Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a tres miembros de la cúpula de la policía autonómica (el exsecretario de Interior Cèsar Puig; el exdirector de los Mossos Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana) por su actuación durante la fase más intensa del procés independentista en Cataluña otoño de 2017.
Trapero, Puig y Soler está acusados de rebelión y la Fiscalía pide para cada uno de ellos 11 años de cárcel. Mientras que Laplana debe hacer frente a un cargo de sedición y a 4 años de prisión.
Hasta el 16 de marzo
Las vistas continuarán hasta el 16 de marzo y está prevista la declaración de 104 testigos, algunos de ellos muy mediáticos, como Mas, Junqueras y Pérez de los Cobos.
A continuación, se detallan los personajes más relevantes de este proceso, el más importante relacionado con el independentismo catalán tras el macrojuicio del procés que terminó con condenas por sedición para los principales acusados.
Josep Lluís Trapero Álvarez (acusado)
Josep Lluís Trapero (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1965) es el personaje más mediático del juicio, hasta el punto que da nombre al mismo. Está acusado de rebelión por la Fiscalía, que pide para él 11 años de cárcel. Aunque diversas fuentes prevén que esta acusación sea rebajada al delito de sedición, toda vez que este es el que se ha acreditado en el macrojuicio del procés.
Fue nombrado mayor de los Mossos d'Esquadra el 17 de abril de 2017, cargo del que cesó en octubre de ese año en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Inicialmente fue procesado por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido como máximo responsable de la policía autonómica la celebración del referéndum independentista ilegal del 1-O y por no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía del 20 y 21 de septiembre de 2017, pero finalmente la Fiscalía optó por acusarle de uno solo de rebelión, en consonancia con lo solicitado en el Tribunal Supremo para los exmiembros del Gobierno autonómico.
Durante la instrucción, acudió a declarar en tres ocasiones, la primera de ellas vistiendo su uniforme policial. Aunque su causa en la Audiencia Nacional estaba pendiente, aceptó testificar en el macrojuicio del procés, intervención durante la que aseguró que advirtió a Puigdemont de que la celebración del 1-O podría generar violencia, que le instó a cumplir la legalidad constitucional, y que tenía preparada su detención en caso de que le fuese ordenada tras una declaración de independencia.
La fiscalía, en cambio, considera que, "con el conocimiento y aquiescencia de los otros dos acusados, como máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación" para impedir que los agentes bajo su mando pudieran cumplir "con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". También se le acusa de una "utilización ilícita" de su cargo en beneficio de políticos independentistas como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (condenada a 11 años y 6 meses de prisión por sedición). Además, el ministerio público apunta que, por su relación con los políticos independentistas, el responsable de los Mossos d'Esquadra empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando.
Cèsar Puig Casañas (acusado)
Cèsar Puig (Valls, Tarragona, 1956) está acusado de rebelión y la Fiscalía pide para él una pena de 11 años de cárcel.
Fue nombrado secretario de Interior de la Generalitat en julio de 2015. El ministerio público le acusa de alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del procés. El 19 de septiembre de 2017 envió una serie de correos a una dirección utilizada por el exsecretario de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda catalán, Josep María Jové Lladó (dirigente de ERC, propietario de la Moleskine en la que se anotaron los principales pasos del procés y miembro del equipo de ERC que en las últimas semanas ha negociado con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez), en los que informaba de la actuación que la Guardia Civil estaba realizando en Terrassa (Barcelona), en la empresa Unipost.
Pere Soler Campins (acusado)
Pere Soler (Terrassa, Barcelona, 1967) está acusado de rebelión y la Fiscalía pide para él 11 años de cárcel.
Fue nombrado director de los Mossos d'Esquadra el 31 de julio de 2017 --apenas dos meses antes del referéndum secesionista ilegal-- tras la dimisión de Albert Batlle, que se oponía a seguir adelante con el procés. Tras su designación aseguró que "la Constitución no les obliga".
La Fiscalía indica que "le correspondía ejercer el mando, dirección e inspección del cuerpo de Mossos bajo la dirección y supervisión del secretario general y del consejero del Departamento de Interior". Y le acusa de dar "cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", en concreto a Francesc Sutrias, detenido por su participación en la adquisición, presuntamente con dinero público, de material necesario para el referéndum, y a quien habría prometido medidas de contravigilancia.
Teresa Laplana Cocera (acusada)
Teresa Laplana (Barcelona, 1961) esta acusada de sedición y la fiscalía pide para ella 4 años de cárcel.
Era la intendente de los Mossos d'Esquadra responsable del operativo de seguridad desplegado en la Consejería de Economía durante el asedio del 20 y 21 de septiembre de 2017 a la comitiva judicial que realizaba un registro.
La Fiscalía destaca que Laplana "negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba, guiada del propósito último que alentaba sus acciones, que no era otro que frustrar la actuación de la Comisión Judicial".
Concepción Espejel Jorquera (magistrada)
Concepción Espejel (Madrid, 1959) preside el tribunal que juzgará a la cúpula de los Mossos d'Esquadra. Es presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de su sección primera desde junio de 2017, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska. Aspira a una de las tres plazas vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano que enjuició a los líderes del procés. De ser elegida, no tomaría posesión hasta que finalice el juicio y se notifique la sentencia.
Está casada con un coronel de la Guardia Civil y fue condecorada con la Órden del Mérito de la institución armada. Tras presidir la Audiencia Provincial de Guadalajara, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en septiembre de 2008. En enero de 2016, fue apartada del juicio de Gürtel Época I por su posible afinidad ideológica al PP.
Entre sus juicios más mediáticos figura el de la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016, en cuya sentencia descartó descartó el delito de terrorismo que defendió la Fiscalía y rebajó las penas a los condenados. También presidió el juicio por delitos de blanqueo contra el expresidente del Barça Sandro Rosell, al que dejó en libertad nada más empezar el juicio tras haber pasado 22 meses en prisión preventiva por orden de la juez Carmen Lamela, que instruyó la causa contra Trapero y quien en la anterior convocatoria a una plaza en el Tribunal Supremo logró el puesto al que Espejel también aspiraba.
Francisco Javier Vieira Morante (magistrado)
Francisco Javier Vieira (1955) es otro de los tres magistrados que forman el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará a la cúpula de los Mossos d'Esquadra.
Ingresó en la carrera judicial en 1980 y ejerció en juzgados de Osuna, San Clemente, Sahagún y La Bañeza. También ha ejercido como magistrado en Barcelona, Burgos y Segovia y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Madrid durante casi una década. Este será su primer gran juicio desde que llegara hace unos meses a la Audiencia Nacional. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Ramón Sáez Valcárcel (magistrado)
Ramón Sáez (Madrid, 1957) completa el trío de magistrados de la Audiencia Nacional que juzgará a la cúpula de los Mossos d'Esquadra.
Fue vocal del CGPJ a propuesta de IU entre 1996 y 2001. Tras su cese recaló en la Audiencia Nacional, por lo que es el más antiguo de los tres en este tribunal. Está considerado como uno de los miembros más progresistas de Jueces para la Democracia. También ha presentado su candidatura para una de las tres plazas vacantes en la Sala Segunda del Supremo.
Fue uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que respaldó la competencia del exjuez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo, decisión revocada por el pleno de la Sala de lo Penal, por lo que Garzón fue juzgado y absuelto por esa causa. Ha sido el ponente del auto en el que la Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión de las defensas de Puig y Soler de que este juicio se celebre en tribunales catalanes.
Miguel Ángel Carballo (fiscal)
Miguel Ángel Carballo es uno de los dos fiscales del juicio a la cúpula de los Mossos d'Esquadra. Es miembro de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador.
Es teniente fiscal y portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sucedió en el cargo a Jesús Alonso, y asumió la portavocía tras abandonar ese puesto Dolores Delgado a raíz de los atentados del 17-A por discrepancias entre ellos. Además de esta causa, lleva otros casos derivados del proceso independentista como el de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo y el procedimiento abierto a la plataforma secesionista violenta Tsunami Democràtic. También actuó contra el acoso independentista a la comitiva judicial en la Consejería de Economía del 20 y 21 de septiembre de 2017 y contra la CDR Tamara Carrasco.
Pedro Rubira (fiscal)
Pedro Rubira es el fiscal más veterano de la Audiencia Nacional, por lo que ha participado en numerosos procedimientos contra integrantes de la organización terrorista ETA.
En 1996 formó parte, junto a los entonces fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y María Dolores de Prado, del grupo conocido como los "fiscales rebeldes e indomables", cuando a raíz de una inspección en la Audiencia Nacional, la Fiscalía General advirtió "insubordinación" de los letrados hacia su jefe, José Aranda, que fue destituido por su "falta de autoridad".
Se opuso a la concesión de la libertad condicional al preso etarra Bolinaga, que fue excarcelado el verano de 2012 por enfermedad terminal, un cáncer por el que falleció en enero de 2015. Al defender la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos cuestionó la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del procés, lo que obligó a la Fiscalía a emitir una nota en la que aseguraba que en ningún caso dudaba de la "profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña".
Olga Tubau (abogada de Trapero y Laplana)
Olga Tubau se encarga de la defensa de Josep Lluís Trapero y de Teresa Laplana.
Licenciada en 1985 por la Universidad de Barcelona y bregada en el despacho Jufresa, que fue cuna de prestigiosos abogados catalanes, Tubau --del bufete Tubau & Lajara & Echavarri-- ya arropó a Trapero en su declaración ante el Tribunal Supremo como testigo del macrojuicio del procés. Recomendada a Trapero por los servicios jurídicos del Departamento de Interior, la abogada llegó avalada por la credencial de haber logrado, contra pronóstico, la absolución de los antidisturbios acusados de reventar el ojo a Ester Quintana con una pelota de goma: asumió el caso en su recta final, pero le dio la vuelta sembrando la duda sobre el artefacto que provocó las lesiones.
Cristóbal Martell
Cristóbal Martell llevará la defensa de Pere Soler. De origen canario, es uno de los abogados más reputados de Barcelona, aunque su actividad alcanza todo el país.
Martell --crecido también bajo la sombra del bufete de Jufresa-- es un referente como letrado en los delitos fiscales, de cuello blanco y de políticos vinculados a entornos socialistas. También fue elegido por la familia Pujol al ser imputada por la fortuna ocultada al fisco en Andorra.
Como abogado, ha participado en algunos de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, como Gürtel, Palau, Noos, 3%, Josep Lluís Núñez, Leo Messi y Ana Torroja. Es un experto negociador.
Fermín Morales (abogado de Puig)
Fermín Morales dirigirá la defensa de Cèsar Puig, quien fue asesorado durante toda la fase de instrucción, por el economista y exdecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona Jaume Alonso-Cuevillas, ahora diputado en el Congreso por JxCat.
Morales es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y numerario de la Real Academia Europea de Doctores. Compagina la dirección del bufete de penalistas que lleva su nombre, especializado en delitos económicos, con una intensa actividad docente y una prolífica producción de textos jurídicos.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos
Oriol Junqueras (testigo)
Oriol Junqueras es otro de los testigos más relevantes. Condenado a 13 años de cárcel y de inhabilitación por sedición y malversación, deberá ser trasladado a Madrid desde la prisión de Lledoners (Barcelona) --donde cumple la condena-- o ser interrogado por videoconferencia.
En este procedimiento se intercambia los papeles con Trapero, que compareció como testigo en el juicio del procés. En su declaración como acusado en el Tribunal Supremo, Junqueras defendió la legitimidad del referéndum del 1-O y consideró que al conflicto del nacionalismo catalán "se le debe dar un salida política", ya que "esto no se resuelve metiendo a la gente en la cárcel". Anunció además, respecto a sus deseos de autodeterminación, que los separatistas "lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso".
Artur Mas (testigo)
Artur Mas es uno de los testigos más mediáticos de este juicio. Fue presidente de la Generalitat entre 2010 y 2016, al que sucedió en el cargo Carles Puigdemont. Mas es el primer impulsor del procés a partir de 2012.
El expresidente también fue testigo en el macrojuicio del procés, donde aseguró que la vinculación de la Generalitat en la organización del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre fue "incluso inferior" que la que tuvo en la consulta secesionista también ilegal del 9-N de 2014, cuando él estaba al frente del Govern. Por el referéndum del 9-N, Mas fue condenado en marzo de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia, pena que fue luego rebajada a un año y un mes por el Tribunal Supremo. De forma paralela, en noviembre de 2018 fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver los 5 millones de euros gastados en esa consulta.
Joaquim Forn (testigo)
Joaquim Forn será testigo en el juicio a Trapero. Esta condenado a 10 años y medio por sedidión.
Era el consejero de Interior cuando se celebró el referéndum secesionista ilegal del 1-0. Llegó a ese cargo meses antes, en julio, en sustitución de Jordi Jané, y fue cesado con la aplicación del artículo 155. La Fiscalía sitúa su nombramiento en la decisión del Govern de sustituir "a los consejeros que consideraban una irresponsabilidad la celebración de un referéndum unilateral por consejeros que compartían la realización en el referéndum ilegal". En el macrojuicio del procés defendió que los Mossos "siempre cumplieron la ley" y que "no recibieron nunca instrucciones políticas" ni de él ni Puigdemont "para incumplir con su función de policía judicial". Negó su "inactividad" para evitar la votación y ha asegurado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución, ni el 20-S ni el 1-O".
Jordi Sànchez (testigo)
Jordi Sànchez es testigo en el juicio a Trapero. El expresiente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) está condenado a 9 años de cárcel por sedición y cumple condena en el penal de Lledoners (Barcelona).
Al haber cumplido ya una cuarta parte de la pena, por ser de los primeros que ingresó en prisión provisional, ya se le ha concedido su primer permiso penitenciario, que está pendiente de disfrutar.
Fue uno de los promotores del acoso independentista a la comitiva judicial en la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre de 2017. Ese día le hizo 16 llamadas a Trapero, y éste a su vez le llamó por teléfono 21 veces.
Jordi Jané (testigo)
Jordi Jané es testigo en el juicio a la cúpula de los Mossos por el procés. Antecedió a Forn como consejero de Interior.
En su declaración como testigo en el macrojuicio del procés aseguró que él nunca se planteó "ningún tipo de escenario en el que los Mossos se apartaran de la legalidad". Pero reconoció que dimitió de su cargo "ante la eventualidad de que en un futuro no haya un contexto de acuerdo" en el conflicto nacionalista, aunque insistió en que el ejecutivo del que formó parte siempre defendió "la vía del diálogo para encontrar una solución pactada". Según Jané, la remodelación del Govern de julio de 2017 no supuso ningún cambio de criterio respecto al papel de los Mossos d'Esquadra y "en todo momento" tanto Puigdemont como el exvicepresidente Oriol Junqueras como el resto de consejeros "respetaron" que el cuerpo de la policía catalana "está para cumplir la ley y hacerla cumplir".
Ferran López Navarro (testigo)
Ferran López es uno de los testigos más trascendentes en el juicio a Trapero, pues durante el procés fue su número dos y su sustituto cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución.
López es comisario y ejerce de adjunto de la Prefectura de los Mossos d'Esquadra desde poco después de que, una vez finalizada la etapa del 155, presentara su renuncia como jefe de la policía autonómica al consejero de Interior, Miquel Buch.
Siendo jefe de los Mossos, declaró como testigo en la Audiencia Nacional y respaldó la versión de Trapero sobre su intervención para facilitar la salida de la comisión judicial durante el asedio en la Consellería de Economía. Como testigo en el Tribunal Supremo, reiteró su versión en la Audiencia Nacional y aseguró que el 1-O hubo "un operativo conjunto pactado y acordado" por De los Cobos, quien "validó" y "diseñó" la estructura del dispositivo. Explicó, como también hizo Trapero, que alertaron al Govern sobre una posible escalada de violencia si se seguía adelante con el referéndum y recordó las palabras de Puigdemont al respecto: "Recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía ese escenario que nosotros preveíamos, él, en ese mismo momento, declaraba la independencia".
López relató además que, antes de declarar en la Audiencia Nacional transmitió al coronel y al número dos de Interior José Antonio Nieto que su visión de los hechos "era contradictoria con la de ellos", porque no solo informó a De los Cobos del operativo, sino que éste dio su visto bueno, algo que negó rotundamente el coordinador del 1-O en su testifical en el juicio del procés: "No es cierto", apuntó. Pero López insiste en que sí.
Josep Maria Jové (testigo)
Josep Maria Jové será testigo en el juicio a Trapero. Es diputado de ERC en el Parlament y ha formado parte del equipo de negociadores de los republicanos para acordar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Durante la etapa más intensa del procés, era secretario general de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, esto es, el número dos de Junqueras. Fue uno de los detenidos el 20 de septiembre de 2017 en la operación contra la preparación del referéndum ilegal del 1-O en la que se registró la sede de la Consejería de Economía mientras miles de independentistas acosaban a la comitiva judicial. Sigue imputado en el TSJC.
El registro de su domicilio proporcionó a la Guardia Civil dos documentos que resultaron vitales para imputar a la cúpula independentista juzgada en el Supremo, el power point denominado Enfocats y la agenda Moleskine con anotaciones manuscritas que recogían reuniones del sanedrín que pilotaba el procés y establecían escenarios de la hoja de ruta unilateral a la independencia.
