El Síndic investiga las posibles irregularidades en las oposiciones a la Guardia Urbana de Barcelona
El defensor de los derechos de la ciudadanía quiere saber si el ayuntamiento está actuando para esclarecer los hechos y qué medidas adoptará si estos se confirman
8 junio, 2021 16:07El Síndic de Greuges investiga las presuntas irregularidades en las oposiciones del pasado sábado, 5 de junio, para el acceso al Cuerpo de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Estas fueron denunciadas por el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tras la publicación de un vídeo con el supuesto cuaderno de preguntas de uno de los exámenes y la plantilla de respuestas, mucho antes de la fecha prevista.
El defensor de los derechos de la ciudadanía ha abierto una actuación de oficio y ha contactado con el ayuntamiento para saber qué conocimientos tiene este sobre los hechos, así como si se han iniciado actuaciones para esclarecer lo ocurrido y cuáles serán las medidas previstas para adoptar en caso de que se confirme la veracidad de las informaciones, según ha informado el Síndic a través de un comunicado.
Pruebas sospechosas de haberse filtrado
Los aspirantes realizaron las tres primeras pruebas de la fase selectiva el pasado sábado por la mañana, pero los cuadernos de preguntas de los exámenes y sus respectivos solucionarios se publicaron mucho antes de lo previsto.
“El mismo sábado, en redes sociales se publicó un vídeo con el cuadernillo que presuntamente se corresponde con el de preguntas del test de razonamiento abstracto, que ya habría sido utilizado en la formación de los aspirantes, así como la plantilla de respuestas”, lamenta el Síndic.
Garantizar los principios de mérito y capacidad
De confirmarse estas irregularidades, la institución defensora de los derechos de la ciudadanía recuerda que “se pondría en cuestión el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a la función pública de toda la ciudadanía, establecidos en la Constitución Española”.
En este sentido, el Síndic ha destacado que las administraciones públicas, así como las entidades y organismos públicos, tienen que seleccionar a sus trabajadores siguiendo unos procedimientos que “garanticen los principios de mérito y capacidad”.