Torra desobedece la orden de retirar lazos amarillos y esteladas

Quim Torra no ha atendido la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los símbolos políticos independentistas de los edificios e instalaciones de la Generalitat, al considerar que se trata de "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español".

El presidente del Gobierno catalán ha presentado alegaciones contra la resolución que le obligaba a quitar los lazos amarillos de apoyo a los políticos en prisión preventiva por el procés y las esteladas (banderas independentistas catalanas) con el objetivo de mantener la neutralidad política de las dependencias públicas durante las elecciones generales del 28 de abril y autonómicas y europeas del 26 de mayo.

"Anhelo de libertad"

A grandes trazos, Torra ha fundamentado su decisión de incumplir su obligación con tres argumentos, cuanto menos, sorprendentes: el primero, una resolución del Parlament de 2014 en defensa de la estelada; el segundo, que sus adversarios políticos --en clara alusión a PP y Ciudadanos-- también utilizan políticamente los lazos amarillos al pedir su retirada; y el tercero, una supuesta "dificultad" para cumplir con lo que le piden: que deje de utilizar las instalaciones públicas con simbología independentista.

Así, en su escrito de protesta a la JEC, Torra sostiene que la estelada no es un símbolo partidista, sino de "un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta". Según sostiene, así lo estipuló una resolución del Parlament de 29 de enero de 2014, que nunca ha sido cuestionada por el Estado.

"Ausencia de imparcialidad"

Por lo que respecta a los lazos amarillos, Torra se queja de "la contradicción que supone la prohibición de su exhibición" mientras, "desde hace ya más de un año", otras formaciones que también concurren a las elecciones del 28A "han realizado campañas públicas para fomentar e incentivar" su retirada. Asimismo, subraya que la mayoría del Parlament rechazó por más de dos tercios de la Cámara el pasado 21 de junio dos proposiciones de ley que instaban a prohibir su exhibición "en el espacio público y en las instituciones".

Torra llega al extremo de acusar a los partidos que reclaman la retirada de la simbología independentista de las dependencias de la Generalitat de este modo: "La resolución de la JEC que se nos ha comunicado, lejos de mantener la neutralidad política, está dando la razón a estos partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública". Y que, con ello, se está "favoreciendo" sus "postulados". De manera que, a su modo de ver, "se incurre en una ausencia de imparcialidad".

Políticos de la Generalitat y del Ayuntamiento, posando el pasado mes de febrero con una pancarta nacionalista bajo la pancarta de apoyo a los políticos presos y el lazo amarillo que preside el balcón de la Generalitat

Políticos de la Generalitat y del Ayuntamiento, posando el pasado mes de febrero con una pancarta nacionalista bajo la pancarta de apoyo a los políticos presos y el lazo amarillo que preside el balcón de la Generalitat

"Dificultad" para cumplir el requerimiento

El presidente del Gobierno catalán se escuda, además, en "la dificultad legal de cumplir el requerimiento en sus justos términos". "Como ustedes saben, existen multitud de edificios públicos en todo el territorio de Cataluña, en los cuales se prestan servicios propios de la Generalitat que, por un lado, no son propiedad de esta institución y, por otro lado, muchos de ellos no son gestionados directamente por la Generalitat", concluye su escrito.

Por lo que respecta a los funcionarios, Torra considera que en sus "funciones" como presidente de la Generalitat tiene "el deber de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos", reconocida por el Tribunal Constitucional (TC).

Por todo ello, el líder posconvergente solicita a la JEC "que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma; tenga por efectuadas las manifestaciones que contiene y, en consecuencia, se proceda a la reconsideración del acuerdo" que adoptó.