La nefasta gestión de las residencias y lluvia de querellas

España es el país del mundo con mayor esperanza de vida, 84 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En teoría, la calidad de vida, la dieta mediterránea, el buen tiempo, la siesta, la atención sanitaria universal y el respeto por los ancianos serían, entre otras, las causas de este mayúsculo éxito. Suiza y Japón están por detrás de nuestro país, al igual que Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. Portugal, por ejemplo, ocupa el puesto 17 en este listado, con una esperanza de vida de 81,5 años.

El dato sería como para sentir un cierto orgullo. El solar ibérico, la áspera piel de toro, resulta que es un paraíso donde se puede llegar a ser muy viejo. Sin embargo, el coronavirus retrata otra situación muy diferente. El abandono de los ancianos, las residencias geriátricas sin medios, aparcamientos de viejos tratados como seres que no merecen ni una mísera cama de hospital. 

El caso de Madrid es particularmente lacerante, según la nota de Fernando Peinado en El País. La gestión de la crisis en las residencias estaba en manos de una persona sin cualificación, Escribe Peinado: "Horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara un plan de choque para las residencias de mayores, se puso en marcha la Operación Bicho, el código que usaba la persona sin experiencia a quien se encomendó la salud de casi 50.000 ancianos. Ese 26 de marzo, con 1.130 mayores fallecidos en geriátricos por el Covid-19, Encarnación Burgueño, que se autodenominaba directora general de Cardio Líder --una comunidad de bienes que no estaba registrada como empresa en el Registro Mercantil--, se ponía al frente de la respuesta de la Consejería de Sanidad, que consistía en sustituir los traslados de mayores a hospitales por una asistencia médica en las propias residencias".

Sigue la pieza: "Burgueño no disponía de médicos ni ambulancias ni conocimientos de gestión sanitaria, pero es hija de Antonio Burgueño, a quien Díaz Ayuso había encargado la coordinación del sector sanitario ante la pandemia. Gracias a los contactos de su padre, Encarnación Burgueño tenía cerca su oportunidad soñada, una empresa en el lucrativo sector de la salud. El País ha tenido acceso a decenas de documentos y grabaciones con los detalles de los 12 días que duró aquel plan médico caótico --y a todas luces insuficiente-- que fue el pilar básico de la “medicalización” de las residencias madrileñas. El esquema acabó abruptamente el 6 de abril, cuando este periódico reveló que la hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña --es decir, Antonio Burgueño-- estaba gestionando la crisis en los geriátricos. Cuando echó el freno en seco habían muerto en las residencias más de 4.200 mayores. Encarnación Burgueño dirigió toda la Operación Bicho encerrada en su vivienda sin poner un pie en una residencia".

Sostiene Pablo Casado, presidente del PP, al hilo de las muertes de ancianos que donde más mortalidad se ha registrado es en comunidades donde no gobierna el PP. Desmiente sus palabras La Vanguardia, que publica una información con las firmas de Ignacio Orovio, Jaume V. Aroca y Santiago Tarín: "Unos 19.500 ancianos que vivían en residencias han fallecido por el Covid-19. Eso significa que casi el 72% de las muertes registradas en España se han producido en estos establecimientos. Por sí mismo ya es un desastre, pero, comparado con otros países de Europa, es una catástrofe absoluta. No hay ningún país europeo cuya contabilidad oficial alcance un porcentaje similar. Con datos actualizados, en Alemania los fallecimientos en residencias constituyen el 35% del total registrado en aquel país; en Francia, el 50% (esta cifra está en cuestión), y en Bélgica, el 55%. En Inglaterra y Gales, la cifra se sitúa en el 16% y en Escocia, en el 46,5%. Portugal se queda en un 40% de todos los fallecidos".

Continúa el texto: "Solo Italia podría acercarse a España, pero sus problemas para ofrecer datos concluyentes son aún peores que aquí. El Instituto Superior de Sanidad italiano hizo público el jueves un informe basado en estimaciones a partir de una encuesta a la que no respondió ni la mitad de las residencias. Los resultados no son solventes. (...) Las cifras hablan por sí solas de lo ocurrido en las residencias en España: en la Comunidad de Madrid, el 18% de los residentes ha muerto a causa de el Covid-19, según la información comunicada al Ministerio de Asuntos Sociales. El segundo lugar de esta lista lamentable lo ocupa Cataluña, con un 9% de fallecidos".

Querulancia. La Razón avisa de que al Gobierno le llueven las denuncias. "El Tribunal Supremo acumula ya 43 querellas y denuncias y 32 recursos contenciosos" es el titular. Escribe Francisco Velasco: "En un principio, los partidos políticos dejaron a un lado sus discrepancias y apoyaron prácticamente todos y sin fisuras al Gobierno. Pero esto fue cambiando a medida que avanzaba la crisis y se comprobaba la escasez de materiales sanitarios o la falta de medidas mínimas de seguridad. Contratos bajo sospecha de haber pagado un sobrecoste muy elevado, adquisiciones de material que hubo que devolver porque los productos eran ineficaces... Todo contribuyó a romper esa unidad y a que, junto con los aplausos a los sanitarios, se empezara también a oír las caceroladas en contra de la gestión del Ejecutivo. Y ahí llegaron las primeras acciones jurídicas planteadas a tres niveles: denuncias, querellas y recursos contencioso-administrativos contra órdenes y decretos del Ministerio de Sanidad. Son acciones interpuestas ante las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Aunque en algún caso, como el relativo al 8-M, también se acudió a los juzgados ordinarios para la interposición de esas acciones penales, que en Madrid se dirigieron contra el delegado del Gobierno y que la juez que instruye el caso ha archivado recientemente".

Sigue el texto: "Hasta el pasado viernes, día 19, entre denuncias y querellas el Tribunal Supremo había recibido un total de 43 (las tres últimas se registraron el jueves) superando en número las interpuestas como denuncias, mientras que los recursos contencioso-administrativo ascendían a 32. Con estos datos, resulta una media de la presentación de una acción penal por cada dos días y medio desde que se decretó el estado de alarma. Entre los denunciantes y querellantes figuran desde Vox o el sindicato CSIF a abogados a título particular, como el controvertido José Emilio Rodríguez Menéndez, José Luis Mazón --quien denunció recientemente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por no abrir los parques municipales y cuya denuncia fue archivada--, o el ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, hasta asociaciones que representan a víctimas y demás afectados por el Covid-19, una asociación de guardias civiles, colegios de enfermería, colectivos de médicos, policías municipales de Madrid, la asociación de Abogados Cristianos o las asociaciones vinculadas a la ultraderecha como Hogar Social o Hazteoir, además de algunos familiares de víctimas. E incluso de dos reclusos, que se dirigen directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska".

Sondeos. El Mundo presenta su prospectiva electoral con los siguientes resultados: PSOE, 28,7% (+0,7); PP, 26% (+5,2); Vox, 11,7% (-3,4); UP, 12% (-0,8); Cs, 8,3% (+1,5). El análisis es de Marisa Cruz: "Decae el estado de alarma y el país estrena a tientas una nueva normalidad precaria, con dos fantasmas en el horizonte: el rebrote del virus y el desastre económico. Un panorama en el que las opciones políticas se resitúan con el PSOE en cabeza, que volvería a vencer en los comicios con un 28,7% de los votos y el PP ganando terreno y pisándole los talones con una previsión del 26%. Apenas 2,7 puntos de diferencia entre ambos frente a los 7,2 que los separaron en las urnas del 10-N".

En el ABC aseguran que "ocho de cada diez encuestados piden a PP y PSOE un pacto de reconstrucción" y que "Irene Montero y Pablo Iglesias son los ministros peor valorados de todo el Gobierno".

Malas noticias para la monarquía. El diario inglés The Telegraph desvela que Juan Carlos pagó a medias con Josep Cusí el viaje de novios de Felipe y Letizia, luna de miel organizada por Corinna. En El Español se hace eco Cristina Coro: "Juan Carlos I sigue, a su manera, en su propio estado de alarma. Si al comienzo del encierro obligatorio, Felipe VI le quitaba el título de Emérito y la asignación estatal; en este primer día de nueva normalidad las noticias han vuelto a parecerse a aquellas que compartieron portadas con el coronavirus: Josep Cusí, su amigo personal le pagó la mitad de la luna de miel (269.000 dólares) a los actuales monarcas. Precisamente, la misma luna de miel que organizó Corinna, reservando una de las estancias bajo los seudónimos de Sr. y Sra. Smith --el mismo apellido con (John Smith) con el que mandaba mensajes a Juan Carlos"--. 

Continúa la pieza: "Le hubiera pagado el viaje entero y más, eso no era nada para él. Son amigos desde hace cuarenta años. Ha sido su sombra. Él y su mujer, Inés, han ido con él a viajes privados, cacerías, salidas sociales. Cusí acompañaba a Juan Carlos hasta a los chequeos que se hacía en la Clínica Planas de Barcelona. Allí se pasaban 15 días porque en realidad era mucho más que una revisión, se hacía el tratamiento ese de antiaging y Josep se lo hacía con él. Ahora la edad les ha hecho separarse por los distintos problemas que tiene la vejez, pero hablan a menudo. Pero ha ido con él a sitios que la reina Sofía no iba y ni si quiera la infanta Elena". Así describe la amistad entre el Rey Emérito y Josep Cursí un tercer amigo de regatas.

De lo que no informa The Telegraph es de las andanzas del príncipe Andrés con el difunto Jeffrey Epstein. 

Pablo Iglesias tiene un lío morrocotudo. "La Policía desmonta el robo de la tarjeta como operación para perjudicar a Iglesias" titula El Independiente una pieza con la rúbrica de Carmen Lucas-Torres: "Un informe técnico de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional debilita la posibilidad de que el comisario Villarejo estuviera detrás del robo del móvil de la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, a finales de 2015 y la filtración a la prensa de mensajes entre miembros de Podemos almacenados en su interior para perjudicar al secretario general de dicho partido. Iglesias, que declaró como testigo ante el juez del caso Villarejo, recibió el ofrecimiento de ser perjudicado en la causa y ha pedido mantenerse como tal, sitúa el robo del móvil de su antigua colaboradora y la publicación de los mensajes de su interior en Okdiario en una trama de la policía patriótica durante la etapa de Rajoy para perjudicarle a él y a su formación. El vicepresidente segundo del Gobierno mantiene que es una de las operaciones de las cloacas del Estado llevadas a cabo para perjudicar a Podemos en 2016, cuando las encuestas le situaban como segunda fuerza política".

Continúa el texto: "Sin embargo, el informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado a la pieza Dina --una de las ramas en las que se ha desgajado la macrocausa Tándem-- desveló que Bousselham hizo pantallazos de las conversaciones de miembros de Podemos del chat denominado «equipo portavoz» y las compartió, siendo imposible saber con cuántas personas al aparecer en una carpeta del móvil denominada sent (enviado en inglés), según concluyeron agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Ella misma lo confirmó cuando fue citada a declarar una segunda vez ante el instructor tras el hallazgo. Un descubrimiento que ha dado un giro a la instrucción, con el juez Manuel García-Castellón al frente".

Cataluña. Guerra en el independentismo. Paluzie contra Canadell. Andanada de la primera contra el segundo en una entrevista de Gemma Aguilera para El Món:

P. A què atribueix que Joan Canadell, com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona, hagi donat suport a una llista enfrontada a la seva?

R. Ens va agafar a tots per sorpresa. Va causar força malestar perquè, al final, l’ANC va ser la impulsora d’una candidatura a les cambres de Barcelona i Terrassa, Eines de País. Òbviament, la persona que ell avalava per a la presidència era qui havia coordinat el projecte dins l’Assemblea, però amb el suport de molts departaments de l’ANC i de voluntaris que van picar a la porta de molts comerços i empreses per demanar el vot per Eines de País. I un suport personal meu molt fort, públic i intern, obrint portes en el món econòmic amb qui jo tenia contacte. A més, Canadell va fer crítica pública a l’actuació del secretariat del qual havien format part ells.

Però més enllà, el preocupa molt que Joan Canadell posi en risc el projecte d’Eines de País, que va molt més enllà de la cambra que presideix. La presidència de la Cambra és fonamental, i la Cambra està fent bona feina, també en la gestió de la pandèmia, per això no s’entén que des de la Cambra es vulgui interferir en un procés d’elecció interna de l’Assemblea, no és bo per al projecte. El millor servei a la independència és que qui governa la Cambra se centri a governar-la de la millor manera possible, demostrat que son millors que l’establishment, i ajudar a avançar en projectes que ajudin a la desconnexió econòmica.

22 de junio, santoral: Albano de Verulamio, Consorcia virgen, Eusebio de Samosata, Flavio Clemente, Juan Fisher, Nicetas de Remesiana, Paulino de Nola y Tomás Moro.