ERC y el café fiscal para todos y críticas al plan de vacunas

Después de tres años de Presupuestos de Cristóbal Montoro prorrogados, el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de arbitrar unos nuevos números. Hay bofetadas por apoyar al Ejecutivo, tantas que ERC, Bildu y el PNV se han apresurado a anunciar que respaldarán las cuentas del Estado ante el riesgo de que Sánchez pactara con Ciudadanos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, pretende erigirse en el gran muñidor del pacto, reposición del acuerdo de investidura mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no pierde la fe y seguirá intentando ser la elegida como muleta hasta el último segundo. Resulta que el Gobierno con menos sustento parlamentario de la historia tiene donde elegir con quien saca adelante los Presupuestos Generales del Estado, que son algo así como la argamasa de la gobernabilidad.

Hay una cierta tendencia en la prensa no hostil al Gobierno a solapar la contribución de Bildu. Así y en La Vanguardia titulan que "Esquerra y PNV garantizan a Sánchez la aprobación de los presupuestos". En el texto sí que se incluye en la ecuación a los abertzales. Escriben Carmen del Riego y Àlex Tort: "Habrá presupuestos para el 2021 y Pedro Sánchez parece haber ele­gido con quiénes los quiere. Si EH Bildu anunció el lunes su voto favorable a las cuentas del Estado, ayer fueron primero el PNV y después ERC quienes hicieron oficial su apoyo al proyecto del Gobierno. Un anuncio por parte de Esquerra con el que intentó descolgar a Ciudadanos –por aquello de la incompatibilidad entre unos y otros– de la negociación paralela con el Ejecutivo central, pero que de momento no ha fructificado, pues el partido naranja aseguró que luchará hasta el jueves de la semana que viene, cuando se sometan a votación los números, para decantarlos a sus postulados".

Portada de 'La Vanguardia' del 25 de noviembre de 2020 / KIOSKO.NET

Sigue la pieza: "El “preacuerdo” anunciado por Gabriel Rufián facilitará los votos de los republicanos, aunque el adelanto del puñado de medidas pac­tadas con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no desvelaba el coste del acuerdo. El anuncio buscaba dejar fuera de la carrera a Ciudadanos – “les hemos roto las piernas”, presumían desde ERC en Madrid–, aunque el voto afirmativo del PNV y Bildu relativizaba las necesidades del Ejecutivo".

Y: "La lista de acuerdos adelantados públicamente es breve: ampliación de la moratoria del pago a la Seguridad Social de los autónomos hasta marzo del 2021, un trimestre más, con el compromiso de ir ampliándolo según las necesidades; la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal “total, justa y progresiva” y la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas para “acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave prejuicio en estos momentos de emergencia social para la clase trabajadora”, afirmó Rufián".

Ese supuesto "dumping fiscal" se sustenta en la capacidad autonómica de las autonomías del sistema autonómico, razón por la que ERC podría hacer lo mismo, es decir trincar menos impuestos. Sin embargo, prefiere otra cosa y esa otra cosa que prefiere ERC es uniformar España. ¿Cómo? Como lo oyen. De la crónica de Javier Casqueiro en El País: "ERC destacó que había logrado que el Ejecutivo central apoye la creación de un comité bilateral para el estudio de una “reforma fiscal total, justa y progresiva”. Y ahí es donde se ha incluido un grupo de trabajo sobre un impuesto más progresivo para las grandes fortunas y “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”. El partido republicano e independentista catalán reclama hace tiempo un mismo impuesto de patrimonio para toda España para acabar y “armonizar” las diferencias actuales entre territorios".

Portada de 'El País' de 25 de noviembre de 2020 / KIOSKO.NET

Muy bien, viva la armonización y el café para todos. En Nació Digital prefieren subrayar otras excelencias del acuerdo de ERC, como que la Generalitat será la encargada de gestionar el Ingreso Mínimo Vital. La pieza viene con la firma de Sara González: "Segons ha pogut saber NacióDigital, aquest principi d'entesa inclou que la Generalitat gestioni l'ingrés mínim vital (IMV), una prerrogativa que fins ara només tenen Euskadi i Navarra. Els republicans explicaran aquest dimecres més detalls del marc de l'acord, però la gestió d'aquest ajut per als col·lectius més vulnerables serà un dels principals compromisos estrella. També ho serà l'aixecament del control per part de l'Estat de les despeses de la Generalitat, obligada a enviar cada mes un certificat de l'interventor, un compromís que ja ha estat avançat pels republicans".

Y añade González: "La gestió de l'IMV es tracta d'una reivindicació que fa el Govern des de finals de maig, quan la prestació va ser aprovada pel govern espanyol, ja que l'executiu català entén que és ell qui té la competència per portar les regnes d'una prestació d'aquestes característiques. Així ho va reivindicar el mateix Quim Torra en una conferència de presidents durant la primera onada de la pandèmia i, de fet, el Govern va anunciar al juliol que portaria aquest conflicte competencial al Tribunal Constitucional".

En El Mundo los apuntes sobre los Presupuestos son sumamente críticos. El titular de portada es que "Sánchez remata sus cesiones con una alianza contra Madrid". Dichas cesiones son según el diario de Unedisa "lengua, fiscalidad y control del Estado". Eso del control del Estado hace alusión a la retirada del Ejército del cuartel vasco de Loyola en San Sebastián. Raro que no se haya hablado todavía del cuartel del Bruc a la entrada de la Diagonal. 

Mientras tanto, el SEPE sigue colapsado. "Hasta tres meses de espera para cobrar el paro" denuncia El Español. Escribe Eduardo Ortega Socorro: "La situación en las oficinas de empleo se agrava. A pesar de que el Gobierno asegura que solo hay problemas puntuales, los retrasos en el pago de las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se han recrudecido. Las demoras ya han llegado incluso a las nóminas de desempleo. Según ha podido saber Invertia, miles de españoles que han sido despedidos tendrán que esperar hasta tres meses para poder apuntarse al paro y cobrar sus prestaciones de desempleo. Así lo indican diversas fuentes, que alertan de que el problema se concentra en Madrid, Barcelona y Baleares. (...) Hay varias causas para que se haya llegado a esta situación. Pero la más importante ha sido la irrupción, de nuevo, de miles de expedientes relacionados con los ERTE. Concretamente, 150.000 empresas que decidieron cambiar de fórmula de ERTE con la última prórroga y presentaron documentación nueva en octubre".

Vacunación. El Gobierno recibe bofetadas a diestra y siniestra. En El Confidencial titulan de apertura que "Sánchez presenta como plan de vacunación pionero un 'cortapega' de informes europeos". Escriben Antonio Villareal y Carlos Barragan: "Ayer, España presentó su plan de vacunación contra el Covid-19, un documento de líneas maestras anticipado por el presidente del Gobierno el fin de semana pasado y en el cual, según explicó, se lleva trabajando desde el mes de septiembre. El plan presentado ha acabado siendo un brindis al sol de 18 páginas que pueden resumirse en tres mantras: la vacuna será gratuita, se administrará en los 13.122 centros de salud o consultorios locales ya existentes en el Sistema Nacional de Salud y se priorizará a los colectivos más vulnerables, como ancianos en residencias o trabajadores sanitarios. Todo esto era conocido o al menos esperable, pero ¿acaso era posible ser más concreto, habida cuenta de que aún no hay vacunas aprobadas y que muchos datos sobre las mismas —por ejemplo, el grado de protección que confieren a los mayores— aún se desconocen? Un análisis de los planes ya presentados por los países de nuestro entorno inclina a pensar que sí, que una estrategia algo más ambiciosa era posible".

Continúa el texto: "La publicada por el Ministerio de Sanidad ayer, pese a ser de las más recientes, palidece en concreción frente a los planes publicados hace semanas por países pequeños como Estonia o Grecia, que llega a precisar el número de personas que podrían vacunarse mensualmente en 2.117.440 griegos. Lo que han hecho en el Gobierno —y así lo reconocen en el propio documento presentado ayer— es básicamente adaptar a nuestra lengua y situación las líneas básicas de unas guías de vacunación publicadas en octubre por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y por la Comisión Europea".

Más dura si cabe es la información de El País, que en un faldón de su portada apunta: "Sanidad concreta la vacunación de solo un 5% de la población". La nota es de Pablo Linde, quien escribe: "El Gobierno prevé comenzar la vacunación contra el covid en enero por grupos prioritarios de población: en primer lugar, los internos en residencias y sus cuidadores; en segundo, el personal sanitario en primera línea; en tercero, el resto de personal sanitario y sociosanitario y, después, los grandes dependientes. Son en total 2,5 millones de personas que recibirán la inmunización entre enero y marzo. Pero el plan de vacunación que presentó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, evita fijar fecha para el resto, es decir, el 95% de la población. La segunda fase se extendería hasta junio centrada en otros grupos de riesgo: mayores y personas con patologías. El resto de la población iría después".

25 de noviembre, santoral: Adelardo, Alano, Dubricio, Catalina de Alejandría, Erasmo, García de Arlanza, Gonzalo obispo, Jucunda, Márculo, Maurino, Mercurio, Moisés mártir, Pedro obispo y mártir, Pedro Yi Hoyong y Riel.