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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Exteriores, Raül Romeva, durante su conferencia de este lunes en Madrid / EFE

Puigdemont, en Madrid, más de lo mismo: referéndum o referéndum

La filtración del borrador la 'ley de desconexión' desactiva el mensaje pactista que el presidente de la Generalitat quería 'vender' en el Palacio de Cibeles

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Cuatro horas antes de que empezara la conferencia de este lunes en el Palacio de Cibeles de Madrid, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de su cuenta de Twitter, pedía a los críticos que esperasen a escucharle antes de lanzar sus reproches. De sus palabras se presumía que en su discurso introduciría algún elemento novedoso en sus planes para desconectar Cataluña del resto de España. Sin embargo, no fue así.

En su alegato, el dirigente nacionalista repitió los argumentos utilizados por Junts pel Sí (JxSí) una y otra vez en los últimos meses para defender la celebración de un referéndum independentista pactado (democracia; diálogo; derecho a la autodeterminación; atender la demanda mayoritaria de los catalanes; urnas para resolver las diferencias; ofrecer voz y voto al pueblo; los catalanes que no quieren la independencia también esperan ser escuchados, etc.). Y aunque en su breve intervención apeló al diálogo hasta en 14 ocasiones, Puigdemont también advirtió al Gobierno de que el referéndum se iba a celebrar aunque no hubiese acuerdo, y que después únicamente negociaría los términos de la secesión. Nada nuevo.

La filtración de la 'ley de desconexión'

En realidad, la única novedad relevante en esto que se viene a llamar procés se produjo por la mañana. El día amaneció con la publicación en El País de un borrador de la secretísima ley de desconexión que están preparando los principales partidos independentistas.

El texto --que los principales actores políticos dan como bueno, aunque coinciden en que se trata de una versión antigua-- prevé la declaración unilateral de independencia en caso de que el Gobierno no permita celebrar el referéndum secesionista, y establece las líneas maestras de la ruptura: control de los jueces por parte del Govern; apropiación de todos los bienes del Estado en Cataluña; asunción de los funcionarios estatales por parte de la Generalitat; amnistía de los condenados por el 9N; otorgar la nacionalidad catalana a los ciudadanos de Cataluña, y establecimiento del catalán como única lengua oficial, entre otras disposiciones transitorias hasta aprobar la Constitución del Estado catalán. Un proyecto que Rajoy tildó de "disparate" y "chantaje". 

El camino para descubrir al autor oculto de una acción suele comenzar con la respuesta a la pregunta “¿a quién beneficia?”. Y, en este caso, el cui prodest? de la filtración de la ley de desconexión a los medios apunta al Gobierno. Ver negro sobre blanco los planes de ruptura unilateral en los que desde hace meses trabajan la Generalitat y los partidos independentistas desactiva la imagen amable y pactista que Puigdemont --escoltado por el vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras, y el consejero de Exteriores, Raül Romeva-- quería sembrar en su tournée madrileña. Una vez constatado que JxSí tiene lista su hoja de ruta hacia la separación, la credibilidad de su líder queda en entredicho cuando dice, como hizo ayer en Madrid, que “dialogar en política es sentarse en una mesa sin condiciones previas, sin límites, sin tópicos, sin apriorismos y sin reproches”.

Tanteo a la espera de la hora de la verdad

Hasta ahora, el procés se ha sostenido fundamentalmente en declaraciones inocuas y decisiones ambiguas. Basta recordar los intentos de Artur Mas de desentenderse de la organización del 9N en su comparecencia ante los tribunales --trasladando la responsabilidad a los voluntarios--, o más recientemente la licitación de la compra de urnas de la Generalitat --justificada oficialmente por la celebración de procesos electorales--. Si se analiza a la otra parte, cabe aludir la actuación del Gobierno durante el 9N; más bien la no actuación, pues optó por esperar a que la justicia le resolviese la complicada papeleta a posteriori.

Sin embargo, los plazos se agotan. Apenas quedan cuatro meses --con las vacaciones por medio-- para la fecha comprometida por el Govern para hacer efectivo su desafío y celebrar el referéndum.

La presión va en aumento y tanto el Gobierno como la Generalitat miden sus pasos cuidadosamente para que ninguno de ellos sea el primero en cometer un exceso que pudiera ser irreversible. En ese marco debe circunscribirse el toma y daca de este lunes. Una suerte de tanteo que se intensificará a medida que se acerque septiembre.