Puigdemont, en una rueda de prensa / EFE
Piden al Tribunal de Cuentas que Puigdemont pague dos millones por el 1-O
La petición la realizan Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, las mismas entidades que impulsaron el proceso contra Mas por el 9N
19 diciembre, 2018 12:42Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) han pedido al Tribunal de Cuentas que reclame cerca de dos millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su equipo de gobierno por los fondos públicos destinados al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Ambas entidades solicitan al Tribunal de Cuentas que abra un procedimiento para que Puigdemont y sus exconsejeros devuelvan el dinero destinado a la votación ilegal del 1-O. Un gasto que consideran "ilícito", dado que dicho referéndum había sido anulado por el Tribunal Constitucional.
Alto coste policial
La solicitud de incoar diligencias, además de a Puigdemont, también afecta a sus 13 colaboradores de gobierno: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santiago Vila, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
En su escrito, los denunciantes destacan que el Estado también resultó perjudicado por esta convocatoria ilegal "por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad", que estiman en más de 87 millones de euros.
Pago o embargo
Si el Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia, se nombrará un instructor que calcularía la "liquidación provisional" a abonar, y requeriría a los presuntos responsables que paguen ese importe, más los intereses, "bajo apercibimiento de embargo".
SCC y ACC piden al tribunal que pida a la Generalitat toda la documentación contractual y financiera utilizada para la convocatoria del 1-O, además de la certificación de los gastos y pagos que se hicieron en cada departamento
Hace un mes, el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver los casi 5 millones de euros gastados en la consulta soberanista del 9N, un proceso que también impulsaron las dos entidades que ahora reclaman el pago de Puigdemont.
