La piscina de Ribó y los pisos de los ministros

Rafael Ribó, el Síndic de Greuges, defensor del Govern, genio y figura de la izquierda caviar, fruto de los jesuitas de Sarrià, sepulturero del PSUC y en el cargo desde 2004, es el protagonista de la apertura de Crónica Global. Esta vez no ha despachado con cajas destempladas a ninguna víctima de la administración autonómica. Tampoco ha hecho caso omiso de denuncia alguna sobre abusos de la Generalitat. Ni siquiera se ha puesto otra vez firme y en primera posición de saludo ante los partidos secesionistas.

De lo que se trata es de una lámina de agua que se mandó instalar en la azotea de su imponente despacho de síndico de agravios, una suerte de balsa de escasa profundidad para remojar los pies, un capricho estético que acabó fatal, con filtraciones en los pisos inferiores y una tarima encima para ocultar el disparate de las miradas indiscretas.

"El Síndic de Greuges se construyó una "lámina de agua" junto a su despacho" es el titular de la pieza de Ignasi Jorro, quien escribe: "El Síndic de Greuges se construyó una "lámina de agua" junto a su despacho, en la sede del defensor del pueblo autonómico de Cataluña. Rafael Ribó se hizo una alberca en la sede del organismo regional dos años después de ser nombrado. Tuvo que tapar este elemento, pagada con presupuesto público, por "defectos de construcción" que provocaron filtraciones a las plantas anteriores. Han informado de ello fuentes cercanas al equipo de Ribó, que han alertado de que el Síndic "se hizo una piscina en la azotea", en una zona cercana al despacho que ocupa el cargo público. Preguntada por la cuestión, la Sindicatura no ha negado la información, aunque ha precisado el uso. Indica que se trata de una "lámina de agua" de 40 centímetros de profundidad. La estructura está "inutilizada" desde 2009 por "defectos de construcción inicial y posteriores"".

Es la Cataluña de Francesc Pujols, el lugar donde se atan los marranos con longanizas, el punto exacto donde estaba el Paraíso del Antiguo Testamento. Y a Ribó le placía tener una piscina a mano, aunque solo le cubriera hasta la rodilla. Había que relajarse entre queja y lamento. ¿No?

Es lo que tiene el servicio público. Por ejemplo, Gonzalo Araluce cuenta en Vozpópuli que Yolanda Díaz vive en una residencia oficial del Gobierno de 443 metros cuadrados. ¿Se imaginan lo que tiene que ser barrer y pasar el mocho por ahí? Una mañana entera por lo menos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado a los ministerios a contar cómo son las viviendas públicas de sus titulares y Díaz ha ganado el concurso de espacio. Del texto de Araluce: "Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Interior se habían negado a facilitar los datos relativos al tamaño de las viviendas oficiales de sus titulares, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska. Así se habían pronunciado en sendas respuestas a dos solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia. Finalmente, seis meses después de que se requirieran estos datos, se han visto obligados a revelarlos tras un ‘ultimátum’ lanzado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y después de que Vozpópuli desvelase las viviendas oficiales de los demás miembros del Ejecutivo. En total, tal y como detalló este medio, residen en dependencias del Estado --con todos los suministros a cargo de los Presupuestos Generales-- 12 de los 22 ministros, además del ex ministro Illa y del presidente del Gobierno. Sin embargo, hasta el momento Díaz y Marlaska eran los únicos que no habían brindado las referencias sobre sus inmuebles".

La vivienda de Marlaska, por cierto, tiene "sólo" 218 metros cuadrados.

El texto del referido digital da cuenta de más datos. Por ejemplo, Illa disfrutaba de un piso de 412 metros y María Jesús Montero reside en una "zona privativa" de Hacienda de 143 metros cuadrados. Todo sea por la patria.

Algunos de los ministros ya están preparando la mudanza, aunque la crisis, según explica Ketty Garat en Libertad Digital se formalizará en septiembre. También explica que Miquel Iceta será ascendido a la categoría de vicepresidente primero en sustitución de Carmen Calvo, que será "promocionada" por Sánchez a la presidencia del partido. Escribe Garat que "la crisis de Gobierno no será hasta septiembre, como adelantó Libertad Digital, ante la intensa actividad internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (Letonia, Lituania y Estonia esta semana y gira por EEUU la próxima), y la ingente agenda legislativa que pretende aprobar el Ejecutivo este mes de julio (reforma de pensiones, Ley de Libertad Sexual, Memoria Democrática y Ley de Vivienda). Pero la expectativa generada en torno a su inminencia ha hecho aflorar los nervios de muchos ministros que intentar evitar su anunciada salida en las crónicas políticas a costa de redoblar su actividad y visibilidad pública. Es el caso de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, la primera en la parrilla de salida, que este lunes protagoniza hasta siete actos en su agenda frente a los dos de media del resto del gabinete de ministros. Sin embargo, el ejemplo de mayor trascendencia es el caso de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a quien la mayoría de las fuentes consultadas ven fuera del Ejecutivo en puesto político "más simbólico" como la presidencia del PSOE en el cual Cristina Narbona está de salida, tras varios meses sin protagonismo alguno".

Más cuitas de servidores públicos. "El Tribunal de Cuentas advierte de que Pere Aragonès cometerá un 'fraude de ley' si avala a los embargados del 'procés'" apunta Carlos Segovia en El Mundo. Y escribe: "El Tribunal de Cuentas advierte de que el plan del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de dar aval público a los embargados del procés constituye "un fraude de ley" y puede ser rechazado como fianza. Así lo aseguran a El Mundo fuentes del supremo organismo fiscalizador del Estado. "La delegada instructora debe decidir no sólo sobre la suficiencia, sino también sobre la legalidad de la fianza que se deposite. Corresponde a ella la valoración, pero sería un fraude de ley que una comunidad autónoma considerada parte perjudicada cubra la fianza de los responsables del perjuicio", señalan en el Tribunal de Cuentas".

Sigue Segovia: "Más de 30 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Carles Puigdemont o los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva, deben depositar una fianza de 5,4 millones de euros, bajo pena de embargo, por gastos indebidos utilizados en la red exterior del Govern catalán entre 2011 y 2017. La delegada instructora, Esperanza García, les ha dado 15 días hábiles y, según las fuentes consultadas, puede denegar cualquier ayuda con fondos públicos. "Confío en que la instructora rechace que la Generalitat dé algún tipo de aval público para evitarles el embargo y, en todo caso, tomaremos iniciativas para evitar este fraude de ley", asegura a este diario uno de los abogados que ejerce la acción popular en el Tribunal de Cuentas contra los independentistas, el presidente de Abogados Catalanes por la Constitución, Manuel Zunón".

En La Razón aseguran, por contra, que "ERC descarta que el Govern pague la multa por el “procés”". El texto es de Cristina Rubio y Javier Gallego y dice entre otras cosas que "Una vez más, los dos socios del Ejecutivo no se ponen de acuerdo y discrepan en público sobre cómo afrontar el pago: los posconvergentes quieren cargar a la Generalitat el aval de los 5,4 millones, mientras los republicanos esquivan esta vía y piden explícitamente reactivar ya la "solidaridad independentista" de la calle para afrontar el desembolso en un máximo de dos semanas y media. Eso sí, a falta de conocer qué ocurrirá con los avales, la Generalitat está estudiando cómo apoyar jurídicamente a las personas afectadas por las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas bajo el "principio de indemnidad", que garantiza el derecho de los funcionarios públicos a ser defendidos por su administración. En este sentido, también se está estudiando qué grado de cobertura puede tener este derecho a la defensa por si también pudiera incluir el pago de las fianzas".

Continúa la pieza: "Como primera fuerza al frente de la Generalitat, Esquerra conoce bien los peligros que entraña la maniobra de destinar fondos públicos para los avales –el Govern podría incurrir en posibles delitos de malversación o prevaricación– y busca fiar el montante a la hucha independentista que las entidades llevan promocionando y custodiando desde el 1-O. "Nuestra fuerza como movimiento independentista es la solidaridad", aseguró ayer la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta para pedir explícitamente que se retome la campaña de la Caja de Solidaridad de la ANC y Òmnium para recaudar fondos e ir pagando fianzas, multas o abogados por causas relacionadas con el procés. "Como sabemos que la solidaridad es nuestra principal fortaleza, queremos hacer evidente desde ahora hasta el 21 de julio [en referencia a la fecha límite para afrontar el pago ante el Tribunal de Cuentas] que hay un pueblo detrás acompañando a estas personas". apostilló".

Cambio de tercio. Conmoción por el asesinato con tintes homófobos de un joven en La Coruña. De El País: "El asesinato en la madrugada del sábado de Samuel Luiz, de 24 años, por una brutal paliza en A Coruña provocó ayer movilizaciones en varias ciudades españolas por parte del colectivo LGTBI. La policía aún no ha determinado la causa de la agresión y escudriña las cámaras de seguridad en busca de pruebas. Un coro de aplausos seguido de un armónico desplegar de paraguas arropó ayer en A Coruña a las amigas de Samuel Luiz, el joven asesinado la madrugada del sábado en la ciudad. Colectivos LGTBI de toda España han convocado movilizaciones en varias ciudades para pedir justicia para el enfermero, de 24 años, víctima mortal de un ataque con tintes homófobos cuyo móvil concreto es aún objeto de investigación. La Policía escudriña las cámaras de seguridad que grabaron la agresión, la principal prueba de cargo contra los autores del crimen. (...)  Las amigas que acompañaron a Samuel en sus últimos momentos pidieron en su intervención que el caso se resuelva y respeto para la familia, que no acudió a la concentración. Horas antes, Max Luiz, padre del enfermero, había pedido que el asesinato de su hijo no sea usado como “bandera”, y recomendó a quienes asistiesen a la concentración dejar donaciones de alimentos para Cruz Roja: “Sé que mi hijo habría sido feliz”. Las donaciones se apilaron detrás de una columna en los soportales del Palacio Municipal, resguardadas de la lluvia intermitente que acompañó la concentración".

Ayer nos dejaron dos mitos de la televisión española. Tico Medina murió a los 85 años y la gran Raffaella Carrà, a los 78. Carrà es la imagen portada en casi todos los periódicos. 

6 de julio, santoral: María Goretti, Ciriaca de Nicomedia, Dominica de Tropea, Goar, Justo de Condat, Morena, Paladio de Escocia, Pedro Wang Zuolong, Rómulo de Fiésole y Sísoes de Egipto.