Subida de impuestos, tercer grado y Junts per Puigdemont

El país comienza a adaptarse al coronavirus y los rebrotes no son impedimento para que el personal se lance a la reconquista de las calles. Aún así y por ejemplo, el centro de Barcelona es un erial. Las terrazas de la plaza Real están vacías y por la Boquería sólo pasean indígeneas. Un drama económico y una oportunidad para que el barcelonés redescubra los paisajes más ponderados por las guías turísticas.

Al tiempo, el buen doctor Simón se sube en una moto y compone una imagen a medio camino entre un ángel del infierno con pinta de psiquiatra despistado y un doctor House sin la mala leche del médico televisivo. Controvertida portada de El País Semanal que rivaliza en impacto visual con aquella tapa de El Mundo en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid parecía la Virgen de los Dolores.

A todas estas, primera entrevista televisiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es en La Sexta de García Ferreras y el titular principal es que se avecina una subida de impuestos cuyo planteamiento teórico es de manual. Elevar la presión fiscal a los ricos para aliviar la presión vital a los pobres. Como es natural, gran parte de la prensa acoge el anuncio con escepticismo.

En La Razón escribe Ainhoa Martínez al respecto: "En una entrevista en 'Al Rojo Vivo' en La Sexta, Pedro Sánchez anticipó la 'inevitable' subida de impuestos que tendrá que acometer su Ejecutivo. El objetivo es 'acompasar' el régimen fiscal al ritmo del crecimiento del país, 'porque España está siete puntos por debajo de la media europea'. Sánchez no quiso concretar si se subirán impuestos como el IVA, asegurando que lo que se buscará será 'garantizar la justicia fiscal' y la 'cohesión social para 'no dejar a nadie atrás' y fortalecer el Estado del Bienestar. Para ello es preciso 'aumentar la capacidad de ingresos públicos', porque 'las costuras fiscales han saltado' y en Moncloa no niegan ya que es preciso dotarse de mayores recursos públicos. En el foco del Gobierno está gravar a las grandes corporaciones, a través del impuesto de Sociedades, también introducir gravámenes de corte medioambiental, por ejemplo al diésel, o a grandes patrimonios ampliando los tramos más altos del IRPF".

En El Confidencial alertan sobre el posible impacto del anuncio en la clase media, el cimiento que sustenta el país. La nota porta la firma de Javier G. Jorrín y este titular: "El mantra de los impuestos a los ricos: Sánchez tendrá que tocar a las clases medias". Escribe Jorrín: "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a repetir el jueves en una entrevista en La Sexta su voluntad de recortar la brecha de recaudación que tiene España con Europa. Esta brecha ascendía en 2018 (último ejercicio con los datos cerrados) a 6,2 puntos del PIB, equivalente a más de 74.000 millones de euros. Esta cifra permitiría cerrar por completo el déficit público estructural de España y todavía quedarían 35.000 millones de superávit".

Sigue: "Para lograr esa mejora en la recaudación, Sánchez recurrió al mantra de la 'justicia fiscal', esto es, elevar los ingresos solo con impuestos a los ricos. Las clases medias y los pobres pueden respirar tranquilos. Sin embargo, la realidad es que la fiscalidad a las rentas altas tiene un margen recaudatorio muy limitado y para conseguir el verdadero avance que pretende el Gobierno es necesario ‘rascar el bolsillo’ de las clases medias, no hay alternativa. El Ejecutivo tiene que asumir que, igual que critica a la oposición por prometer bajadas de impuestos sin recortes de gastos, también es imposible reducir la brecha de recaudación con Europa si no se aumenta la presión fiscal sobre las clases medias".

El mismo digital avisa de que el anuncio fiscal compromete el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos de Sánchez. De la pieza de Paloma Esteban: "Dirigentes de la cúpula naranja coinciden en “esperar a la concreción” antes de pronunciarse. Entienden que es el Gobierno quien debe dar detalles sobre la revisión fiscal que planea y a qué se refiere exactamente al hablar de “justicia fiscal”. Dicho de otra manera: el partido no se pronunciará hasta conocer los detalles, pero avanza que la subida de impuestos no es en ningún caso una receta prioritaria".

El Gobierno anuncia, además, nuevas inyecciones financieras, en concreto 40.000 millones para la economía digital y verde, así como una reserva de 10.000 millones para entrar en empresas estratégicas en crisis. Es la portada de El País, que firma Íñigo de Barrón: "El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo paquete de ayudas para las empresas dotado con 50.000 millones de euros. El programa consta de dos instrumentos: el primero es una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 40.000 millones destinados a financiar inversiones para impulsar la transformación digital y la economía verde. La idea es aprovechar la situación de obligada modernización que ha creado la pandemia para que las empresas den el salto en estas dos direcciones, con el apoyo público".

Continúa el texto: "Además, el Gobierno reservará otros 10.000 millones para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que aglutina las participaciones en empresas estratégicas. Estos recursos se destinarán a rescatar o ayudar a compañías de especial importancia para el tejido productivo español que atraviesan dificultades por la pandemia. Fuentes del sector financiero apuntan a las compañías aéreas españolas y al sector hotelero nacional. Esta medida está en línea con lo que ya han hecho otros países, como Francia o Alemania, en sus industrias clave".

En VozPópuli subrayan la dimisión de la funcionaria encargada de velar por la corrección y transparecencia de los contratos del Gobierno, quien ha cambiado de destino tras firmar un informe crítico sobre los contratos vinculados a la adquisición de material para hacer frente al coronavirus. Es una pieza de Alberto Ortín: "María José Santiago renunció a la presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) el mismo día en el que el organismo presentó un informe crítico sobre la publicidad de los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario con el que combatir el coronavirus. El pasado 23 de junio la Oirescon presentó la última actualización del Informe Especial de Supervisión de la Publicidad de los Contratos Tramitados por Emergencia durante el Estado de Alarma derivado del Covid-19. En el mismo se advierte que "existe una publicidad asimétrica", que hay "errores" en las publicaciones, "incoherencias", y llama la atención sobre la falta de medios del organismo".

Sigue Ortín: "Ese mismo día, el consejo de administración de la empresa pública Tragsa comunicó el nombramiento de María José Santiago como nueva directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal. La compañía aseguró que el proceso de selección se había llevado a cabo 'de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la política de contratación de las empresas públicas'".

Actualidad catalana. Dos noticias de calado. El partido de Puigdemont, que podría alterar las previsiones demoscópicas. "Junts, per Catalunya" podría ser la marca. El prófugo habría introducido de matute una crónica para salvar las dificultades jurídicas del hecho de que las siglas estén registradas por el PDeCAT. Otra opción sería "Junts per Puigdemont", nombre que se adaptaría como un guante a la realidad de la cosa. La otra información de peso es el tercer grado para los independentistas presos, que genera apreciaciones alternativas. Así y en la prensa de Madrid, los presos sólo tendrán que ir a dormir a la cárcel cuando ni siquiera han pasado tres años de su ingreso en prisión mientras que la prensa de Barcelona ya han pasado casi tres años. La decisión está pendiente del aval definitivo de la Generalitat y de un recurso de la fiscalía del Supremo que podría paralizar la aplicación del tercer grado.

Sea como fuere, se da por descontada la inminente excarcelación, que los presos han encajado en tono valentón. De El Nacional: "El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat l'amnistia i ha avisat que no renunciarà a les 'conviccions i objectius' després que les juntes de tractament hagin proposat el tercer grau per als presos independentistes. 'Un pas més, però seguim sent presos polítics', ha reivindicat Junqueras a través de Twitter. 'Volem la llibertat a través de l'amnistia, perquè som innocents', ha afegit. El republicà ha argumentat que mantindrà els seus ideals 'per molta injustícia que apliquin'". 

En El Món, Quico Sallés da cuent de un informe de la Oficina de Seguridad Diplomática del departamento de Estado de la Casa Blanca sobre los disturbios postsentencia. Los Estados Unidos miraron con inquietud los acontecimientos en Cataluña y dejaron huella por escrito. El món ens mira  y tal. Ahí va un exrtracto: "L’endemà, 18 d’octubre, continuava l’avís per un 'cop general' dels manifestants. El 19 reporten la batalla d’Urquinaona. L’OSAC (la referida oficina) insisteix en què les protestes s’han tornat 'violentes'. 'Els manifestants han incendiat, vandalitzat propietats privades i públiques i han atacat les forces de seguretat', informa.Així mateix, subratlla que hi han hagut dotzenes ferits i arrestats. L’OSAC afegeix que aquest mateix 19 s’esperen més protestes a Plaça Urquinaona on 'hi ha un alt potencial de violència'. El dia 20 també reporten possibles protestes amb probable episodis violents entre manifestants i policies. El 21 continuen aquests avisos refermant-ne el caràcter violent i els ferits. (...) Com a resum, l’OSAC va incloure les protestes per la sentència del Suprem al seu Report sobre Crim i Seguretat a Espanya el passat 16 d’abril. Després de descriure les protestes com violentes i que van suposar batusses entre manifestants i policies, reporta 100 detinguts i 300 ferits".

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