Menú Buscar
Jordi Turull y Josep Rull, dos de los miembros encarcelados de JxCat que piden evitar elecciones, en una imagen de archivo / EFE

Turull, Rull y Sánchez recriminan a Llarena que no hubo rebelión

La defensa de los exconsellers ha presentado un recurso en el que critica la acusación de rebelión y asegura que nunca hubo violencia

5 min

Los exconsellers del Govern Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, todos diputados de JxCat en el Parlament desde las últimas elecciones del 21 de diciembre, han presentado un recurso de apelación contra el auto de procesamiento de Pablo Llarena, magistrado instructor de la causa del Tribunal Supremo. En el recurso reiteran su inocencia ante el delito de rebelión, porque no hubo violencia en ningún momento y señalan la "debilidad" de las acusaciones. 

En el escrito presentado, la defensa de los tres diputados --Jordi Pina-- considera que Llarena es consciente de la "debilidad" de la acusación y que ahora apunta a la sedición o rebelión en su último auto. Ante dichas acusaciones, descartan que los tres exconsellers incurrieran en un delito de rebelión porque la violencia en el proceso soberanista "brilla por su ausencia", ya que lo único que pretendían los ciudadanos movilizados era poder emitir su voto el 1-O

Asimismo, lamentan que se haya hecho una "calificación absolutamente desmesurada" y creen que los delitos de los que se les acusa solo se deben al contexto político que se vive en Cataluña y que no se corresponden con la realidad.

Pacifismo para proteger las urnas 

En el recurso Pina detalla: "El delito de rebelión exige que la proclamación de independencia sea el propósito de quienes se alzan violentamente, lo que impide aplicar este tipo a quienes simplemente piden votar". 

Asimismo, en el recurso hacen hincapié en que, después del 1-O, no se persistió en conductas supuestamente violentas: "Curiosa rebelión la que se ejerce sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada". De hecho, consideran que el 1-O no hubo conductas violentas reseñables porque la gran mayoría de personas se limitó a resistir de manera pasiva y que "las únicas personas que llevaron la iniciativa en el empleo de la fuerza física fueron los agentes policiales".

Por ello, ven lamentable que en los atestados de la Guardia Civil "nada se diga de la violencia empleada por los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado frente a pacíficos ciudadanos que por arma blandían una papeleta electoral".

Tampoco el 20 de septiembre 

Sobre las concentraciones en la sede de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía el 20 de septiembre, consideran que cualquier analogía con el golpe de Estado del 23F "resulta sencillamente inaceptable".

"Si el propósito de las decenas de miles de personas concentradas hubiera sido realmente el de alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada", y añaden: "Las concentraciones de personas fueron un acto de legítima protesta en ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación y no un alzamiento o insurrección", y si bien admiten que las miles de personas concentradas dificultaron la salida de la comisión judicial, recalcan que absolutamente nadie sufrió el menor rasguño.

"Jordi Sànchez llamó en todo momento a los manifestantes a la calma, actuó como interlocutor con los agentes y facilitó su actuación, pidiendo a los manifestantes que abandonaran el lugar cuando se hizo tarde", resumen.

En el recurso, Jordi Pina compara este acto de protesta a las manifestaciones para impedir desahucios --también contra comitivas judiciales-- y "no se tiene noticia de que jamás ningún manifestante de las llamadas plataformas antidesahucios haya sido procesado por sedición".