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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Soraya Sánez de Santamaría, vicepresidenta, al inicio de la sesión de control al Ejecutivo en el Senado / EFE

Soraya advierte a la Generalitat que si quiere diálogo debe “dar marcha atrás en todo”

La vicepresidenta del Gobierno insiste en que no hay ninguna vía de comunicación abierta con el Ejecutivo de Carles Puigdemont porque no es posible

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“Si el señor Puigdemont quiere diálogo, debería reponer todo al momento inicial en que desobedecieron la ley y dar marcha atrás absolutamente en todo”. Esta es la condición que ha puesto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que Madrid y Barcelona se sienten y busquen una solución política al conflicto catalán.

La número dos del Ejecutivo insiste en que no existe ninguna vía de comunicación con la Generalitat porque el procedimiento elegido para convocar el referéndum del 1-O y aprobar la ley de transitoriedad que debería entrar en vigor el día después de la votación no dejan margen para este diálogo. No es posible, afirma Sáenz de Santamaría.

Defensa de la legalidad vigente

Asimismo, ha tildado de “ridícula” la actitud del Ejecutivo de Carles Puigdemont ante uno de los últimos mandatos judiciales: el de cerrar la página web que publicita el referéndum ilegalizado. Ha asegurado en una entrevista en Telecinco que todas serán “pan de cada día”.

Sáenz de Santamaría afirma que si el Govern ha decidido caer en la desobediencia y demostrar cada día que “son más listos porque se saltan la ley, la ley se repone con toda la fuerza del Estado de derecho, con toda tranquilidad, con toda paz, pero también con toda firmeza”.

Y, en la polémica del portal del 1-O, advierte que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una gran experiencia en la lucha contra el cibercrimen.

Advertencia a los alcaldes

La vicepresidenta señala que todo el mundo, incluidos los alcaldes catalanes, tienen claro que se no se puede colaborar con el referéndum ilegal. Ha garantizado que cualquier acto preparatorio de la votación tendrá una respuesta.

Ya se ha producido en el caso de los 712 ediles que colaboran con la organización del 1-O. En cuanto a la decisión de los representantes electos de la CUP de no personarse ante la Justicia cuando reciban la notificación --algo que aún no se ha producido--, Sáenz de Santamaría advierte que cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos.

No colaboración con el referéndum

“Los que no quieran ir incumplen la obligación de colaborar con la Justicia y, en España, todo el mundo lo ha hecho cuando se le ha pedido”, ha aseverado. Advierte que el Gobierno tiene previstos todos los escenarios posibles del procés y emplaza a los ciudadanos a no colaborar con el referéndum.

“No nos va a temblar el pulso en hacer lo que tengamos que hacer y siempre dentro de la ley”, ha sentenciado. ¿Eso implica usar el ya famoso artículo 155? La vicepresidenta del Gobierno no ha hecho ninguna mención al respecto.