El coronel fulminado y 2.000 muertos menos

El Gobierno ha pasado a la ofensiva si es que alguna vez estuvo a la defensiva. En un día, ayer lunes, acometió tres operaciones de calado: la colonización de las portadas de los diarios de papel con el anuncio "salimos más fuertes", el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por la investigación judicial de la manifestación del 8M y una notable reducción del número de fallecidos en la crisis del coronavirus. Mano de hierro en guante de plomo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska destituyó al coronel del 1-O para solaz de la grey independentista y pasmo de la jueza que encargó a la Guardia Civil en calidad de policía judicial una investigación sobre las circunstancias que concurrieron en la no desconvoctoria de la marcha del Día de la Mujer.

La versión más extendida es que el Gobierno habría querido acceder al informe elaborado por el Instituto Armado y que Pérez de los Cobos en interpretación estricta de la separación de poderes y el secreto sumarial se habría negado a facilitar la información. El terremoto en el Madrid político es de grado máximo. La oposición sale en defensa del coronel y recuerda sus servicios prestados contra ETA y en octubre del 17 en Cataluña. La izquierda más extrema dice que el coronel era un facha, hermano de facha e hijo de facha. Obvian que Pérez de los Cobos fue reclutado por Pérez Rubalcaba cuando el recordado político socialista era ministro de Interior. 

La sonada destitución es el tema principal de portada en el ABC, El Mundo y La Razón, no así en el resto de los medios de papel. En el diario de Planeta se ocupa del tema J. M. Zuloaga, que escribe: "El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cesado, 'por pérdida de confianza', al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, según confirmaron fuentes de este departamento. El cese, según otras fuentes conocedoras del hecho, no está relacionado con el dispositivo de vigilancia montado en torno a la casa de vicepresidente Pablo Iglesias, en Galapagar, Madrid, en el que la Benemérita se ha limitado a cumplir órdenes de Interior, sino con la filtración de una investigación abierta a Fernando Simón del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Ayer domingo, se le había requerido desde Interior a Pérez de los Cobos para que informara de la marcha de las pesquisas y contestó que, al estar declaradas secretas, no podía informar de cómo iban, ya que los únicos que las conocían eran los agentes de Policía Judicial que las realizan".

El sumario es secreto, pero han trascendido algunos aspectos que pusieron en máxima alerta al Gobierno, con altos cargos como el doctor Simón y el delegado en Madrid en la picota. De eso escriben Carmen Lucas-Torres y Antonio Salvador en El Independiente: "La Guardia Civil comunicó a la juez que investiga la celebración de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, junto a otras 76 concentraciones autorizadas, que la Delegación del Gobierno de Madrid había prohibido otras reuniones masivas que iban a desarrollarse entre los días 5 y 14 de marzo".

Sigue la nota: "La Delegación del Gobierno defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que no recibió advertencias de ninguna autoridad sanitaria sobre la peligrosidad de contagio por la covid-19 hasta el 14 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto del estado de alarma con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de contener la propagación del virus y evitar el colapso de los servicios sanitarios. Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, fue quien contestó en un escrito tras solicitar la instructora que se le informara de los primeros avisos recibidos. 'No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por la covid-19', detalló".

Y: "Sin embargo, según informó a la magistrada la comisión de la Guardia Civil que actúa como Policía Judicial en esta investigación, existe un oficio de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Madrid --fechado el pasado 20 de abril-- en el que se detalla la desconvocatoria de hasta 21 manifestaciones y concentraciones, unas a iniciativa suya y otras a iniciativa de los manifestantes, que deberían haberse celebrado entre el 5 y el 14 de marzo".

El tercer asunto es la insólita reducción del número de fallecidos por coronavirus, milagro interpretado por Fernando Simón que también es pasto de textos de portada. Así y en El País firma un texto Elena G. Sevillano sobre el peculiar conteo: "El Ministerio de Sanidad sorprendió ayer con una revisión a la baja de las cifras oficiales de fallecidos por la pandemia de coronavirus. El número se fijó ayer en 26.834 tras excluirse a 1.918. Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró que se han eliminado duplicados y casos que las comunidades consideraron sospechosos sin hacer las pruebas. Aun así, Simón aseguró que todavía están verificando las nuevas cuentas. La alteración de las series hace difícil para los expertos estudiar la evolución de la pandemia. El dato más sorprendente tras la revisión es que solo se han registrado 50 muertes en la última semana, una media de 7 al día, cuando solo el domingo se informó de 70".

Público también se sorprende de los datos de Sanidad en un texto suscrito por Beatriz Asuar. En concreto alude a la falta de datos: "Pero los problemas no vienen sólo con las notificaciones de los casos, aún hay muchos datos que no se conocen públicamente: los fallecidos de las residencias, los casos sospechosos, el porcentaje de casos al que se les ha hecho PCR o los detalles sobre los equipos de rastreo de contactos. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado este lunes que el descenso de fallecidos (de 28.752 este domingo a 26.834 este lunes) se debe a que el ministerio está corrigiendo las series y validando los datos. Entre otros motivos, ha señalado que hay comunidades que han confirmado como fallecidos con coronavirus personas que sólo tenían sintomología pero no tenían la enfermedad confirmada. Es decir, casos sospechosos, por los que no deben estar en esta serie que solo registra las víctimas mortales que han dado positivo de coronavirus. El epidemiólogo dijo que la modificación de cifras es algo 'común en todas las pandemias'".

En El Diario también muestran matices críticos con la actuación gubernamental y los acelerones en la desescada. Firma la pieza Belen Remacha: "El Gobierno ha cambiado sustancialmente en pocas semanas su política de comunicación sobre la desescalada del confinamiento de la pandemia de Covid-19. A finales de abril, cuando publicaron la estrategia que habían elaborado con el comité científico asesor, un punto clave y diferenciador respecto a otros países era que no fijaba fechas, sino plazos. Pedro Sánchez dio, si todo iba bien, un margen de entre 6 y 8 semanas entre el comienzo de la transición y la nueva normalidad. 'No hay un calendario cerrado y uniforme', dijo entonces el presidente. Los expertos lo avalaron, porque así 'no se creaban expectativas'. A estas alturas de mayo, sin embargo, ya hay una fecha clara señalada por el mismo Sánchez para la nueva normalidad: finales de junio. Luego, el día 1 de julio, se levantará la cuarentena obligatoria para personas que visiten España, y con ello se reactivará el turismo".

Continúa la nota líneas después: "¿Qué ha pasado en este tiempo para que el criterio se modifique? El ministerio siempre ha llevado por delante que, dentro de que iban a actuar con 'prudencia', iban a ser 'flexibles' con las comunidades, ya que no hay un manual de instrucciones claro sobre la desescalada de la cuarentena: todos los países se encuentran en proceso de ‘ensayo y error’, probando qué funciona y qué no. Pero, ante la presión social y parlamentaria, el estado de alarma y la desescalada que plantea estos días el Gobierno se ha convertido en algo casi 'a la carta'. Eso les ha llevado a acceder a varias peticiones particulares de las comunidades para volverla más aperturista".

Optimismo a raudales en La Vanguardia, que saluda el principio del fin de la pandemia con el siguiente titular en portada: Fuerte descenso de los ingresos en los hospitales por coronavirus. Escriben Marta Ricart y Ana Macpherson: "Por fin buenas noticias. No solo que Barcelona y el área metropolitana avanzaban en la desescalada y entraban en la fase 1 y que lo harán juntas a partir del próximo lunes. Los hospitales confirmaban ayer que les llegan ya pocos infectados por la Covid-19. Las urgencias atienden contados casos diarios y apenas hay ingresos. Además, estos casos que se hospitalizan, en general, son menos graves que en plena epidemia".

Continúa el texto: "A pesar de los buenos datos, Barcelona y las regiones metropolitana sur y norte seguirán separadas en su fase 1 hasta el lunes próximo. La Generalitat tramitó ayer la petición al Ministerio de Sanidad para darse unos días más. 'Son 5 millones de personas con una enorme movilidad. Creemos prudente ver cómo se comportan los datos esta semana en fase 1 antes de exponer a tanta población a más riesgo. Es cierto que hay muchos menos contagios y es un descenso progresivo, pero queremos rebajar un poco más el riesgo que supone esa movilidad. Podría haber contactos de un infectado en múltiples sitios y eso dificultaría mucho acotar un brote', explicó Marc Ramentol, director general de Profesiones de la Conselleria de Salut".

Cambio de tercio y más noticias judiciales. Problemas para el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. "El juez se prepara para pedir al Supremo investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina" titula El Confidencial su apertura, que firman Beatriz Parera y José María Olmo: "La pieza del caso Villarejo sobre el vicepresidente segundo del Gobierno se ha vuelto en su contra. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional se prepara para pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias ante la existencia de indicios que apuntan que pudo cometer al menos dos delitos en el manejo de datos personales de una de sus colaboradoras. El auto en el que el magistrado Manuel García-Castellón le retira la condición de víctima del comisario no deja espacio a la duda sobre cuáles serán sus siguientes pasos. Apunta a la comisión de dos delitos, revelación de secretos y daños informáticos, y sienta las bases para elevar el procedimiento al alto tribunal".

Sigue la nota: "En su parte dispositiva, el magistrado requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional 'que esclarezca los envíos a terceras personas y alteraciones físicas a las que pudo ser sometida' una tarjeta telefónica que le fue sustraída a la empleada de Podemos Dina Bousselham, y que, pese a ser entregada a Iglesias en 2016, tardó meses en ser restituida a su propietaria. En ese periodo, el contenido fue copiado varias veces para después destruir el soporte original. Iglesias, que reconoció que consultó los datos que contenía, es ahora aforado, por lo que la competencia para investigarle corresponde a la Sala de lo Penal del TS. El auto parece el prólogo del envío de una exposición razonada que, en un futuro, deje la instrucción en manos del alto tribunal".

26 de mayo, santoral: Eleuterio papa, Felipe Neri, Mariana de Jesús Paredes, Pedro Sanz y Jordá y Simetrio de Roma.