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La privatización de las residencias de la tercera edad ha aumentado en Cataluña

La privatización de residencias crece “de forma desproporcionada” en Cataluña

Un estudio atribuye a los sucesivos gobiernos de derechas de la Generalitat las "políticas sociales residuales" basadas en la externalización de servicios, en pleno debate sobre la 'ley Aragonès'

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La privatización en el ámbito de las residencias de la tercera edad “ha crecido de manera desproporcionada” respecto al sector público. Lo dice un informe publicado por el Institut de Ciències Polítiques i Socials --adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona-- que atribuye esa situación a que el Gobierno catalán “ha estado en manos de la derecha durante la mayor parte del tiempo desde 1980”, que ha apostado “por políticas sociales residuales y con un marcado carácter asistencialista”. El informe denuncia que el modelo catalán “ha sido la externalización de los servicios públicos vía convenios y subvenciones hacia el sector privado, tanto en empresas mercantiles como a entidades sin ánimo de lucro o del tercer sector”.

Externalización de 200 servicios

El estudio se conoce en pleno debate sobre la llamada ley Aragonès --proyecto de ley de contratos de servicios a las personas-- que se tramita en el Parlament. Un centenar de entidades se manifestaron el pasado domingo contra esa norma que, a su juicio, blinda la externalización de unos 200 servicios públicos. Por el contrario, sociedades mercantiles, patronales y pymes han expresado su malestar ante la posibilidad de que la ley favorecezca a “empresas de economía social o empresas sociales”.

plazas residencia
Evolución de las plazas de residencia para personas mayores por titularidad (2001-2015)

“En el ámbito de las residencias para gente mayor --indica ese informe--, las cifras muestran que el sector privado ha crecido de manera desproporcionada respecto al público”.

La monografía se titula Abordando la crisis de los cuidados: políticas, trabajos y experiencias locales y ha sido coordinada por Silvia Carrillo Gómez. Cuenta con las contribuciones de Magdalena Díaz Gorfinkiel, Wendy Espinosa Sánchez, Sandra Ezquerra Samper, Christel Keller Garganté, Mireia Roca i Escoda, Xavier Rubio Cano y Miriam Sol Torelló. Se estructura en una primera parte más analítica en torno a la crisis de los cuidados, y una segunda parte donde se presentan iniciativas y propuestas a nivel local, tanto desde los colectivos de trabajadoras del hogar y de los cuidados como desde los municipios catalanes.

De la esfera privada a la pública

Sandra Ezquerra es la autora del artículo Cartografiando la crisis de los cuidados en el ámbito catalán: Políticas Públicas, familias y mercado, donde se destaca el antes y después que supuso la aprobación de las leyes de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) y la Ley 12/2007 de Servicios Sociales. Tradicionalmente, esas tareas de asistencia estaban relegadas al espacio privado del hogar y eran las mujeres quienes las ejercían. “Particularmente, en lugares del sur de Europa como Cataluña y España, las políticas públicas en relación a los cuidados han promovido históricamente que ésta permaneciera fuera de la esfera política y de la esfera pública y, por tanto, en cierta manera han potenciado la despolitización de los cuidados”, explica la autora.

prestaciones reconocidas
Prestaciones reconocidas y personas beneficiarias en Cataluña (2008-2018)

En este contexto, las políticas públicas en nuestro país “no buscan necesariamente eliminar el protagonismo de la familia en la provisión de cuidados sino, de una parte, complementarla con apoyos específicos y, de otra, compensarla en los casos en que la familia no esté presente o disponible, y en situaciones de extrema necesidad”.

El envejecimiento de la población, consecuencia de una mayor esperanza de vida, ha provocado un aumento de la demanda de cuidados. En 1975, la esperanza de vida era de 73 años en Cataluña, mientras que en 2017 ascendía a 83. Idescat indica también que se incrementan los hogares con una sola persona (en un 41,7% entre 201 y 2011). En 2018, en Cataluña había 340.200 hogares con una persona mayor de 65 años o más, el 75% de las cuales compuestas de mujeres. Tanto la LAPAD como la Ley de Servicios Sociales, añade la experta, se aprobaron para dar respuesta a esos cambios demográficos y “con la voluntad de pasar de un sistema de servicios sociales de carácter asistencialista a un sistema de tipo universalista”.

Gasto social 'per cápita'

A pesar de la crisis, en Cataluña ha ido aumentando el gasto social en personas mayores, al pasar de 1.646 euros per cápita en 2001 a 2.482 en 2014. Pero el informe se muestra muy crítico respecto al hecho de que “el Gobierno catalán, en manos de la derecha durante la mayor parte del tiempo desde 1980, apuesta desde el inicio de la democracia por políticas sociales residuales y con un marcado carácter asistencialista. Eso se ha visto reflejado en un gasto de protección social en Cataluña inferior a la del Estado español y de la mayor parte de países europeos. A menudo las prestaciones no se derivaban de un derecho individual sino familiar; no eran un derecho garantizado en tanto que a menudo dependía de disponibilidad presupuestaria y, en general, no cubrían las necesidades existentes”.

Manifestación contra la 'ley Aragonès' en las calles de Barcelona / EUROPA PRESS
Manifestación contra la 'ley Aragonès' en las calles de Barcelona / EUROPA PRESS

Esta debilidad de los servicios públicos “explica en parte por qué el Gobierno catalán dejó en manos del sector privado y del mercado y generó una polarización en el acceso a los servicios, donde los recursos públicos se destinaban a los sectores sociales más desfavorecidos y los recursos mercantiles, a los más acomodados”. Ello se traduce en que las clases trabajadoras y medias no recibían ningún apoyo “pues sus rentas no eran suficientemente bajas para acceder a los servicios públicos, pero tampoco eran suficientemente altas para poder obtenerlos vía mercado”.

Otra característica del modelo de intervención en Cataluña “ha sido la externalización de los servicios públicos vía convenios y subvenciones hacia el sector privado, tanto en empresas mercantiles como a entidades sin ánimo de lucro o del tercer sector”.

El gran peso de la concertada

El estudio refleja cómo el aumento de plazas en residencias, por ejemplo, no está liderado por la oferta pública directa, que entre 2001 y 2015 crece solo un 1,18%, mientras que la oferta concertada duplica su peso en la oferta total, triplicándose el número de plazas.

“En el ámbito de las residencias para gente mayor, las cifras muestran que el sector privado ha crecido de manera desproporcionada respecto al público, tanto desde el punto de vista privado como, sobre todo, en la concertada”, afirma. Algo que también pasa en el servicio de ayuda a domicilio. Además, el sector privado de carácter social se ve superado desde los inicios del siglo XXI por el sector mercantil”.