El ICF en la picota y los interinos que serán fijos

Con el mismo aplomo e idéntica determinación con la que el martes dijo que no quería poner en riesgo a los directivos y empleados del Institut Català de Finances (ICF) aseguró este miércoles todo lo contrario el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró. Cualquiera diría que entre medias se había producido un severo encontronazo entre los socios del Govern, que intercambiaron los papeles. En el reparto, ERC actuó como elemento radical mientras que Junts per Catalunya (JxCat) habría apelado a la seriedad, el rigor y a no poner en riesgo y menos para nada al ICF.

Dos potencias del independentismo entraron en rumbo de colisión. Por un lado don Oriol Junqueras, que no quiere saber nada de avalar con su patrimonio la fianza que le exige el Tribunal de Cuentas, y por el otro, un inédito e inusitado pragmatismo por parte de JxCat. El episodio refleja a las claras que la coalición mantiene las dinámicas cainitas de la pasada legislatura. Se odian hasta el punto de perder los papeles. Que JxCat muestra una vis sensata, ahí está ERC para exhibir su lado "rauxa". Y al revés, claro. 

El caso es que diarios de la seriedad de El País y El Mundo apuntan en sus ediciones de hoy que el Tribunal de Cuentas más bien se va a inclinar por rechazar el aval con fondos públicos del ICF, con lo que toda esta movida sólo habrá servido para demostrar que Giró es capaz de decir una cosa y la contraria sin sonrojarse, cosa que por otro lado era pública, notoria y hasta celebrada en los mentideros políticos y financieros del país petit. 

También servirá el entremés para cerrar toda posibilidad de que el ICF se pueda convertir en un banco público, tal como pretendía el Govern. El asunto es la apertura de Crónica Global con este titular: "El Govern dinamita la transformación del ICF en banco público". En el sumario se abundan en que "la operación política para avalar las fianzas del 'procés' complica que pueda obtener ficha del Banco de España: "Tritura la reputación"". La información corre a cargo de Ignasi Jorro y Raúl Pozo, que escriben: "El Govern dinamitó ayer las opciones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de transformarse en un banco público. La operación política para situar a la agencia financiera de la Generalitat de Cataluña como avalista de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a los enjuiciados por el procés ha dañado la reputación de la empresa pública y pone muy complicado que obtenga ficha bancaria del Banco de España, como pretendía".

Sigue la nota: "Es lo que indican fuentes cercanas al organismo, que alertan de que convertir del ICF en avalista para los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones de euros por el dinero gastado en la internacionalización del proceso independentista "no se sostiene con la ley en la mano". Las mismas voces recuerdan que la institución "tiene como función financiar la actividad profesional y mercantil, en ningún caso avalar a personas físicas". Las mismas fuentes señalan que el ICF "había trabajado muy duro para cambiar de imagen de instrumento de la Generalitat de Cataluña a un ente profesional e independiente que ayude a la economía productiva". Lo hizo de la mano del anterior consejero delegado, Josep Ramon Sanromà, que cesó en enero de este año. "El ICF había cambiado a nivel de fondo, y ahora se le infringe un daño reputacional importante", avisan".

Y total, para nada, salvo que en un inesperado giro de guion el Tribunal de Cuentas vaya a aceptar que la peña de amigos del procés encausados por la difusión internacional de la cosa pague sus fianzas con pólvora del rey, que en este caso es el pueblo llano de Cataluña.

Los medios prestan especial atención además a las novedades en torno a los interinos con más de diez años de antigüedad, que obtendrán la plaza en propiedad sin pasar por oposición alguna. Dice El País que "El Gobierno salva su decreto por un voto tras hacer cesiones a ERC", unas cesiones que habrían consistido en "dos ventajas adicionales para los interinos que aspiran a una plaza fija: que los exámenes de las próximas oposiciones puedan no ser eliminatorios y que los que lleven más de 10 años en su puesto puedan acceder definitivamente al mismo sin el examen de la oposición si esas plazas no se han cubierto en las correspondientes ofertas públicas".

El texto, incluido el anterior entrecomillado, es de Javier Casqueiro: "El Gobierno de coalición salvó ayer los muebles políticos en el Congreso, en la prórroga y casi de penalti, tras vivir una situación de extrema fragilidad. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros para reducir al 8% el nivel actual de temporalidad entre los empleados de las administraciones públicas, y que podría afectar a más de 300.000 interinos, pasó ayer un auténtico calvario para ser convalidado en las Cortes ante los reparos de los principales socios del Ejecutivo. Unidas Podemos y ERC, junto con Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria, prestaron al final sus votos para una victoria agónica en la que sumaron 170 escaños, uno más de los que sumó el bloque del no. Otras formaciones normalmente aliadas del Gobierno, como PNV y Más País, se decantaron por una “abstención crítica”. Al bloque habitual del no que integran PP, Vox, Foro Asturias, UPN y Ciudadanos se agregaron en este caso PDeCAT, Junts, Coalición Canaria, BNG y EH Bildu".

El CIS hizo público ayer un barómetro en el que destacan dos aspectos: el PSOE agranda su ventaja respecto al PP tras los indultos y la ministra de Trabajo podemita Yolanda Díaz es la política mejor valorada. De la nota de Nicolas Tomàs en El Nacional: "Si hoy hubiera elecciones, y siempre según el CIS, el PSOE de Pedro Sánchez las volvería a ganar con el 28,6% de los votos en las urnas, un 1,2% más que ahora hace un mes. En cambio, el PP de Pablo Casado bajaría medio punto, con el 23,4% de los sufragios. De esta manera, la distancia entre los dos se amplía a cinco puntos y dos décimas. La extrema derecha de Vox seguiría siendo la tercera fuerza, con el 13,6%, recuperando todo el terreno perdido, seis décimas más. Y Unidas Podemos sería la cuarta, con el 10,6%, un 1,4% menos, prácticamente lo que ganan los socialistas. En quinta posición quedaría Ciudadanos, que perdería dos décimas, hasta el 5,5%. (...) Con respecto a las formaciones independentistas catalanas, hay una ligera reorganización, pero sin alterar el orden de llegada a meta. ERC sigue siendo la primera fuerza independentista en el Congreso, con una intención de voto del 3,3% (sobre el conjunto del Estado), tres décimas menos. Las mismas tres décimas que subiría Junts per Catalunya, que conseguiría el 1,9% de sufragios. La CUP bajaría una décima, hasta el 0,7%. En el País Vasco, el PNV obtendría un 1,4% (igual que en el barómetro anterior) y EH Bildu un 0,7% (tres décimas menos)".

Y: "Como es habitual ya en las últimas encuestas del CIS, todos los líderes políticos suspenden en su valoración por parte de los encuestados. Al frente, sin embargo, una vicepresidenta supera al presidente: Yolanda Díaz obtiene un 4,7 sobre 10 y Pedro Sánchez un 4,3. Por detrás se sitúa Íñigo Errejón, líder de Más País, con un 4,2. La lista la cierran Inés Arrimadas (3,5), Pablo Casado (3,4) y Santiago Abascal (2,8)".

Consumo. La subida de las facturas de los suministros es el argumento principal del diario Público: "La tormenta energética exprime a las familias y dispara su gasto en más de 500 euros al año". En el sumario se apunta que "la subida del butano a más de 15 euros por bombona, su precio más caro en seis años, se suma al récord de la luz, cuyo coste final se ha duplicado en 12 meses, y al encarecimiento del gas y los combustibles de automoción, lo que dispara la presión sobre unos hogares en los que la pobreza energética ya se había instalado con la pandemia".

El texto es de Eduardo Bayona, quien escribe que "la tormenta de precios de la energía, en la que la bombona de butano se ha sumado con la tasación más elevada en seis años a los récords de la electricidad y los notables encarecimientos del gas natural y de los combustibles de automoción, ha disparado la presión económica sobre unos hogares zarandeados por una crisis pandémica con la que se han desbocado fenómenos como la pobreza energética. Según las estimaciones de la OCU, el aumento del precio de la energía va a suponer un aumento medio de la factura energética anual de los hogares de hasta 505 euros: 311 por la gasolina de los automóviles (250 si usan diésel), 55 por el gas y 139 por la electricidad, cuyo componente energético alcanzaba su máximo histórico con 10,6 céntimos por kilowatio (106 euros el megawatio sin incluir los gravámenes vinculados a la potencia y los impuestos) este miércoles, el mismo día que el Congreso convalidaba la nueva modulación de impuestos que pretende abaratarla y cuyos efectos para el bolsillo de los consumidores ya ha sido neutralizada por la subida, según las organizaciones de consumidores".

Y a mayor abundamiento, en Cataluña a todo esto hay que sumar un IRPF mayor que en Madrid. Del e-notícies: "El think tank Instituto Ostrom recuerda que Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal del Estado y destaca que "un contribuyente soltero y sin hijos con ingresos brutos anuales de 30.000 euros paga 325 euros más anualmente en IRPF en Cataluña que en Madrid". La entidad también subraya en un comunicado que Cataluña "es la única comunidad, conjuntamente con Valencia, que ha aumentado la carga impositiva en el último año 2020"".

Magnífico logro del bipartito antes dirigido por Torra y ahora comandado por Aragonès. 

Más noticias sobre las habilidades económicas del Govern y del Ayuntamiento de Ada Colau. Ambas administraciones piden a Aena que aplace sine die lo de la ampliación del Aeropuerto, pero que el Estado pague por anticipado el hipotético coste de la hipotética ampliación. Lalo Agustina se ocupa de este embrollo en La Vanguardia: "La Generalitat y varios de los ayuntamientos que están presentes en la mesa técnica sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat quieren más tiempo para decidir su apoyo o rechazo al nuevo futuro que planea Aena, el gestor aeroportuario, para la infraestructura. Esta es la principal conclusión que consta en el borrador del Documento de Síntesis que el Govern remitió ayer a todos los miembros de la mesa, cuyo redactado es provisional a falta de la revisión por sus protagonistas. “La mayoría de las administraciones piden un aplazamiento de la aprobación del documento de regulación aeroportuaria (DORA), que Aena expresa que es inviable”".

Continúa el texto: "Efectivamente, la ley impide demorar el DORA, que definirá el compromiso de inversiones para el periodo 2022-2026, pero eso no ha impedido que se solicite más tiempo o que –si no es posible lograrlo– al menos se garanticen las inversiones. Como los planes de inversión son quinquenales, existe el riesgo alto de perder una inversión de 1.700 millones hasta el siguiente ciclo inversor, del 2027 al 2031. Esto lleva a la Generalitat a decir que “de acuerdo a la información disponible, se prevé un volumen de inversión que se considera que hay que mantener con independencia de la solución del futuro plan director del aeropuerto”. Es decir, pide implícitamente a Aena o al Gobierno que, si no pueden alargarse el plazo para tomar la decisión, garanticen los 1.700 millones anunciados para El Prat. ¿Para hacer qué? En el documento elaborado por el Govern solo se dice que sería “para poder tener la cobertura económica en la ejecución de las actuaciones que se acuerden”".

22 de julio, santoral: María Magdalena, Anastasio de Suania, Cirilo de Antioquía, Gualterio de Lodi, Jerónimo de Pavía, Meleneo de Menat, Platón de Ancira,  Síntiques de Filipos y Vandregisilo de Fontenelle.