La batalla del Constitucional y un muerto en nuestro lado

La política nacional vive instalada en la bronca perpetua, como en una condena. De los años de la crispación se ha pasado a la tensión permanente en medio de una batalla campal que tiene como escenarios las sedes de la arquitectura institucional del Estado. El Gobierno batalla para renovar la cúpula judicial, propósito torpedeado por la oposición. El último movimiento del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, consistente en la designación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo Laura Díez para sentar plaza en el Tribunal Constitucional ha desatado una nueva oleada de críticas, reproches y censuras.

El arco parlamentario de las derechas y los medios de tendencia conservadora cargan contra los nominados. A Campo le imputan la concesión del indulto a los condenados del "procés". Y en Laura Díez, que había transitado hasta ahora por la cara oculta de las administraciones, aprecian un acusado sesgo catalanista. No es previsible que la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional facilite el encaje. Entienden algunas de sus señorías que eso sería tal que hacerse el harakiri.

"El Constitucional se resiste a la maniobra de Sánchez para controlarlo", afirma el Abc. "Sánchez monta un TC obediente y agrava la crisis institucional", resume El Mundo. En este último diario, Iñaki Ellakuría y Germán González trazan el perfil de la nueva posible magistrada del Constitucional. "Laura Díez, la apuesta de Sánchez para el TC ante el 'procés': 'El 155 y los tribunales no resolverán nada. Volvamos a la política'" es el titular de la pieza que describe la trayectoria de Díez. Del texto: "La carrera profesional de Laura Díez (Barcelona, 1969) se ha desarrollado a la sombra del poder socialista, tanto de PSC como del PSOE, con diferentes cargos de responsabilidad institucional y con escasa producción de trabajos académicos, a pesar de que desde el año 2020 es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona. Considerada un "peso pluma" en el mundo académico por sus colegas catedráticos, en sus escasas publicaciones conocidas, la mayoría escritas al alimón con los catedráticos Eliseo Aja y Javier García Roca, se muestra como una defensora del «diálogo» con el independentismo catalán y partidaria de impulsar reformas en la arquitectura del Estado para facilitar una consulta de autodeterminación para Cataluña a la canadiense o escocesa, tal como reclama ERC".

Sigue el texto: "En un artículo colectivo publicado 2018, Valoración General del Estado Autonómico, junto a Aja y García roca, Díez lamenta que el procés acabara con "la aplicación del mecanismo extraordinario de intervención sobre los órganos de las comunidades autónomas previsto en el artículo 155 de la Constitución". En este sentido, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para el Tribunal Constitucional junto al exministro Juan Carlos Campo sostiene que "únicamente la voluntad de diálogo político y de acometer las reformas jurídicas necesarias --constitucionales y estatutarias entre ellas-- puede arreglar este grave conflicto y devolver la integración social a España"".

Esos antecedentes escandalizan al PP, que ha deslizado en La Razón que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ocultó los nombres de Campos y Díez cuando negociaban la renovación de la cúpula judicial. Al hilo de esa supuesta ocultación escribe Carmen Morodo que "la decisión del Gobierno de nombrar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional hubiese hecho saltar por los aires el acuerdo que negociaban Gobierno y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el máximo órgano de garantías. Durante las semanas que duró esa negociación Moncloa se negó a responder a la pregunta del PP de cuáles iban a ser los dos candidatos por designación del Ejecutivo. El nombre del exministro ya había sonado con anterioridad en otros procesos previos de diálogo, pero, aun así, en la interlocución abierta, desde Moncloa se negaron los nombres, primero, y después se optó por la táctica de dar largas a la respuesta".

Y añade Morodo: "La elección de Juan Carlos Campo, ministro que impulsó los indultos a los líderes independentistas del procés, atenta de raíz contra uno de los pilares sobre los que se sostuvo esa negociación entre Gobierno y principal partido de la oposición, hasta que las filtraciones de Moncloa, respecto a los planes del presidente Pedro Sánchez de dar luz verde a la derogación del delito de sedición, la hicieron volar por los aires. En la mesa de negociación, y con un principio de acuerdo ya cerrado, estaba la configuración de un marco de transición para evitar las puertas giratorias en la Justicia, justo lo que Moncloa ha hecho con este nombramiento, es decir, impedir el salto directo, de vuelta a la Justicia, tras haber estado en política, con la contaminación para la independencia judicial que se deriva de este procedimiento". 

La versión del PSOE es que el PP lleva más de cuatro años bloqueando la renovación de los órganos judiciales en una clara muestra de desprecio por la Constitución. No hay arreglo posible. Todos los puentes están rotos a la espera de lo que decidan las urnas de invierno del próximo año. 

Pero puede que este no sea el mayor problema al que se enfrenta el Gobierno. La tragedia en la valla de Melilla del pasado 24 de junio colea con más fuerza que nunca por una información de un consorcio de periódicos europeos entre los que está El País y que destaca que al menos uno de los migrantes falleció en suelo español. "Agonía a ambos lados de la frontera: 'Está muerto'" es el titular que encabeza la portada de papel del diario de Prisa. Es el frontispicio de una crónica que arranca así: "Al menos 23 personas, en su mayoría sudanesas, murieron en el intento de cruzar a España por el puesto fronterizo de Barrio Chino, entre Nador (Marruecos) y Melilla, el 24 de junio. Además hay 77 personas desaparecidas. Una investigación de El País junto a Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel y Enass revela nuevos detalles sobre lo sucedido gracias a material inédito y los testimonios de 40 personas, entre ellas 75 supervivientes que se reconocen en las imágenes y cuyas identidades han sido contrastadas".

Continúa la pieza: "Abdul Aziz Yacoub, Anwar, sudanés de 27 años, yacía en el suelo del lado español, según vídeos difundidos en redes sociales. Ibrahim, que iba a su lado, lo cuenta así: "Un soldado le preguntó al otro que puso la mano en el cuello de Anwar si ese estaba muerto. El soldado respondió: 'Sí, está muerto'. Entonces empezaron a recogernos y a ponernos uno encima del otro". Y añade: "Cuando se dieron cuenta de que estaba muerto, recogieron toda la basura (los restos de ropa) y lo cubrieron". Sam, que acaba de cumplir 17 años, quedó inconsciente. Cuando despertó, cuenta, su cabeza estaba cubierta de sangre: "Miré a mi alrededor y descubrí que estaba sobre dos personas muertas"".

En una pieza de apoyo a la información principal, El País abunda en que "la investigación muestra cómo las autoridades de España y Marruecos reaccionaron ante una avalancha que dejó personas necesitadas de auxilio en ambos países. Los agentes marroquíes no dejaron de lanzar gas lacrimógeno en un recinto sin salida y respondieron a la avalancha con brutalidad. Los agentes españoles, por su parte, no atendieron a las víctimas del amontonamiento, a pesar de que el helicóptero de la Guardia Civil grabó ese momento. Uno de los 35 testigos entrevistados asegura que una persona murió del lado español. Los agentes marroquíes aparecen en un vídeo confirmando esa muerte. Ya en Melilla, algunos testigos cuentan que se desvanecieron, pero que, lejos de atenderlos, los agentes españoles les ataron las manos y les entregaron a los marroquíes, que les golpearon después. A pesar de la situación de peligro a la que se enfrentaron al ser retornados a Marruecos, la Guardia Civil realizó 470 devoluciones en caliente".

El futuro político del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está seriamente comprometido. "Nuevas revelaciones sobre Melilla ponen contra las cuerdas a Marlaska", asegura La Vanguardia en su portada. 

La ley del solo sí es sí es una fuente de quebraderos de cabeza. El Ministerio de Igualdad defiende las bondades de la norma, una línea de la que se infiere que los jueces no saben aplicar las leyes o lo hacen como les da la gana. Sería el inveterado machismo de los magistrados y su obcecación por beneficiar a los delincuentes sexuales lo que estaría provocando las rebajas de penas, siempre según la versión podemita. La doctrina del Tribunal Supremo contrasta con las instrucciones de la Fiscalía.

En la citada La Vanguardia se destaca la "Primera rebaja a un violador por la ley del solo sí es sí, juzgado tras entrar en vigor la norma". Escribe Javier Ricou: "La ley de sólo sí es sí acaba de escribir un nuevo capítulo auspiciado por esa puerta trasera de la norma que beneficia (en función de la interpretación de los jueces) a los violadores. En esta historia la rebaja no ha llegado por un recurso a una sentencia ya dictada, sino por un juicio celebrado después de que la ley entrara en vigor. Se abre, así, un nuevo abanico de rebajas, aplicadas en tiempo casi real. La reducción de la pena a un violador se plasma en este caso (es el primer asunto conocido por esta vía judicial en España) en una sentencia dictada por un juicio celebrado hace un par de semanas, cuando la ley había entrado ya en vigor. El tribunal estima (no ha necesitado ningún recurso) que la nueva norma beneficia al inculpado y fija, por lo tanto, la condena por estos hechos a partir de la horquilla de penas recogida en el recién estrenado texto. La Audiencia de Girona condena a 2 años y 6 meses de cárcel a un joven por violar a una amiga (la llamaremos C.) tras una noche de fiesta. Ocurrió en Blanes en 2018".

De momento no hay visos de que el Gobierno vaya a corregir las deficiencias que jueces y abogados aprecian en la norma.

Noticias catalanas. La Fiscalía Antidroga pide nueve años y nueve meses de cárcel para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, Borràs, Torra y el narco Sito Miñanco, entre otros ilustres o conocidos personajes. El ministerio público acusa a Boye de haber blanqueado dinero y falsificado documentos para la trama del narcotraficante gallego. Boye lo niega todo y Puigdemont ha salido en su defensa. No se rendirán y tal. Ayer también compareció la directora del CNI Esperanza Casteleiro en la comisión Pegasus del Parlamento Europeo. Puigdemont denuncia que no contestó a nada. La discreción en persona y el peso de los secretos oficiales. 

En Barcelona, el Govern presentó su plan "El catalán, lengua de país", con una batería de 100 medidas para fomentar el uso del catalán. Hay de todo, desde autoescuelas en catalán, diccionarios feministas e inclusivos hasta la creación de la figura de "la figura del referente lingüístico, una persona responsable de la gestión lingüística en los centros de salud" para aumentar el uso del catalán en los hospitales. O el cambio de las multas por no atender en catalán en bares y comercios por cursos de capacitación y "concienciación" lingüística del personal a cargo de la empresa, sociedad o autónomo multado. También hay mucha paja, encuestas y buenos propósitos. 

30 de noviembre, santoral: Andrés apóstol, Constancio, Cutberto Mayne, Euprepes, Gálgano Guidotti, Josberto monje, José Marchand, Justina virgen y mártir, Maura virgen y mártir, Mirocleto, Tadeo Liu Ruiting, Troyano, Tugdual y Zósimo.