Las contradicciones del Gobierno y el escándalo de Meridiana

Conciliar teoría y práctica es la asignatura pendiente de todos los gobiernos. La realidad tiende a adaptar la forma de obstáculo insalvable, de modo que lo que parece fácil en la oposición es imposible en el ejercicio de las funciones ejecutivas. En la adaptación más o menos traumática a las circunstancias radica el éxito o el fracaso de los gobiernos.

En el caso del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos, la agenda diaria arroja no pocos expedientes propicios a la colisión entre las buenas intenciones y la cruda realidad. Por ejemplo, el ministerio de Igualdad de doña Irene Montero prepara una ley de libertad sexual en la que la violación está menos penada que en la legislación actual. ¿La razón? A estas horas se desconoce. Otro caso, los requisitos para acceder a la condición de asilado. Cabría suponer de la retórica habitual de Podemos que el Gobierno abrirá la mano. Pues no. Titular de El País: "España endurecerá los criterios para la concesión de asilo". Escribe María Martín: "El Gobierno prepara una nueva ley que introducirá restricciones al derecho de asilo, en la senda marcada por la Unión Europea en los últimos años. Un borrador de ese texto, al que ha tenido acceso El País, limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de las solicitudes. Este es un asunto embarazoso para la coalición de Gobierno por las fricciones que puede provocar entre el PSOE y Podemos. La norma actual, de 2009, se considera obsoleta porque la realidad migratoria ha cambiado enormemente. Frente al modesto volumen de solicitudes de refugio que solía recibir España, en 2019 se registraron 118.000. España es ya el tercer receptor de potenciales refugiados de la UE, a poca distancia de Francia y Alemania".

Entre las restricciones que se prevén figura un recorte del plazo para la solicitud de asilo, que sería de diez días, así como la negativa a acoger a personas que procedan de países que España considere seguros. El diario de Prisa cita como ejemplo Marruecos.

Otro expediente insidioso para el Gobierno es el de Venezuela, donde la diplomacia española consiste en poner una vela a Dios y otra al diablo. El ministro José Luis Ábalos mora entre las brasas de su encuentro con la vicepresidenta bolivariana Delcy Rodríguez en Barajas, asunto en el que según la versión de La Razón un juez advierte indicios de delito. Es una nota de Francisco Velasco: "El juez de Instrucción número 7 de Madrid, en funciones de guardia, ha ordenado a AENA y otros responsables del aeropuerto de Barajas que no destruyan ninguna de las grabaciones relativas a la estancia de la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su encuentro con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, a la vez que advierte de que pueden incurrir en un delito de desobediencia si actúan de forma contraria. El magistrado, de esa forma, acepta la medida cautelar pedida por el PP en la denuncia que presentó ayer por esos hechos, al considerar que puede ser un elemento decisivo para esclarecerlos y que, del contenido de la denuncia, se desprenden «indicios racionales de hecho delictivo». La Fiscalía no se había opuesto a la petición de la medida cautelar solicitada".

Ábalos ha superado el último trámite parlamentario con el apoyo de los grupos independentistas y en cuanto a las grabaciones del aeropuerto opina una cosa y la contraria. Esto es que dice estar encantado con que se guarden las cintas, que por si él fuera se exhibirían en los cines pero que "lamentablemente" no se pueden ver por la Ley de Protección de Datos.

Más contradicciones. El campo está en llamas por los bajos precios que se pagan a los agricultores y según El Periódico, el vicepresidente Pablo Iglesias ha adoptado el papel de Torra con los CDR: "El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha animado a los agricultores y ganaderos a seguir "apretando" con manifestaciones y concentraciones, que están paralizando las ciudades españolas para pedir precios justos y una solución a la crisis que atraviesa el campo español. En concreto, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha avanzado que en la reunión que ha tenido lugar esta tarde con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA les ha pedido "seguir apretando" con las movilizaciones y tractoradas, ya que asegura que tienen "razón"".

En lo que el Gobierno no manifiesta dudas es en el caso del pin parental y ayer mismo anunció que ha recurrido a los tribunales contra la comunidad murciana. De la nota de Marta Borraz en El Diario: "El Gobierno acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia un recurso contra el 'veto parental' implantado en la comunidad y ha solicitado, como medida cautelar y con carácter de urgencia, su suspensión. Lo hace un día después de que venciera el plazo que dio el Ministerio de Educación y Formación Profesional a la Consejería de la comunidad autónoma para retirar la medida por considerar que incurre en una "ilegalidad". Entonces, el departamento dirigido por Isabel Celaá dio el primer paso del procedimiento y envió un requerimiento que el Gobierno autonómico, de PP y Ciudadanos, ha desoído".

Más política. Dificultades de encaje entre el PP y Ciudadanos en Galicia. El acoplamiento está pendiente de las cesiones de Feijóo y las concesiones de Arrimadas, cuyos equipos distan de estar de acuerdo. Escribe Ana Belén Ramos en El Independiente: "Aunque Ciudadanos lo intentará «hasta el último minuto», todo apunta a que será la ‘doctrina Feijóo’ la que finalmente se imponga en el baile de llamadas, conversaciones y largas reuniones en que llevan embarcados PP y Cs en las últimas semanas para desencallar los pactos electorales en País Vasco y Galicia, que abren sus urnas el próximo 5 de abril. Si de la reunión de ayer podía inferirse la ausencia de novedades –acuerdos encallados en Galicia y 'avanzados' en País Vasco-, lo cierto es que los matices en los discursos que pronunciaron tanto el secretario general del PP, Teodoro García Egea, como la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas fueron muy significativos: mientras el primero se mostró «seguro» de llegar a un acuerdo con los naranjas porque 'los fines son los mismos' pero faltan concretar 'Los mecanismo' en cada territorio, la segunda, aunque decidida a presionar 'hasta el final', se mostró menos contundente y evitó definir el pacto en Galicia como una línea roja para sacar adelante el resto de coaliciones electorales, condición que había mantenido hasta este martes".

Cataluña. Otro mundo. El caso de los cortes de tráfico de la Meridiana clama al cielo. Francesc de Carreras ha escrito al respecto un artículo de denuncia en la versión catalana de El País en el que se refiere a la agresión sufrida por el periodista Xavier Rius el pasado sábado y en el que censura "la permissivitat de les autoritats, el silenci dels mitjans de comunicació, la complicitat de les elits socials i la por dels ciutadans". Y dice más: "En aquest vídeo es comprova com a Catalunya les autoritats prevariquen, els mitjans de comunicació no informen ni denuncien, les elits socials es comporten com els seus antecessors durant el franquisme, i els ciutadans estan apàtics i resignats, tan silenciats per la por com en les dictadures".

Como en las dictaduras, uno de los pocos medios que se refiere al caso es La Vanguardia, pero se cuida muy mucho de citar al periodista y el incidente del sábado. En una pieza que firma Toni Muñoz se afirma que "el Ayuntamiento de Barcelona reclama al Govern de la Generalitat que ponga fin a la protesta que desde 128 noches corta la circulación de la avenida Meridiana de Bar­celona y provoca graves alteraciones viarias y comerciales". Entre otras alteraciones, claro. La consejería no está por la labor y ha respondido, según la misma pieza, que el derecho de manifestación está protegido "incluso por la Constitución" y "sólo se puede restringir en casos excepcionales, que los mossos consideran que no se dan', señalan fuentes de la conselleria".

Y sigue así la nota: "Sin embargo, para el Ayuntamiento la excepcionalidad a la que apunta Interior ya se produce. La Guardia Urbana relata que desde el 25 de enero a las concentraciones de la Meridiana acuden “encapuchados con actitud violenta tanto hacia los agentes de la policía barcelonesa que regulan el tráfico como con los ciudadanos que les recriminan su actitud”. El informe detalla que algunos manifestantes tienen “un comportamiento hostil” hacia los agentes y arremeten con patadas y puñetazos contra algunos vehículos de los conductores atrapados. El día 4 de febrero, por ejemplo, “un grupo de encapuchados increpó a los conductores bloqueados hasta el punto de que a una motocicleta le quitaron las llaves de contacto y le rompieron el retrovisor”. El documento también subraya que “diariamente los concentrados levantan hogueras que producen daños importantes en la calzada”".

Rius no existe en la prensa de obediencia catalanista pero molesta más que un golondrino en la axila. Ayer mismo le echó en cara y a la cara a la portavoz del Govern Meritxell Budó el cuajo y el papo de las autoridades gubernativas al permitir el cachondeo de la Meridiana. También le informó de que ha denunciado a Torra, a Buch y a ella misma en la Fiscalía. 

El independentismo tira piedras contra su propio tejado en la Meridiana al igual que con personajes como Santiago Espot, que ha decidido que concurrirá a las próximas elecciones porque JxCat y ERC son unos "inútiles". Ha creado un nuevo partido llamado Força Catalunya y montado un vídeo de presentación en el que llama "cretino" al Rey. 

19 de febrero, santoral: Álvaro de Córdoba, Barbado, Beato de Liébana, Gabino, Mansueto de Milán, Proclo y Quodvuldeo.