La fecha electoral de la discordia y vacunas al alza

Hoy se decide, en teoría, la fecha de las elecciones catalanas. Queda descartado el 14 de febrero. El PSC apuntó a última hora de ayer que se aviene al aplazamiento, pero no hasta finales de mayo, sino a marzo, antes de la Semana Santa. El gran beneficiado de la pugna preelectoral es Junts per Catalunya (JxCat). El partido de Puigdemont gana un tiempo precioso para proseguir en el sprint con ERC. Cada oleada demoscópica les acerca más a ERC, que acusa el desgaste provocado por la gestión de la pandemia. El tercer hombre, Illa, requiere que los acontecimientos discurran con rapidez. Necesita del efecto sorpresa para disputar el triunfo a los partidos independentistas.

Se trata de una endemoniada partida de cartas marcadas. El Govern aboga por el aplazamiento y el Gobierno le advierte de las escasas asideras legales de la apuesta. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, Cataluña carece de una ley electoral propia por pura conveniencia de los partidos nacionalistas. Galicia y el País Vasco recurrieron a sus respectivas normas para aplazar los comicios. Aquí se alude a la situación epidemiológica, ciertamente compleja.

Si fuera por los médicos, las elecciones no se celebrarían ni el 14 de febrero ni antes del verano. Son partidarios de los confinamientos duros, de la reclusión domiciliaria y hasta de la ley marcial. Es como cuando prohíben el tabaco, que no dejan fumar ni tres, ni dos, ni uno. En cambio, los criterios políticos han cambiado. El confinamiento ya no se lleva. Se prefieren medidas menos invasivas y con menos afectación económica también. 

El PSOE se ha quedado solo respecto a las elecciones catalanas y la prensa de naturaleza conservadora atisba toda clase de intereses espurios en esa posición. Así en El Mundo aseguran que "Salvador Illa vetó los confinamientos que le pidieron cinco comunidades ante las elecciones catalanas". La nota es de Juanma Lamet, que escribe: "Este viernes se debate la suspensión de los comicios autonómicos, por motivos sanitarios. La idea de las dos formaciones que sustentan el Govern --ERC y JxCAT-- es convocarlas de nuevo para mayo, y confían en lograr un acuerdo unánime. De los grandes partidos con representación en el Parlamento catalán, sólo hay un candidato que se ha mostrado claramente en contra, no es otro que el ministro de Sanidad. Su partido, el PSC, preferiría no atrasar la cita con las urnas. Hoy se puede ver obligado a apoyarlo, siquiera por un mes: hasta marzo. Una opción que no agrada a los independentistas, cuyos informes sanitarios prevén varias semanas de alta incidencia y peligro".

Sigue la pieza: "Pues bien, Salvador Illa se niega a ampliar ya las restricciones en las autonomías. Ni confinar ni toque de queda. No antes de saber qué pasa con sus elecciones. Así lo anunció en el Consejo Interterritorial del Sistema de Sanidad Pública, según ha podido saber El Mundo: "Hay recorrido de medidas a tomar por las comunidades autónomas" antes de llegar al confinamiento. Si se produjese un confinamiento ahora, la Generalitat tendría seguro el aval jurídico para posponer las elecciones catalanas. Pero con las limitaciones actuales no está tan clara la cosa, ya que la Ley Electoral no estipula que se puedan posponer unos comicios de convocatoria forzosa, como es este caso --por la inhabilitación de Quim Torra--. Y si los ciudadanos pueden salir para ir a comer a un restaurante, ¿por qué no a votar?".

Esa es la tesis que defendió la portavoz socialista en el Parlament, Eva Granados. La diputada considera que al virus no hay que tenerle miedo, sino respeto. Ocurre también que no está del todo claro que el Govern haya hecho los deberes en materia organizativa para celebrar unas elecciones pandémicas con el mínimo riesgo, aunque de ese extremo no se habla. Es más, se da por hecho como un artículo de fe que la Generalitat dispone de un listado de grandes instalaciones para trasladar los comicios de los estrechos colegios a pabellones polideportivos, así como de protocolos para los componentes de las mesas y los votantes.

En El Confidencial escribe sobre el asunto del aplazamiento electoral Fernando Garea, quien asegura que tal retraso compromete los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La operación consistía en propulsar a Illa del ministerio a la presidencia de la Generalitat. Escribe Garea: "Si este viernes los partidos optan por aplazar las elecciones hasta el mes de mayo, esta estrategia cae o, al menos, debe ser repensada por los socialistas. (...) Para empezar, se perdería el factor sorpresa, que ha funcionado en el último mes y que desconcertó a todos los demás partidos. Para los socialistas, ha funcionado que el centro del debate en las últimas semanas sea Illa y ahora deben mantenerlo hasta mayo, si es que hay aplazamiento. Quedarían cuatro meses hasta las elecciones, con una situación de desgaste del ministro de Sanidad y candidato del PSC y, precisamente, en un momento de grave rebrote de la pandemia".

Y a mayor abundamiento está el tema de los indultos, que recoge el Abc en una pieza titulada así: "El retraso del 14-F forzaría a Sánchez a decidir sobre los indultos antes de los comicios". En efecto, el PSOE pretendía esperar a después de las elecciones para abordar el expediente a pesar de que sus socios podemitas exigían una resolución por la vía de la máxima urgencia.

Pandemia. España ha tropezado con las mismas piedras. "Los errores que nos han llevado a la tercera ola: de nuevo una rápida desescalada y priorizar la economía" titula Público. La pieza es de Beatriz Asuar Gallego y arranca así: "Los contagios se han disparado con la tercera ola de la pandemia y hay varios errores claves que explican cómo se ha vuelto a llegar una incidencia superior a los 500 casos (por 100.000 habitantes). Expertos consultados por Público achacan la gravedad de la situación a desescaladas demasiado rápidas que provocaron que se llegara a la Navidad con una incidencia demasiado alta como para mantener una situación epidemiológica asumible durante las fiestas. Priorizar la economía, pese a que esta es imposible que avance si no se cuida la salud, es otro de los motivos que explican el crecimiento de los casos covid".

Sigue el texto párrafos después: "El experto (el epidemiólogo y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología Pedro Gullón) apunta que se ve no se tendría que haber apostado por las desescaladas cuando se notaron los "pequeños indicios de subida" en diciembre. En ese mes, comunidades como Catalunya o Andalucía comenzaron a relajar las medidas y esto se relacionó con "un aumento de casos" o una "disminución del descenso". "Para poder haber llegado a Navidad con una situación aceptable, no en el sentido de salvar la Navidad pero sí de llegar con la incidencia más baja, se tendría que haber extendido el cierre de hostelería o un control sobre las compras navideñas", explica el experto a Público".

No todo son malas noticias. El país está entre los que con más celeridad está vacunando. 95.000 inyecciones al día, constata El País. La información viene con la firma de Emilio de Benito: "La tercera semana de vacunación de la covid muestra una sustancial mejoría en la administración de la primera dosis de la vacuna. Y ello pese al efecto del temporal Filomena. Las comunidades, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, inyectan ya casi tantas dosis en un día (94.548 ayer) como hicieron en la primera semana (99.753), que acabó con los días de Nochevieja y Año Nuevo. Aun así, para alcanzar el objetivo del Gobierno de tener 30 millones de vacunados en verano, habría que aumentar el ritmo. Si solo se usaran vacunas de dos dosis, e inmunizando los fines de semana, para llegar a 30 millones de personas el 1 de julio (quedan 23 semanas) habría que vacunar totalmente a 1,3 millones de personas a la semana, o, lo que es lo mismo, poner 2,6 millones de vacunas. Como el ritmo actual es de unas 700.000 semanales, tendrían que multiplicarse por cuatro para llegar. La siguiente vacuna que se espera, de Oxford/AstraZeneca, también necesita dos dosis como las de Pfizer y Moderna. La de Janssen es de una".

Continúa la nota: "Los portavoces de las consejerías coinciden en que la mejoría en el ritmo de inmunización se debe a que la organización está más rodada, y los profesionales están ya más seguros utilizando un medicamento algo más complicado que los que están acostumbrados a administrar. Además, casi todas las comunidades han empezado a vacunar ya al personal de los centros sanitarios, lo que facilita las cosas: hay más población diana en un mismo lugar, los equipos de vacunación están muchas veces en el mismo sitio y no tienen que desplazarse, y las instalaciones están preparadas para manejar estos productos que necesitan frío para su conservación; algo que no sucedía con la primera fase, la de las residencias, a las que había que desplazar a profesionales que, al principio, no tenían experiencia con este fármaco. El avance es general, pero destaca el de las comunidades que empezaron más despacio. Aunque Madrid es la segunda más lenta, ayer puso 14.000. Es la cuarta en números absolutos de España, y ya ha administrado el 42% de las recibidas. Las más activas son Melilla (91%) y Comunidad Valenciana (85%)".

Además, hasta el PP parece estar dispuesto a echar una mano al Gobierno, cosa inédita durante la pandemia. Según escribe Carmen Morodo en La Razón, "Casado ofrece replantear su “no” al estado de alarma para confinar" y "Génova no descarta ahora dar respaldo a esta medida excepcional ante la presión autonómica". Se trata de facilitar que comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos como Andalucía y Castilla y León puedan recurrir al comodín de la reclusión domiciliaria.

Economía. "La Unión Europea advierte por escrito de que sin reformas no liberará los fondos" titula Vozpópuli, que advierte en un sumario que "salvo el 13% que se podrá recibir como adelanto, Bruselas no desembolsará el dinero hasta que compruebe la ejecución de las reformas". El texto es de Alejandra Olcese: "El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del fondo de recuperación y resiliencia --del que España recibirá hasta 140.000 millones de euros-- y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas. Así lo han decido estas tres instituciones: el Parlamento -l-a cámara legislativa integrada por 705 eurodiputados--, el Consejo Europeo -c-ompuesto por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los países y su presidente, Charles Michel-- y la Comisión Europea --formada por 26 comisarios y encargada de elaborar las propuestas de nueva legislación, vigilar el cumplimiento de las normas comunitarias y fijar las prioridades de gasto de la UE--".

Continúa la información líneas después: "En el caso de España esto supone abordar una reforma del mercado laboral y otra del sistema público de pensiones, fomentar la transición energética e inversión en I+D, la transición digital y el cambio climático, mejorar la gestión de las finanzas públicas y acometer una serie de retos sociales como reducir el abandono escolar o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, entre otras. La laboral y la de pensiones pueden ser las dos reformas estructurales más problemáticas, ya que para sacarlas adelante el Gobierno necesita el apoyo de su socio, Unidas Podemos, quien ya ha manifestado que no dará su consentimiento".

15 de enero, santoral: Ableberto, Alejandro el Acemeta, Arnoldo Janssen, Bonito, Efisio, Francisco Fernández, Isidoro de Alejandría, Ita, Juan Calibita, Macario el Viejo, Malardo, Mauro, Remigio de Reims, Secundina, Tarsicia, Yeudiel.