El Tribunal de Cuentas reclama casi 4 millones a Junqueras y Puigdemont por los desvíos del Diplocat

El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes 1,9 millones al expresidente del Govern Carles Puigdemont, y otros 1,9 millones al exvicepresidente Oriol Junqueras, por supuestos gastos indebidos en la promoción exterior del procés.

Según ha avanzado El País, el órgano fiscalizador también ha exigido otros 2,8 millones al expresidente Artur Mas, también en la lista de 39 altos cargos y funcionarios de la administración catalana a los que pide fianzas por el presunto desvío de fondos para las denominadas embajadas catalanas y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

5,4 millones en supuesta malversación

La cantidad total que reclama el Tribunal de Cuentas se eleva a 5,4 millones de euros. Estos se suman a los 4,1 millones que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1-.O y que ya fueron consignados por personas del entorno independentista.

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán que leer en tres horas, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos diez minutos para alegar in voce, con independencia de a cuántas personas representen, lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.

Alegaciones

El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid, ha sido el de Puigdemont, Gonzalo Boye. "Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.

En este sentido ha lamentado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatut de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".

15 días para pagar

Francesc Homs es otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso, e inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9N. También ha reprochado que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa, en referencia a los 5,4 millones que tendrán que abonar.

Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero. En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.