La absolución de los 34 acusados por la salida a bolsa de Bankia (Rodrigo Rato y Ángel Acebes entre los más afamados) copa las portadas y aperturas de los principales medios. Según la Audiencia Nacional, la operación contó con la aprobación del Banco de España y del resto de supervisores y la información que se dio a los accionistas fue la adecuada. Plis, plas. Los afectados, pequeños accionistas y clientes, se declaran estupefactos y anuncian una cascada de recursos.
El asunto es asaz vidrioso. La juez, Ángela Murillo, reprocha a la Fiscalía la "total ausencia del más mínimo sustento probatorio" y destaca, según aporta el ABC en la tapa, que la operación fue "impulsada" por las autoridades políticas, económicas y financieras. Coincide con El Mundo, cuyo titular es que "La salida a Bolsa de Bankia no fue delito por el aval del Banco de España y del Gobierno de Zapatero". El País aborda el expediente con un escueto "Absueltos todos los acusados por la salida a Bolsa de Bankia".
En El Confidencial, Jorge Zuloaga y Beatriz Parera aseguran que "la sentencia de Bankia asume el relato oficial y complica el recurso al Supremo". Así comienza su texto: "La Audiencia Nacional dio a conocer este martes una sentencia histórica y socialmente polémica. La salida a bolsa de Bankia y su rescate, el mayor de la historia en España, se salda con 34 absoluciones, entre ellas, la del expresidente Rodrigo Rato. La decisión del tribunal presidido por Ángela Murillo se explica por un hecho: utiliza los argumentos que esgrimió la Fiscalía en 2017 para desmontar las tesis defendidas por la Fiscalía en 2019. Junto a ello, la otra gran clave de la sentencia es que deja pocos recovecos para ganar un recurso ante el Tribunal Supremo".
Sigue la pieza: "De este modo, el juicio del caso Bankia estuvo en gran parte marcado por el cambio de fiscal entre la fase de instrucción y la de la vista oral. El primero, el actual fiscal jefe, Alejandro Luzón, decidió acusar solo por estafa a cuatro altos directivos de Bankia. Tras ascender a su actual cargo, cogió las riendas la fiscal Carmen Launa, que decidió añadir el delito de falsedad contable. Este hecho, que no gustó por su timing al tribunal, marcó el juicio y añadió una gran tensión entre Murillo y Launa, que se refleja en la sentencia".
Otro de los argumentos informativos del día es el acuerdo entre el Gobierno y el gobierno regional de Madrid sobre los criterios para el aislamiento de las poblaciones de más de 100.000 habitantes, asunto que para unos medios supone una derrota de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y para otros, del ministro de Sanidad, Salvador Illa. En Ok Diario, Pelayo Barro sostiene que "Sánchez cede ante Ayuso: se aplicarán los mismos criterios en todas las grandes ciudades de España". Y escribe: "El Gobierno de Pedro Sánchez claudica ante la Comunidad de Madrid. Se imponen las tesis del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que venía exigiendo un criterio unificado para todas las comunidades autónomas y municipios de España a la hora de imponer medidas restrictivas por el coronavirus. El Gobierno ha aceptado, tras una larga reunión conjunta con la comunidad en la tarde de este martes, que las restricciones se apliquen de forma homogénea en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes que cumplan ciertos criterios epidemiológicos".
Sigue la nota: "Aún no se conocen las medidas concretas que se van a aplicar en aquellos territorios especialmente afectados por el coronavirus, ya que el grupo de trabajo Gobierno-Madrid se ha emplazado al miércoles para fijar las restricciones. Sin embargo, Sanidad se pliega a lo que venía exigiendo Madrid: que las medidas dictadas por Sánchez no se focalicen en la Comunidad gobernada por Ayuso, sino en todos los territorios y municipios afectados. De esta manera, según se ha pactado, las medidas se aplicarán de forma conjunta y homogénea en aquellas zonas donde el virus supere una determinado incidencia acumulada. Ese umbral también quedará fijado este miércoles".
En El Diario, Fátima Caballero y Belén Remacha lo ven desde otra perspectiva: "Ayuso accede a los criterios sanitarios del Gobierno que suponen más restricciones en Madrid". Su texto apunta que "la Comunidad de Madrid ha accedido a cumplir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad con la condición de que los criterios se unifiquen a todos los territorios de España. Ambas partes han cerrado "un principio de acuerdo", ha confirmado en primer lugar la Comunidad, este martes, en el que se ha establecido que para municipios por encima de los 100.000 habitantes se impondrán "criterios homogéneos" que aplicará la región y también el resto de España como pedía el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los parámetros para aplicar las mismas restricciones en las grandes ciudades son los siguientes: si supera una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tiene más del 10% de positivos en PCR y una ocupación del 35% de las plazas de UCI. El acuerdo está a expensas de que mañana miércoles sea aprobado por todos los consejeros autonómicos en Consejo Interterritorial, pero con estas nuevas condiciones las únicas diez ciudades españolas afectadas por los criterios de Sanidad para aplicar restricciones están en Madrid".
Prosigue el navajeo contra la figura del monarca. Podemos ha enfilado a Felipe VI y no suelta la presa. Mar de fondo y desconfianza entre los principales actores institucionales. El mundo de la empresa toma partido por la monarquía. "Los empresarios alertan del efecto de los ataques al Rey: 'Desestabilizar la Corona socava la inversión en España'" titula El Mundo en lo alto de su portada. Escribe Carlos Segovia: "Los ataques de miembros del Gobierno al Rey y la posibilidad de que terminen forzando al jefe del Estado a indultar a los líderes del procés en contra de la sentencia del 1-O está provocando una fuerte movilización empresarial. Tanto el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, como el del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, coinciden en declaraciones a El Mundo que la desestabilización de la Corona perjudica la imagen del país ante la comunidad inversora en un momento de grave recesión".
Sigue el texto: "«Me están llamando estos días de fuera de España y no me preguntan por los ERTE, sino qué pasa con la estabilidad del país. La Corona es la Constitución y desestabilizarla hace perder inversión y empleos», afirma Garamendi. En su opinión, «la Monarquía parlamentaria es una piedra angular para la estabilidad que es lo que los empresarios necesitan en estos momentos tan duros»".
El presidente de la Cámara Americana en España, Jaime Malet, cuenta entre su junta directiva con dirigentes de filiales de las principales multinacionales estadounidenses en el país y corrobora la importancia de la figura del Rey: «Usar al jefe del Estado y al Poder Judicial para batallas políticas es un despropósito y genera muy mala impresión en inversores extranjeros». Para Zulueta, se cierne otra amenaza gubernamental para la figura de Felipe VI. «Nos preocupa mucho el siguiente ataque y es que el Gobierno obligue al Rey a firmar los indultos de los independentistas en contra de su discurso del 3 de octubre. Espero que no lo fuercen a los indultos después de lo que dijo y que fue tan importante, precisamente para dar una imagen de estabilidad del país en aquellos momentos»".
Más madera. Frente judicial. El Consejo General del Poder Judicial renovará hoy el Tribunal Supremo. "Es importante transmitir el mensaje de que no nos plegamos ante los políticos que no querían que hubiese nombramientos" apunta La Razón. Se cubrirán las tres vacantes de la Sala que investiga y juzga a los aforados. La pieza es de Francisco Velasco: "El Consejo General del Poder Judicial llega al Pleno que celebra hoy con un acuerdo muy mayoritario para realizar todas las vacantes del Tribunal Supremo, tanto las existentes en la Sala Penal como para las presidencia de las Sala de lo Contencioso-Administrativo, Social y Milita. La presidencia del TSJ de Canarias, en cambio, es posible que no se aborde. Finalmente, aquellos vocales «progresistas» más afines al PSOE vieron cómo buena parte de consejeros integrantes del mismo sí estaban por la labor de llegar a un acuerdo con los «conservadores» y facilitar la renovación. La Sala Penal del Supremo, encargada de investigar y juzgar a los aforados está ahora mismo con un 25% menos de los magistrados que debería".
Sigue Velaco: "Este cambio de postura de los vocales próximos al PSOE, se enfrentaron a la realidad de que no podrían frenar esos nombramientos, y finalmente participaron en las «negociaciones». Primero en la que mantuvo ayer el grupo «progresista» para ultimar sus propuestas, y finalmente también con el grupo «conservador» para lograr el acuerdo definitivo que permitirá que el Consejo realice hoy esos nombramientos. El grupo «conservador», por su parte, se reunió la tarde del lunes para apuntalar sus candidatos, ratificar la decisión de que se apoyaba la renovación y cerrar la forma de llegar al consenso necesario en aquellas vacantes que exigen 13 votos y, por tanto, el aval de, al menos, una parte significativa de cada uno de los grupos".
Cataluña. Pleno de homenaje a Quim Torra esta tarde en el Parlament. Ejercicio de periodismo creativo en La República, que titula así un suelto: "A l’Estat li tremolen les cames i no vol publicar al BOE la inhabilitació de Torra".
Temblando está el Estado con Torra, sí, mientras Junts per Catalunya (JxCat) y ERC no ven el momento de quitarse de encima semejante fardo. Ni a Torra le interesa seguir pleiteando. Le esperan 120.000 euros al año, chófer, escolta, tres funcionarios, secretaria y un despacho por tocarse el níspero.
30 de septiembre, santoral: Amado de Nusco, Antonino de Piacenza, Eusebia de Marsella, Guillermo el Iluminador, Jerónimo, Honorio de Cantorbery, Ismidión de Die, Simón de Crespy y Sofía.