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Oriol Junqueras delante de Carles Puigdemont, en una imagen de archivo / EFE

La prisión de Junqueras noquea a todo el independentismo

La decisión del Tribunal Supremo lanza un duro mensaje al secesionismo y Puigdemont valora boicotear el Parlament

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Noqueados. Todos. El bloque independentista ha comenzado a ser consciente de la realidad y se desespera. La decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión a Oriol Junqueras, con el argumento de que puede reincidir, sin una expresa renuncia a la vía unilateral, noquea a todo el independentismo. El mensaje es rotundo: la justicia cree que el Govern cometió delitos “gravísimos” contra el Estado, con lo que deja en entredicho las carreras políticas del propio Junqueras, pero también del expresidente Carles Puigdemont y de los miembros de la lista tanto de Junts per Catalunya como de ERC que están encausados o que siguen exiliados en Bruselas.

Para Esquerra significa que la posible investidura de Junqueras se complica de forma extraordinaria. Junqueras no pierde sus derechos políticos, pero ¿sería posible la investidura de un presidente que debe volver a prisión? Para Junts per Catalunya el mensaje es el mismo: si vuelve Puigdemont ya sabe lo que le espera.

Ante esa realidad, que expresó este viernes el Tribunal Supremo, las fuentes independentistas consultadas admitieron que se entra en una fase de “gran confusión”, y que todo dependerá ahora de cómo los partidos reaccionen y hagan ver a sus propios dirigentes que el juego se ha acabado.

Puigdemont, con su plan de ruptura

¿Eso qué implicaría? Desde el cálculo frío por parte del independentismo, la respuesta podría ser que los diputados que se encuentran en Bruselas devuelvan su acta de diputado --algo que ya se ha comenzado a difundir--, que corran las listas tanto de Junts per Catalunya como de ERC para mantener la fuerza parlamentaria, y que también devuelvan su acta los políticos presos: el propio Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez. Con ello, el independentismo se aseguraría gobernar la Generalitat --tiene mayoría absoluta-- e iniciar una nueva etapa buscando algún acuerdo con el Gobierno español. 

Pero a eso no está dispuesto todavía el independentismo. Por lo menos, no el núcleo de fieles a Puigdemont, que ha comenzado a difundir una posibilidad de carácter rupturista para avivar el pulso contra el Estado, y es que se valora seriamente “boicotear” la constitución del Parlament, prevista para el 17 de enero.

En el reglamento del Parlament no se recoge de forma explícita si se necesita o no un quorum para poderlo hacer. Constitucionalistas consultados se refieren a la necesidad de que estén en la cámara, como mínimo, 68 diputados, la mitad más uno de los 135 diputados que forman el Parlament. Es el número necesario para adoptar acuerdos, según el artículo 89 del reglamento. Si los independentistas no acuden a la sesión constitutiva, cuyo bloque, incluyendo a la CUP, es de 70 diputados, no se podría iniciar la nueva legislatura.

Sin acuerdos, Rajoy mantendrá el 155

¿Qué pasaría? Nadie es capaz de aportar nada, porque es algo sin precedentes. Pero, si no se forma un nuevo Gobierno, si no hay un nuevo presidente de la Generalitat, seguirá en vigor el artículo 155 de la Constitución, y, por tanto, todo seguirá en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Es lo que quiere el independentismo? Sí lo desea Puigdemont, dispuesto a todo, sin que su partido, el PDeCAT pueda ya decidir nada.

Los próximos días serán decisivos, porque es Esquerra la que tiene más deseos de aterrizar a la realidad, y buscará alguna salida, aunque ahora no se vislumbra. Pese al mensaje del propio Junqueras sobre la necesidad de aguantar y mantener el proyecto, con él desde la prisión como guía espiritual, los republicanos eran los más interesados en pasar página cuanto antes.

El Supremo, aunque haya interpretaciones desde el ámbito judicial que puedan ser distintas, ha ofrecido un mensaje que ejercerá ahora una gran presión sobre todo el independentismo. No hay margen para soluciones a corto plazo, no hay oportunidades para salir del paso como sea. Lo que difunde el poder judicial es que el soberanismo debe sustituir a sus principales dirigentes para poder gobernar y defender su proyecto, siempre desde el marco legal que marca la Constitución y el Estatut.