uno de ellos, que además tenía antecedentes por agresión sexual, y lo encerró en un centro de menores dependiente del Departamento de Justicia. Para el segundo, decretó una medida cautelar de libertad vigilada. En el caso de los tres menores de 14 años, la Fiscalía remitió un informe a la Generalitat, que abrió un expediente de riesgo, para analizar su contexto. 'Si han hecho lo que han hecho es que algo falla en su entorno', aseguró la directora de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA), Ester Cabanes. (...)  Hasta el viernes pasado, el Departamento de Educación no lideró una reunión con todas las escuelas afectadas: la de la víctima, la de su hermano, y las de los menores que siguen en libertad. La Generalitat insiste en que no puede expulsar de un instituto a un adolescente inimputable".

La política guarda silencio. Tan sólo unas declaraciones del alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, lamentando lo ocurrido y de la consejera de Igualdad, Tània Verge, sobre una genérica protección de los menores. La excusa es que el caso está bajo secreto de sumario, pero se suceden las filtraciones, los detalles, pequeños y grandes, que a cuenta gotas muestran todo el horror y la desprotección de la víctima y de su familia.

Cambio de tercio. La guerra de la lengua. "La Generalitat tolera la rebelión ilegal de los médicos contra el castellano", apunta un titular de la portada de El Mundo. La pieza es de Víctor Mondelo sobre la última iniciativa de los médicos por la causa de no hablar castellano: "Tras abalanzarse sobre la enfermera andaluza que se atrevió a discrepar de las exigencias lingüísticas para obtener una plaza pública en Cataluña, la Generalitat está permitiendo que un poblado grupo de médicos se autoorganice para atender 'siempre' en catalán a sus pacientes, aunque ello implique desobedecer sentencias judiciales y los propios protocolos del Govern. Más de dos millares de sanitarios se han arremolinado en una agrupación bautizada como Médicos por el catalán, que planea imponer su decálogo lingüístico en el mayor número posible de centros de salud y hospitales de Cataluña, partiendo de una excluyente premisa: 'Se atenderá siempre en catalán a los pacientes en primera instancia' y 'sólo se cambiará de lengua si existe dificultad de comunicación'".

Detalle de la portada de El Mundo, 12 de marzo de 2023

Continúa el texto: "Los promotores de este mandamiento llevan una semana paseando sus pretensiones por TV3 y otros medios de orientación independentista sin que ningún portavoz de la Generalitat haya salido a su paso para aclararles que imponer su doctrina lingüística resulta sencillamente ilegal. Ocurre que en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló parcialmente el Protocolo de Usos Lingüísticos de la Generalitat y su Sector Público, suprimiendo un mandato que establecía que 'tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, éste la mantendrá en catalán, independientemente de la lengua que use el interlocutor, excepto en caso de que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en otra lengua oficial'. 'La sentencia determina que los derechos lingüísticos son del administrado, no del administrador; no del médico, en este caso', subraya Pepe Domingo, el abogado que propició el fallo judicial. 'La sentencia determina clarísimamente que un galeno no puede decidir que no va a atender en castellano o que toda la interlocución va a ser en catalán', añade el también presidente de Impulso Ciudadano".

¿Una sentencia? A los prebostes de la administración autonómica los fallos judiciales les entran por una oreja y les salen por la otra u otros orificios del cuerpo.

Cataluña ya tiene presupuestos autonómicos gracias al sustento del PSC. A cuenta de ello, en La Vanguardia entrevistan al primer secretario del partido y jefe de la oposición, Salvador Illa. Pregunta Lluís B. García y ahí va una selección de las cuestiones más destacadas: 

Pregunta: ¿Era la ocasión de explotar la debilidad del Govern?

Respuesta: No era necesario evidenciar algo que ya es obvio. El Govern colapsó en octubre y es el más débil de la historia de nuestro autogobierno. Hemos sido exigentes porque queríamos un buen presupuesto y el PSC no quería que los catalanes acabaran pagando por tener un gobierno débil y en minoría.
P: ¿Qué ha aportado el PSC a estos presupuestos?
R: Básicamente, volver a poner Catalunya en marcha. Son unos presupuestos que marcan un punto de inflexión. Las personas que depositaron la confianza en el PSC saben que la utilidad de su voto ha sido proporcionar a Catalunya unos presupuestos.
P: ¿Le ha dado aire al Govern?
R: He dado aire a Catalunya, la intención no es dársela al Govern. Lo que me importa es Catalunya y el bienestar de los catalanes. Veo un Govern sin rumbo, desorientado, colapsado antes de llegar a los dos años, que intenta buscar una orientación que creo que no le conviene a Catalunya. Constato en el Govern la incapacidad para fijar un rumbo para Catalunya. Hemos intentado que esta desorientación y debilidad no se traslade a los catalanes.
P: El Govern quiere alcanzar un pacto de claridad para celebrar un referéndum acordado con el Estado. ¿Cómo lo ve?
R: No tiene apoyos. Lo anunciaron en el debate de política general y se rompió el Govern. Es tiempo de unir a los ciudadanos y no de volver a planteamientos divisivos. Eso no es un horizonte de futuro para Catalunya.

Portada de La Vanguardia, 12 de marzo de 2023

Mientras tanto, El Món cuenta que Josep Costa y Albano Dante Fachin recorren Cataluña de conferencia en conferencia tratando de resucitar el proceso separatista y en Vilaweb entrevistan a Elisenda Paluzie, expresidenta de la ANC, quien lamenta que los partidos independentistas han orillado la independencia. No son los únicos personajes del "procés" que salen en los medios este domingo. Xavier Vendrell, exconsejero de ERC durante el tripartito y personaje clave de eso que llamaron "estado mayor" del 1-O es el protagonista de una singular información de El Confidencial que firma Antonio Fernández. El título es que "El jefe de Tsunami Democràtic amasó un imperio en Colombia en solo 5 años" y en el sumario se añade que "Xavier Vendrell, que recientemente ha recibido la nacionalidad colombiana por decreto exprés de Petro, maneja un entramado de empresas con adjudicaciones públicas en Sudamérica".

Del texto del referido digital: "En una modernista portería, muy cerca de la famosa y supervisitada casa Batlló de Barcelona, en pleno Paseo de Gràcia, se aloja una discreta compañía llamada Barcelona Export Group. Se dedica a la consultoría y al asesoramiento jurídico en general. Pero aunque la sede esté en Barcelona, desde que fue creada en 2012, opera principalmente en Colombia, al otro lado del Atlántico. Allá está registrada con el número 2592009 desde el 10 de julio de 2015. El cabeza visible de esta sociedad es Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y exconsejero de Gobernación, dimitido después de exigir por carta un 3% del salario de todos los cargos de confianza de la Administración nombrados por Esquerra".

Continúa el texto: "Vendrell, principal imputado en la operación Voloh, es supuestamente el máximo dirigente de la plataforma clandestina Tsunami Democràtic, que sembró el caos en Barcelona mediante una ola de violencia en el otoño de 2019, tras conocerse la sentencia del 1-O. El exconseller, sobre el que pesan las acusaciones de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos, ha conseguido recientemente la nacionalidad colombiana, otorgada por decreto exprés del recién elegido presidente del país sudamericano, Gustavo Petro. Curiosamente, Vendrell abrió la primera empresa de su emporio en Bogotá, cuando el alcalde de esta ciudad era Petro. Ambos personajes son amigos y tienen un pasado común ligado al coqueteo con organizaciones terroristas. Uno fue militante de Terra Lliure, el otro estuvo en el M-19 hasta la disolución de la banda. A los dos les hierve la política en las venas y tras casi dos décadas conociéndose, se han hecho amigos íntimos. Vendrell es, actualmente, uno de los visitantes asiduos de la residencia presidencial de Colombia a pesar de los graves cargos que pesan sobre él y, según la prensa local, ha solicitado pasaporte diplomático, que le podría servir para burlar a la justicia española".

Los negocios de Vendrell son de todo tipo, desde el inmobiliario a la prestación de servicios municipales, la exportación e importación de productos y toda clase de asesorías.

Eso que llaman Deportes. La liga del fútbol sigue mientras todas las sospechas y algo más que sospechas se ciernen sobre el F. C. Barcelona, cuya reputación está por los suelos por el conocido como "caso Negreira". El otro poder fáctico del balompié en España, el Real Madrid, se ha manifestado al fin sobre el particular. La alianza entre los dos grandes clubes españoles se ha roto. "El Real Madrid levanta la voz en el 'caso Negreira'" apunta La Razón. De su texto: "El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que se pronuncia de manera directa sobre el 'Caso Negreira'. En el texto, publicado por el conjunto blanco en su página web, se puede leer que que 'ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el F. C. Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12:00 h, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto'".

Continúa la pieza: "El club blanco ya adelantó, en palabras de Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, que preferían dejar actuar a la justicia y que una vez que así sucediese, se decidirían las acciones a tomar. Y eso es justo lo que ha hecho el Real Madrid, tras la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell que concluye que la entidad intentó 'evitar a toda costa' que trascendiera su vinculación con el vicepresidente de los árbitros.

Muchos esperaban que el Real Madrid se pronunciase de manera directa sobre uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia del fútbol español y después de que la Fiscalía de Barcelona acusase a la institución azulgrana y a dos de sus ex presidentes, Bartomeu y Sandro Rosell, los blancos van a levantar la voz. Florentino Pérez va a reunirse hoy con el resto de la Junta Directiva para votar la personación del club blanco en la denuncia cuando se admitida. El anuncio llegó unas horas después de que la Fiscalía presentase su escrito de denuncia por presunta corrupción en pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Una denuncia que también se dirige contra el propio Negreira y los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler".

El Barça juega esta noche en Bilbao. La afición local pretende arrojar sobre el nuevo San Mamés billetes falsos con la cara de Laporta.

12 de marzo, santoral: Inocencio I papa, Maximiliano de Tebeste, Elpegio, José Zhang Dapeng, Luis Orione, Pablo Aureliano y Teófanes Cronista.