SegurCaixa suprime la póliza de seguros del Parlament por la independencia

SegurCaixa Adeslas ha rescindido el seguro de responsabilidad civil contratado por el Parlamento catalán por agravarse "el riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña" y, en concreto, por la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

El Parlament ha registrado hoy una carta de la aseguradora en la que la compañía participada por el Grupo Caixa y por Mutua Madrileña explica los motivos de la rescisión de la política de cobertura de responsabilidad civil contratada por el Parlament y que ha sido distribuida en la reunión de la Mesa de la cámara catalana.

Carta de SegurCaixa Adeslas al Parlament / CG

Carta de SegurCaixa Adeslas al Parlament / CG

Primero dejó sin cobertura a Mas

Dicha carta hace referencia al aumento del "riesgo producido por los últimos acontecimientos políticos en Cataluña y, singularmente, la suspensión mediante providencia del TC, publicada en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 13 de septiembre de 2017, de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República".

En términos sencillos, los diputados catalanes quedan sin cobertura civil por los actos y demandas que pudieran recibir en virtud de sus cargos electos. Este tipo de pólizas garantizan las coberturas de responsabilidad civil en caso de condenas y, en ocasiones, facilitan la defensa jurídica de los asegurados, en este caso los parlamentarios de Cataluña. El presupuesto de licitación del contrato con SegurCaixa, publicado en 2016, ascendía a 87.000 euros y un valor estimado de 174.000 euros. Su duración era de tres años, hasta 2019. El objetivo del servicio era contratar “los seguros de responsabilidad civil y patrimonial y de daños del Parlament”.

Fragmento de la póliza de seguros del Parlament por Adeslas / CG

Fragmento de la póliza de seguros del Parlament por Adeslas / CG

Fragmentos de la póliza de seguros del Parlament por Adeslas / CG

Esta misma aseguradora, que es propiedad a medias de una empresa catalana y de otra madrileña, denegó recientemente el aval que necesitaba Artur Mas para pagar la fianza de 5,2 millones de euros derivada de los cargos del 9-N impuesta por el Tribunal de Cuentas.