Guerra judicial, desastre económico y cierre de bares

Emergencia sanitaria, recesión económica y crisis institucional. Si España no es un Estado fallido, colosales fuerzas operan en pos de conseguirlo. Un expediente se solapa con otro, el coronavirus con la previsiones del FMI y éstas, con la guerra entre Gobierno y oposición en el campo de operaciones del Poder Judicial. De los pactos de la Moncloa que invocó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al principio de la pandemia se ha pasado a una lucha sin cuartel y donde no se hacen prisioneros. La renovacion de la cúpula judicial es el último teatro de operaciones. Socialistas y podemitas amagan con una maniobra que dinamitaría los viejos consensos de la política española ante la negativa del PP a pactar la renovación del Consejo General, órgano que ya ha superado de largo su fecha de caducidad.

La operación de los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos descabalgaría a Carlos Lesmes y voltearía el equilibrio de fuerzas a favor del Gobierno. Es portada y apertura en todos los medios que no optan por el cierre de los bares y restaurantes en Cataluña. Así, en El Confidencial Beatriz Parera y Fernando Garea escriben que "la reforma que prevé aprobar el Gobierno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya está en marcha y su aprobación no significará exclusivamente el fin del periodo de mandato del órgano que ahora preside Carlos Lesmes. La iniciativa parlamentaria registrada por el PSOE y Podemos este martes impondrá un completo dominio del Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. La proposición de ley tendrá efectos inmediatos. Además de eliminar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, supondrá que el Ejecutivo controle de forma directa a un total de 17 de los 21 miembros del Consejo".

Sigue la nota: "Si se aprueba, se aplicará a finales de año, para elegir un Consejo sin la oposición. Y servirá para futuras renovaciones en las que si el PP vuelve a tener mayoría de la Cámara podrá tener también consejos en los que podrá tomar decisiones sin necesidad de pactar nada con el sector progresista. Ahora tiene mayoría en el que se niega a renovar, pero los conservadores están obligados a pactar con los progresistas los nombramientos, como ocurrió recientemente. Se da la circunstancia de que el actual Gobierno tiene tres ministros que han sido vocales del CGPJ: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo. Los tres han participado en negociaciones y acuerdos en el seno del Consejo para pactar esos nombramientos y, a veces, cuando el CGPJ ya había cumplido con el plazo previsto de cinco años de mandato".

En El Independiente es Carmen Lucas-Torres quien describe las claves de la operación y el mayúsculo rebote de las asociaciones de magistrados, que amenazan con presionar en Europa con la tesis de que España quiere ser Hungría o Polonia: "Tanto las asociaciones de jueces, como miembros del CGPJ y la Asociación Europea de Magistrados criticaron que la reforma politizará aún más la elección de magistrados y dejará en manos de los partidos mayoritarios, coincidentes con el Gobierno de turno, la designación de los representantes del Poder Judicial. Desde estos ámbitos avanzaron que comienza una «batalla» ante las instituciones europeas contra lo que consideran es un ataque a la independencia judicial".

Continúa Lucas-Torres: "Tres de las cuatro asociaciones judiciales calificaron la proposición de 'atropello', consideraron que supone un 'ataque a la división de poderes' e incluso plantearon sus temores ante la posibilidad de que una reforma 'antidemocrática' salga adelante. Con la propuesta de los dos grupos parlamentarios, a cuyo texto íntegro tuvo acceso El Independiente, los dos partidos de Gobierno pretenden que los vocales judiciales del órgano de Gobierno de los jueces puedan ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto sería posible, según la nueva redacción del artículo 572 de la propuesta, en una segunda votación en caso de que la primera fuera fallida. Para sacarla adelante, los dos partidos necesitan una mayoría absoluta (176 votos) del Parlamento que ya tendrían asegurados. Al hacerlo por medio de una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, no necesitan contar con el informe preceptivo del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal que sí haría falta si la iniciativa hubiera partido del Gobierno".

Por si no fuera suficiente, la situación económica se balancea entre lo trágico y lo dantesco, "El FMI señala a España por la peor recesión y el déficit récord" afirma El País en su portada con las firmas de L. Doncel e I. Fariza, quienes escriben: "El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer de que la recuperación de la brutal crisis económica provocada por la pandemia será lenta, desigual y difícil en todo el mundo. Pese a ello, mejoró ligeramente sus previsiones para este año en la mayoría de los países, con la principal excepción de España. La economía española será, según el Fondo, la que sufra este año una mayor caída (del 12,8%) entre todas las grandes economías, un desplome superior incluso al que espera el Gobierno".

El País, 14 de octubre

Prosigue el texto: "El FMI, además, cree que el déficit desbordará las previsiones y será este año del 14,1% del producto interior bruto (PIB), el mayor registrado en España al menos desde la Guerra Civil. Eso elevará la deuda al 123% del PIB, la más elevada en más de un siglo y una de las mayores del mundo. Con semejante desplome económico y con el lastre del déficit y la deuda, el Fondo cree que la tasa de paro española no volverá al nivel previo a la pandemia al menos hasta 2026, y eso a pesar de pronosticar cinco años de recuperación tras el hundimiento de este año. La pandemia deja en España un panorama desolador. No solo por el golpe del confinamiento de primavera —que en el segundo trimestre provocó el mayor desplome de la actividad en la Unión Europea— ni por encabezar la segunda oleada de infecciones tras el verano. El desastre económico en 2020 será peor en España que en cualquier país del entorno".

Tan nefastas previsiones proceden de datos como que ya se han perdido cien mil negocios en un año, según una pieza de Susana Alcelay en ABC: "La gestión de la pandemia sigue devorando empresas en España. Cuando a duras penas, y de forma muy lenta, nuestro país recuperaba músculo empresarial, el mes de agosto, muy marcado por el turismo, dejó una sangría de 8.184 empresas. Tras este desplome son ya 100.000 los negocios arruinados en un año (agosto de 2019-agosto de 2020)".

Sigue la nota: "El parón económico primero, y el escaso respaldo de las ayudas después, ha terminado provocando la asfixia de empresas, especialmente microempresas y autónomos empleadores, pequeños negocios que son la base del tejido productivo. Muchas se han visto obligadas a despedir a todos sus trabajadores y a bajar sin remedio la persiana. Son la parte más frágil de todo el tejido productivo y su capacidad para sobrevivir sin ingresos y sin actividad es muy limitada en una recesión en la que han tenido un respaldo frágil si se compara con el recibido en otros países europeos. El apoyo a las empresas ha sido, por ejemplo, seis veces menor que en Alemania y la mitad que en Francia o Italia (medido en tanto por ciento del PIB). Y este respaldo al tejido productivo será decisivo para activar la recuperación económica".

portada abc 14 de octubre

Cataluña. Abundando en lo anterior, Crónica Global abre con el previsible cierre de bares y restaurantes. "Réquiem por la restauración en Barcelona" es el titular de la información que firma Ricard López y que arranca así: "El gremio de la restauración de Cataluña afronta con desasosiego las horas previas a su reunión de este miércoles con representantes del Govern. El sector vive con el corazón en un puño después de trascender que la Generalitat se plantea imponer un cierre total de bares y restaurantes durante los próximos 15 días en toda la comunidad. Una medida drástica para frenar la rápida propagación de contagios y rebrotes de la pandemia de coronavirus que, según fuentes de la restauración, significaría la puntilla definitiva y el cierre definitivo para muchos bares y restaurantes".

Política catalana. Que dice Torra que estaba dispuesto a ir a la cárcel y que no se imaginaba que la política consistía en decir una cosa en público y la contraria en privado. Y pretende que el común le crea. Del e-notícies: "L’expresident de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que “quan vaig acceptar ser president, estava disposat a assumir tots els sacrificis. També anar a la presó”. “Jo pensava que anava a la presó. Pensava que seguiríem la mateixa línia de lluita que els nostres companys havien plantejat. Estava mentalitzat a entrar-hi”, ha argumentat. (...) "M'ha decebut el funcionament dels partits polítics. M'ha sobtat el doble llenguatge que existeix a la política catalana. Per sobre la taula n'hi ha un i per sota, un altre”, ha sentenciat".

Hoy se cumple un año de la sentencia por los sucesos de septiembre y octubre del 17. En El Nacional entrevistan a la esposa de Joaquim Forn, Laura Masvidal. El detalle es que frente al lugar elegido para la entrevista, tal vez su casa, una bandera española luce en un balcón.

14 de octubre, santoral: Angadrisma de Beauvais, Calixto papa, Carponio mártir, Domingo Loricato, Fortunato de Todi, Gaudencio de Rimini, Jacobo Laigneau de Langellerie, Lúpulo de Capua y Manequilde de Châlons.