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La Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (FEDAIA) se moviliza para pedir más recursos con los que atender a los menores / CG

Los profesionales de los centros de menores están al límite

Aunque la Generalitat, tras meses de retrasos, está al corriente de pago, lamentan que los presupuestos de 2020 no contemplen partidas específicas para revertir “diez años de pérdidas”

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Los profesionales que atienden a los menores más vulnerables en Cataluña están al límite. La Generalitat se ha puesto al corriente de pago, tras meses de retrasos, pero hace diez años que los módulos no se actualizan y los presupuestos para 2020 son, a su juicio, insuficientes.

La Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Fedaia) reclama al Govern que aumente sus partidas en 130 millones y ha emprendido una serie de movilizaciones para concienciar a la administración de la situación en la que se encuentran. “La presentación de los presupuestos de 2020 nos ha generado un importante malestar porque no hay ninguna partida destinada a desarrollar las necesidades que, como sector, venimos reclamando desde hace tiempo”, afirman desde esta Federación.

Al corriente de pago

Gestionar los centros de menores en general y la asistencia a los extranjeros no acompañados (MENA), en particular, ha evidenciado la situación en la que se encuentran estos profesionales. El retraso en los pagos. A finales de 2019, Fedaia cifraba en 13 millones el dinero pendiente de abonar por parte de la Generalitat. Fuentes de este esta plataforma, que agrupa a un centenar de entidades con 3.000 profesionales  y 4.800 voluntarios, que atienden a 10.000 niños en situación de riesgo y 35.000 familias, explican a Crónica Global que el Govern se ha puesto al día en el pago de facturas, pero el problema está lejos de estar solucionado.

Imagen de un menor con un juguete que ilustra la pobreza infantil / EFE
Imagen de un menor con un juguete que ilustra la pobreza infantil / EFE

La consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, asegura que en diciembre de 2019 y enero de este año se pagó la mayoría de facturas pendientes correspondientes al año pasado y que, actualmente, solo quedan algunas afectadas por algún tipo de incidencia o problema de gestión. Éstas se abonarán a cargo de créditos del ejercicio presupuestario de 2020.

Los retrasos se debían a diferentes causas. Por un lado, a una gestión administrativa compleja por el volumen de facturas y procesos de pago con muchos trámites. “Tenemos centenares de centros en el territorio y la actual estrategia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) es cerrar centros grandes para abrir recursos más pequeños, por ejemplo pisos”, lo cual “multiplica las facturas”.

Evolución de la pobreza en Cataluña (Idescat)
Evolución de la pobreza en Cataluña (Idescat)

Así lo explica en consejero Chakir el Homrani en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada de PSC-Units, Beatriz Silva, quien indagó sobre los retrasos en los pagos a entidades que gestionan los centros de menores. Asimismo, el nuevo sistema de acreditación provoca desajustes, pues a principios de año, la Generalitat sustituyó el sistema de contratación por uno de pago mediante la acreditación de servicios. El Govern asegura estar trabajando para garantizar el pago ordinario a 60 días.

Pero los problemas continúan y Fedaia afirma que se necesitan 130 millones de euros para revertir diez años de pérdidas y afrontar el despliegue del Servicio de Intervención Socioeducativa (SIS). Por ello, han impulsado varias acciones para concienciar a la sociedad y a la administración de la situación en la que se encuentran.

Menores extranjeros no acompañados (MENA) en una comisaría de los Mossos d'Esquadra de Barcelona / EFE
Menores extranjeros no acompañados (MENA) en una comisaría de los Mossos d'Esquadra de Barcelona / EFE

Fedaia ha elaborado un manifiesto en el que justifica la necesidad de ese dinero extra para “garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad, actualizar las condiciones laborales de los profesionales –en diez años solo se ha aumentado una vez el IPC en los salarios—y contribuir al sostenimiento de las entidades y de los proyectos”.

Recuerdan que, desde 2008, “la crisis económica ha acentuado la desigualdad social, con las situaciones de pobreza o de riesgo de sufrirla como consecuencia más directa”.