Marlaska en la picota y peligra 'Polònia'

La poltrona de ministro del Interior es como la silla eléctrica. Fernando Grande-Marlaska está contra las cuerdas. El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos se ha vuelto en contra de todo el ministerio del Interior, donde están cuestionados hasta los bedeles pasando, claro, por la directora general del benemérito Instituto Armado, María Gámez. La oposición acecha, ha olido las heridas abiertas en las dificultosas y contradictorias versiones aportadas hasta el momento por Marlaska.

Como es natural en estos casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muestra un apoyo sin fisuras a su cuestionado ministro y la portavoz Montero aporta de su propia cosecha que Marlaska, exmagistrado de la Audiencia Nacional, no sólo cuenta con el respaldo del Gobierno sino con el del pueblo llano. La prensa, en cambio, es un clamor. Todos los medios, salvo La Vanguardia, llevan a Marlaska en portada, tanto de texto como de foto. Es la plasticidad del soldado acorralado. Las posaderas le huelen a pólvora.

El ministro no cae, de momento, aunque sus expectativas de futuro son más bien parcas. Hay quien le augura más recorrido en los tribunales, pero en el banquillo. "La orden de Marlaska viola instrucciones de la jueza y augura un calvario a Interior" titula su apertura El Confidencial, medio en el que afloró la nota de cese de Pérez de los Cobos en la que se explicaba bien clarito que era por no dar el queo de la investigación de la Guardia Civil sobre la mani del 8M. El subtítulo dice así: "Rodríguez-Medel (la juez) exigió de forma verbal, en resoluciones de su juzgado y en una comunicación al ministerio, 'rigurosa reserva', no solo sobre el resultado de las pesquisas sino sobre su 'evolución'".

Escribe Beatriz Parera: "La aparición de una nota escrita en que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, indica que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue relevado por 'no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento' complica el horizonte de la firmante del documento, del secretario de Estado del Ministerio del Interior, que también la firmó, y de su superior jerárquico, Fernando Grande-Marlaska. Ese 'conocimiento' que se indica como motivo contradice órdenes directas de la magistrada al cargo de la investigación del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, que exigió de forma verbal, por escrito en resoluciones de su juzgado y en una comunicación directa al ministerio, 'rigurosa reserva', no solo sobre el resultado de las pesquisas concretas de los agentes del instituto armado sino también sobre su 'evolución'".

Portada de 'El Confidencial'

Párrafos después, la crónica abunda sobre el horizonte judicial del expediente: "Jueces y fiscales consultados consideran que lo sucedido debe investigarse en los tribunales. La magistrada tiene ahora una de las llaves para indagar si el despido incluyó irregularidades penales. Para ello y como primer paso, lo más previsible es que se dirija a Interior para reclamar la nota, única vía de conocimiento 'oficial' de los motivos del descabezamiento. El siguiente paso sería la apertura de una pieza separada para esclarecer lo sucedido o la remisión de los indicios encontrados a otro juzgado de los de Madrid si no se aprecia conexión. Si se determina que existen motivos para una imputación, hay que considerar que el ministro es aforado, por lo que es el Supremo el competente para investigarle. No sucede lo mismo con la directora de la Guardia Civil y el secretario de Estado, cuya actuación, en caso de que se aprecien indicios de irregularidades, dependería de la instructora".

Ya hay quien se ha anticipado y judicializado el asunto, según refleja Teresa Gómez en Ok Diario: "La escandalosa destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos salta a los juzgados. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha sido denunciada por un delito de prevaricación. La jefa de la Benemérita purgó al jefe de la Comandancia de Madrid por 'no informar del desarrollo de las investigaciones' llevadas a cabo por sus agentes como Policía Judicial en las diligencias que instruye la juez del 8M, Carmen Rodríguez-Medel. La denuncia, presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios, expone que el pasado 24 de mayo fue cesado fulminantemente de sus funciones el coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El motivo --añaden-- fue que 'se negó a informar a sus superiores sobre un informe que la Policía Judicial había remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid', donde se investiga la comisión de un presunto delito de prevaricación al permitir las manifestaciones del 8-M en plena pandemia por el coronavirus, por lo que está imputado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco".

La siguiente noticia son los datos de paro en mayo. La situación del mercado laboral excita las tendencias editoriales de la prensa, de modo que lo que tiene buena pinta en algunos medios es un absoluto desastre para la competencia. En El País, por ejemplo, titulan que "La desescalada alivia el mercado laboral y mayo cierra con 190.000 empleos más". Y a modo de subtítulo se apunta que "La afiliación repunta y caen los afectados por ERTE, pero el paro sube en 26.500 personas". El texto lleva la firma de Manuel V. Gómez: "La desescalada anima el mercado laboral tras el desplome sufrido en marzo y abril. El empleo perdido en las primeras semanas del estado de alarma empezó a recuperarse en mayo. La afiliación a la Seguridad Social subió en casi 190.000 cotizantes en mayo. Además, 387.815 afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) abandonaron esta situación. Pese a esta señal de recuperación, la pandemia continúa dejando su huella en el mercado laboral: el paro aún sube (26.573 más el mes pasado). Y lo que es peor, desde el 12 de marzo se han esfumado unos 760.000 puestos de trabajo y todavía hay unos tres millones de afectados por ERTE. En mayo se recuperaron uno de cada cinco empleos perdidos por la crisis del Covid-19. Ya hay 3,85 millones de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando trabajo".

La versión de El Mundo es todo lo contrario. Titular: "El peor mayo de la historia adelgaza los ERTE y engorda el paro". Subtítulo: "Registra el mayor aumento de parados tras la salida de 388.000 personas del despido temporal". La pieza es de César Urrutia: "El mercado laboral sufrió en mayo un nuevo embiste de la pandemia y cerró con 26.573 parados más que en abril y casi 780.000 más que hace un año, hasta los 3.857.776 desempleados. El mes pasado, casi 400.000 personas superaron los ERTE, una situación en la que aún permanecen en España 2,99 millones de trabajadores. Patronales y sindicatos coinciden en pedir una extensión de los ERTE más allá del 1 de julio fijado por el Gobierno".

Sea como fuere, parece que las negras expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España en materia laboral pudieran resultar desproporcionadas. Aún así, en El Español se acentúa que los despachos de abogados reciben un aluvión de consultas sobre cómo pasar del ERTE al ERE. Escriben Fernando Cano y Eduardo Ortega Socorro: "El deterioro de la economía española, las malas perspectivas para el cierre de este año y el comienzo del próximo, sumado al temor a que los efectos nocivos del Covid-19 en el tejido productivo se vuelvan permanentes, hacen que muchas empresas pequeñas y medianas se estén planteando seriamente ejecutar despidos en el medio plazo. En esta línea, en las últimas semanas los despachos de abogados están recibiendo una avalancha de consultas de estas empresas para explorar la posibilidad de realizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cuando la crisis amaine, el Covid esté controlado y se acaben las medidas excepcionales del estado de alarma. Las fuentes consultadas por este diario indican que el mayor número de consultas se produce respecto a la posibilidad de que, en el medio plazo, se puedan transformar los actuales ERTE en ERE. Es decir, convertir parte de los actuales contratos con suspensión de empleo o reducción de jornada en despidos permanentes".

Portada de 'El Español'

En Público destacan la posibilidad de que se hayan registrado notorias estafas en la tramitación de los ERTE. "El fraude de los trabajadores ficticios en los ERTE: la inspección detecta 20.000 casos durante la pandemia" es el titular principal del diario, que añade además que "el cruce de datos revela cómo 20.402 empresas contrataron tras la declaración de estado de alarma a miles de empleados que poco después eran incluidos en los expedientes de regulación extraordinarios por la pandemia". La pieza es de Eduardo Bayona, que apunta: "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando a 21.068 empresas ante la sospecha de que hayan cometido con los ERTE extraordinarios por la pandemia el fraude de los intrusos que saltó a la luz con el caso de los ERE de Andalucía, y que consiste en contratar a trabajadores ficticios que, una vez en la plantilla, son incluidos en los expedientes para cobrar de manera fraudulenta las prestaciones, ya sean los falsos asalariados, la firma que organiza el artificio o ambos por partes".

Sigue la nota: "La Inspección ha puesto en marcha sus investigaciones por dos vías. Por una parte, según indican los datos facilitados a Público, ha localizado a 666 empresas sospechosas de haber puesto en marcha este tipo de tinglados dentro de los 26.014 expedientes de regulación (20.376 de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor por la pandemia y 5.638 normales por causas económicas, técnicas, organizativas y/o productivas) en los que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y las comunidades autónomas reclamaron su intervención".

La misma pieza registra salvedades sobre el demoníaco número de empresas: "'La situación de estos trabajadores se ha analizado a efectos de determinar la inclusión en los expedientes de personas que no fueran trabajadores de la empresa con objeto de la percepción fraudulenta de la prestación de desempleo', explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, que anotaron que los inspectores no han hallado 'un número significativo de incidencias' en esos 666 procedimientos. Paralelamente, estos días 'se está iniciando la actuación inspectora de oficio' por parte de la Inspección con respecto a otros 20.402 procedimientos de otras tantas empresas 'en los que puede haber o no actuación fraudulenta' por parte de sus responsables, señalaron las mismas fuentes".

O sea que sí, pero no o viceversa. 

Actualidad autonómica. "La sombra del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid flota tras el último choque PP-Cs" titula una de sus piezas el ABC. La nota es de Sara Medialdea: 'Ignacio Aguado (vicepresidente regional por la cuota de Cs) está afónico de repetir, en los últimos días, que el Gobierno regional de coalición PP-Cs «no se va a romper'. Pero en el ala popular del Ejecutivo cada vez tienen más dudas: los choques se repiten, cada vez se disimula menos el malestar que producen, y el climax ha llegado con la convocatoria unilateral de contactos con otros partidos para hablar de la reconstrucción. 'Para pedir unidad política al resto de partidos, nosotros tenemos que estar unidos primero', recordaba ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En el PP ya reconocen que el fantasma del adelanto electoral sobrevuela Madrid: 'Son rumores que no se puede negar que existan'".

Alerta en TV3. Está en juego la subsistencia del Polònia. Gemma Aguilera da cuenta en El Món de las dificultades financieras de la televisión autonómica por la caída de la publicidad y escribe: "Amb 10 milions menys de pressupost i amb la caiguda del 70% dels ingressos per publicitat -15 milions, algunes produccions de TV3 'perillen', tal i com expliquen fonts de la CCMA a El Món. La més emblemàtica és el programa Polònia, en producció associada amb Minoria Absoluta, que té un cost d’uns 3 milions d’euros anuals segons el portal de transparència de la CCMA, això significa un cost de 300.000 euros mensuals. I també perilla la telenovel·la Com si fos ahir, amb un cost de producció d’uns 4,5 milions anuals --uns 500.000 euros per mes--, que en aquest cas és una producció pròpia de TV3. Per contra, la continuïtat del Faqs, Alguna Pregunta Més (APM) i Està Passant, tots tres de producció associada, tenen la continuïtat assegurada, segons afegeixen fonts de TV3, per la via dels pressupostos de la Generalitat".

3 de junio, santoral: Carlos Lwanga y compañeros, Cecilio de Cartago, Clotilde, Hilario de Carcasonne, Lifardo y Morando.