Los Pujol alegan que el patrimonio de Andorra era el único que tenían oculto

Los abogados defensores de la familia Pujol han presentado ante la Audiencia Nacional un documento para acreditar que no ocultan más patrimonio que el que regularizaron en Andorra. El escrito ha sido realizado por la Agencia Tributaria y ha sido pedido directamente por la defensa de Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola y de sus descendienes, ya que el juez que investiga el caso rechazó hacerlo él mismo. 

El pasado mes de octubre, los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo pidieron al titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que solicitara la certificación. La Abogacía del Estado, acusación particular en la causa, se opuso al considerar que era una diligencia "innecesaria" ya que los propios imputados podían aportar dicha información al juzgado. Una opción por la que, finalmente, ha optado la defensa. 

Información de 101 jurisdicciones

De esta forma, han sido los Pujol los que han solicitado una certificación de los datos comunicados a España a través del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria, basado en los procedimientos que se definen en el Estándar Común de Declaración (CRS), en el que participan 101 jurisdicciones, entre ellas Andorra, Suiza y Liechtenstein.

A raíz de esta petición, el departamento de Inspección Financiera y Tributaria que depende del Ministerio de Hacienda ha corroborado que en 2017 únicamente constaban dos cuentas a nombre de Josep Pujol Ferrusola en la Banca Privada d'Andorra (BPA), con un saldo conjunto de dos millones de euros --que ya había declarado--, y una cuenta de Mireia Pujol Ferrusola en la Banque Postale de Francia, con saldos que entre 2016 y 2018 oscilaron entre los 55 y los 188 euros.

Fraude prescrito

El pasado mes de diciembre, la Agencia Tributaria remitió a la Audiencia Nacional un informe en el que concluía que el expresidente de la Generalitat defraudó a Hacienda 885.651 euros en el año 2000, pero que ese ejercicio fiscal ya está prescrito.

En el caso de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, la Agencia Tributaria sostuvo en ese informe que pudo haber defraudado hasta 10,4 millones de euros entre 2003 y 2012.