El Tribunal de Cuentas y la cuestión episcopal

Las agendas política y judicial de Cataluña colisionan el próximo martes en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en la Moncloa al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que acude a la cita con dos puntos inamovibles. Ya saben, amnistía y autodeterminación. El mismo día y en el Tribunal de Cuentas tendrán que comparecer los letrados de Mas, Puigdemont, Junqueras, Mas Colell, Homs, Rigau y un largo etcétera de exconsejeros y altos cargos de los años locos del procés, cuando la independencia estaba a tocar y lo mismo no había dinero para escuelas y hospitales, pero sí barra libre para internacionalizar la causa.

Las diligencias en el Tribunal de Cuentas (algo así como la Santa Inquisición para los independentistas) condicionarán el encuentro de tanteo entre Sánchez y Aragonès. Resulta que las cajas de resistencia del independentismo ya no dan más de sí tras haber pagado las fianzas y multas del 9-N y el 1-O. La gran solidaridad del pueblo secesionista ha permitido a los políticos y altos cargos, de Mas a Mas Colell y de Homs a Munté, Neus, preservar sus patrimonios personales y familiares. Pero la vaca ya no da más leche y diez millones de euros planean sobre los bolsillos de aquellos hombres y mujeres que nos iban a llevar a Ítaca conducidos por el ese capitán Schettino (Costa Concordia, recuerden) del proceso que fue el ínclito, inimitable e inigualable Mas i Gavarró.

Puede que haya gente entre las bases del independentismo que crea que la amnistía se reclama por los amigos de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se batieron el cobre quemando contenedores y apedreando a los Mossos cuando se publicó la sentencia del Supremo o cuando ingresó en la cárcel el rapero Pablo Hasel, pero resulta que en esos casos está personada la Generalitat como acusación particular. Así que la amnistía es para todos aquellos consellers y conselleres como el referido Mas-Colell o Irene Rigau que al parecer no sabían dónde se metían. Qué cosas. Y qué tiempos. In-inde-independència. Estaba tan a punt, tan a tocar, aquest any segur y tal. Todo el que pudo se fue sin pagar hasta que llegó el Tribunal de Cuentas. 

Dice El País que "El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la promoción exterior del ‘procés’". Y no sólo, sino que reclama otros 4,8 millones por la organización del 1-O porque todos esos empresarios estrategas que estaban en el estado mayor mucho hablar, pero no pusieron ni un duro y esa orgía de la democracia a la manera independentista la pagó todo el pueblo, como TV3.

Portada El País, 25 de junio de 2021

En el diario de Prisa escriben al respecto José María Brunet y José Antonio Hernández: "El Tribunal de Cuentas ha rechazado paralizar el expediente por responsabilidad contable por la promoción exterior del procés, como le habían pedido las defensas. Este expediente, que abarca la gestión del organismo Diplocat y varias consejerías, está abierto contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y contra los exconsellers Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, y otros 35 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana".

Sigue la pieza: "Todos ellos habían solicitado la suspensión de la comparecencia convocada en la sede del tribunal el próximo día 29, con objeto de proceder a la liquidación provisional de los gastos indebidos durante el procés. El cálculo del tribunal en un primer análisis es que se emplearon 5,4 millones de euros en promoción exterior y búsqueda de apoyos internacionales para el proyecto independentista. El informe de la instructora delegada, Esperanza García, tiene unos 500 folios. Hay otro expediente, más avanzado, en el que la cantidad reclamada a altos exresponsables de la Generalitat es de 4,8 millones de euros, en relación con los gastos realizados para la organización y desarrollo del referéndum ilegal del 1-O. De ahí que la suma global reclamada en ambos expedientes se sitúe alrededor de los 10 millones de euros. En todo caso, la cifra de 5,4 millones para los gastos de Diplocat y la acción exterior aún no es firme. El acto de liquidación provisional supone la comparecencia de los investigados o sus legales representantes, para hacer alegaciones y fijar indiciariamente la responsabilidad de cada uno. En medios del Tribunal de Cuentas se afirma que es muy probable que prosperen las peticiones de algunos de los citados, con lo que la cifra global reclamada finalmente puede ser menor".

Hay un cierto pesimismo en Moncloa tras el espectáculo de los expresidiarios del proceso al salir de prisión, según explica Ainhoa Martínez en La Razón: "En Moncloa son conscientes de que se la juegan. Han dado un paso muy importante, con la esperanza de no haberlo hecho en falso. 'No hay garantía de éxito', asumen en el Gabinete, horas después de activar tan 'trascendente' iniciativa. En el Gobierno creen que los indultos marcan un punto de inflexión, una nueva etapa para encarrilar la relación entre España y Cataluña, con la expectativa de poder reparar heridas. 'Es el momento propicio', confirman. Pero un momento en el que es necesaria una 'profunda reflexión por parte de las partes implicadas', señalan inmediatamente. Desde el entorno del presidente se reconoce que la medida de gracia 'no va a resolver lo que está pasando en Cataluña', pero confían en que pueda ser una palanca para abrir una ventana de oportunidad".

Portada de La Razón, 25 de junio de 2021

Continúa el texto: "En el Ejecutivo espolearon, desde el mismo momento en que se aprobó la medida de gracia, a los independentistas. 'El Gobierno ha dado un paso, ahora les toca a ellos', emplazan. Y eso es lo que esperan. La carta de Oriol Junqueras fue un gesto clave para la concesión de los indultos: para su justificación –se hizo referencia explícita a él en la argumentación de los mismos– y para desactivar el discurso de desgaste del 'lo volveremos a hacer' que se utilizaba para cuestionar la medida de gracia. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado de ERC y en Moncloa son plenamente conscientes del 'coste político' que asume la formación, que también tiene abordar su propio debate interno. Los republicanos hacen equilibrios. Quieren los indultos, pero al mismo tiempo mantienen una pugna abierta con Junts por la hegemonía soberanista y tampoco pueden permitir que el Gobierno central rentabilice en exclusiva el 'reencuentro'".

Es la misma tesis que sostienen Iván Gil y Marcos Lamelas en El Confidencial. "Crece el temor a que Aragonès, a quien se atribuye un mayor pragmatismo, sucumba a la presión de Junts y acabe renunciando a liderar un cambio de rumbo". "Sus equilibrios son complicados", apuntan en el sumario de una información que arranca así: "El Gobierno comienza a rebajar sus expectativas sobre los resultados de la 'operación diálogo' una vez concedidos los indultos. Si bien no se creen el desafío mostrado por los líderes independentistas a la salida de prisión, al enmarcarlo en una escenificación 'previsible', su temor tiene más que ver con que la presión de Junts sobre ERC acabe haciendo descarrilar el diálogo. 'No somos pesimistas, pero sí realistas', reconoce un ministro, que pide tiempo para que se madure la nueva realidad. Desde el Ejecutivo, entienden que este proceso de distensión y normalización, con la mesa de diálogo en el centro, les tocaría liderarlo a los republicanos, a quienes atribuyen más muestras de pragmatismo. Su visión es que ahora toca que se entiendan entre ellos y acuerden una hoja de ruta asumible dentro del marco constitucional".

Los obispos del solar hispano se han sumado a sus colegas prelados de la Conferencia Episcopal Tarraconense en el sustento de la intrínseca bondad de los indultos. Sin embargo y en El Mundo atisban que ese apoyo no es tan cerrado y homogéneo como se insinúa en La Vanguardia. En el diario de Unedisa escribe Oriol Trillas que "Omella divide a la Iglesia al imponer el apoyo a los indultos". Este es parte de su relato: "El martes y el miércoles se reunió la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el órgano intermedio entre la Comisión Ejecutiva y la Asamblea Plenaria, a la que asisten todos los arzobispos metropolitanos y presidentes de comisiones episcopales. La convocatoria llegaba con polémica después del apoyo de los obispos catalanes al indulto de los presos del procés. Y tras dos sesiones de conciliábulo, silencio. Pero la sorpresa saltaba en la rueda de prensa del obispo-secretario, Monseñor Luis Argüello, ayer. El prelado-portavoz aseguraba que los obispos españoles habían coincidido con sus homólogos catalanes en la necesidad «del diálogo» y llegaba a calificar la nota de la Tarraconense como 'valiosa', reconociendo el «esfuerzo» que han hecho en esta situación «que divide a la sociedad catalana y que también puede causar tensiones fuertes en la sociedad española». Sin embargo, las atrevidas palabras de Argüello no se correspondían con el debate previo entre los obispos. La controversia era el final de la operación Omella, desencadenada la pasada semana. Entonces, se llevó a cabo la reunión de la mal llamada Conferencia Episcopal Tarraconense, en la que los obispos catalanes votaron a favor de una nota indisimuladamente favorable a los indultos. Como Omella presumía la tormenta en la reunión de la Permanente de la CEE que debía tener lugar la semana posterior, estuvo vendiendo a sus hermanos en el episcopado que él se ausentó voluntariamente de la discusión con sus colegas catalanes, con la finalidad de no incurrir en incompatibilidad con su cargo de Presidente de los obispos españoles. (...) En la capital siguió contemporizando con aquel extraño abandono del debate, que venía propagando desde el momento en que salió publicada la polémica nota. Quería tener una Permanente de la CEE tranquila y no exasperar al gobierno socialista, que es una de sus auténticas obsesiones desde que fue elegido (marzo de 2020). Lo consiguió a medias: hubo una tremenda discusión entre los monseñores y se acordó no publicar ninguna nota -ni a favor ni en contra- y dejarlo en manos del portavoz Argüello, que ya sabría salir del trance con su proverbial mano izquierda con los medios".

Pues el portavoz hizo caso a Omella que para eso es la mano derecha del papa Bergoglio en España y se mueve con la astucia y soltura de los políticos romanos. 

Más de los indultos. Siguen las encuestas. Sondeo de Sociométrica para El Español: "El 73% sigue rechazando los indultos porque “serán un aliciente para repetir el desafío” separatista". En Vozpópuli recopilan los trabajos demoscópicos más recientes para concluir que "los indultos dan la puntilla a la credibilidad de Sánchez". Según esta información, "el promedio de las últimas encuestas publicadas da al PP una ventaja de más de 30 escaños sobre los socialistas". El texto es de Alberto Sierra, que escribe: "'Sánchez se desploma a consecuencia de la pérdida de credibilidad. Su gran problema es haber negado sistemáticamente lo que ha acabado haciendo. Dijo que traería a Puigdemont y lo que ha hecho es finalmente conceder los indultos, igual que antes dijo que no podría dormir con Podemos en la Moncloa o que no pactaría con Bildu", explica Narciso Michavila, presidente de GAD3. 'Le está pasando igual que a Mariano Rajoy en 2012, cuando se desplomó en las encuestas por subir los impuestos tras prometer en campaña que iba a bajarlos', añade".

Vozpópuli, 25 de junio de 2021

Sigue la nota líneas después: "'Aunque al PSOE los indultos le han servido para frenar su caída en los sondeos, con ellos no ha conseguido subir sino que sigue bajando, al contrario de lo que esperaba Sánchez con sus apelaciones a la concordia. Baja menos, pero sigue bajando', indica César Calderón, director general de RedLines. Otras firmas encuestadoras privadas dan al PP una ventaja algo menor de la estimada por GAD3, tanto en número de escaños y porcentaje de voto sobre el PSOE. El barómetro de junio de Sigma Dos para Antena 3 afirma que el PP obtendría el 30,1% de los votos y 133 escaños, mientras el PSOE se quedaría con el 24,5% de las papeletas y 96 diputados. Solo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sigue manteniendo a los socialistas por delante del PP, pero incluso el organismo presidido por José Félix Tezanos reducía la semana pasada a 3,5 puntos la ventaja de Sánchez sobre el partido de Pablo Casado (un punto menos que en mayo) en plena polémica por los indultos".

eldiario.es, 25 de junio de 2021

Pero hay otros temas. Hoy es el último día de las mascarillas obligatorias al aire libre y el Gobierno autoriza la presencia de público en los estadios y recintos deportivos al cien por cien de su capacidad. La vida se abre paso a pesar de las dudas y amenazas en lontananza. Y superado el trance de los indultos, el Gobierno vuelve a sus discusiones sobre la carpeta social. "La negociación de la ley de vivienda y el precio de la luz reactivan la tensión en el Gobierno" apunta El Diario. Los autores de la información son Aitor Rivero e Irene Castro: "'Esta ambición se debe trasladar a la consolidación de la agenda social'. La frase de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, el día en el que el Consejo de Ministros aprobaba los indultos de los políticos catalanes condenados por el procés revela el estado de la relación en el seno del Ejecutivo de coalición. En Unidas Podemos están satisfechos por ver cómo se ha asumido una propuesta que hasta hace nada entre los grandes partidos solo defendían ellos. Pero vuelve cierto clima de impaciencia por lo que consideran un desarrollo lento y poco profundo de la agenda social".

Prosigue la nota: "Un caso claro ha sido el de este jueves. Casi una década después de que Mariano Rajoy situara de forma generalizada el IVA de la electricidad en el 21%, el Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos ha aprobado reducirlo al 10%, de forma temporal y cuando se den determinadas condiciones de mercado, para intentar contener las continuas subidas del precio de la luz que han situado el recibo en máximos históricos. Una medida que se suma a las ya aprobadas por el Consejo de Ministros en las últimas semanas, como la eliminación de los llamados 'beneficios caídos del cielo', pero cuya ejecución no termina de convencer a los aliados del Ejecutivo de Pedro Sánchez ni al socio minoritario de la coalición".

En cuanto al resto de los temas en liza, Rivero y Castro apuntan que "los socios del Gobierno también mantienen discrepancias por otras políticas sociales. La que más encallada está es, sin duda, la ley de vivienda, que acumula meses y meses de retraso sin que se logre una salida consensuada. El quid de la cuestión está en una frase del acuerdo que permitió que viera la luz el proyecto de Presupuestos Generales para este año: "Se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes". Para Unidas Podemos es evidente que la futura ley debe incluir medidas expresamente dirigidas a bajar el precio de los alquileres. Para el PSOE, las medidas pactadas hasta ahora ya tendrían que lograr esa bajada, por lo que dan por cumplido el acuerdo".

Los medios recogen la muerte del editor Xavier Folch, referente de la literatura y la izquierda catalanas. 

25 de junio, santoral: Adalberto, Eurosia, Francisco Do Minh Chieu, Galicano de Alejandría Guillermo de Goleto, Próspero de Aquitania, Salomón de Bretaña, Tigris de Maurienne, Sosípatro y Máximo de Turín.