El poder político, ¿impotente o cómplice de la nueva economía?

Manuela Carmena, Ada Colau, el gobierno autonómico de Madrid, el ejecutivo catalán, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Todos los responsables políticos implicados en el conflicto del taxi y de las VTC buscan una solución, sin tener una idea clara de lo que tienen entre manos. El cambio tecnológico es uno de los argumentos que se ofrecen para poder entender la transformación de la economía. ¿Pero ese es el factor relevante? La lucha entre las nuevas empresas, como Uber y Cabify, con los taxis, con licencias públicas, se une a la que ya han establecido gigantes como Amazon, Facebook o Google, pero también otras más pequeñas, en todo tipo de sectores, como Glovo o Deliveroo. El paisaje cambia, con nuevos modelos de negocio. ¿Puede el poder político dar respuestas o está encantado con ese nuevo presente?

Ada Colau no sabe qué hacer. No ha ofrecido respuestas convincentes. Tampoco el gobierno catalán, con el consejero Damià Calvet, intentando un acuerdo intermedio que, en la práctica, ha dado la victoria --momentánea-- al sector de los taxis, aunque en los juzgados puedan ganar los conductores de VTC. Los expertos consultados señalan que los políticos “no están a la altura, porque tienen menos preparación que antes, y también menos que los que gestionan esas empresas que pretenden regular”.

Un grupo de taxistas increpa al conductor de un vehículo VTC a las puertas de Ifema / EFE

Un grupo de taxistas increpa a un conductor de VTC, en Madrid

Multar a bulto

Esa es la visión del economista José Carlos Díez, que apunta a un problema de legitimidad. “Los gobiernos que tenemos, en Cataluña, en España, y, en general, en toda Europa, son más débiles, no tienen detrás la fuerza de la gente y no tienen, tampoco, una visión estratégica. El largo plazo, para ellos, es mañana, y el discurso intelectual es el tuit”.

El economista Santiago Carbó analiza cómo esas grandes empresas conocen perfectamente la legislación, saben hasta dónde pueden llegar, y el poder político no ha querido asumir lo que llegaba a gran velocidad. “¿Qué pasa por los tribunales de la competencia? Que siguen pensando en los grandes carteles, en los clásicos, no se han centrado ni se han formado en la nueva economía. Cuando se ponen, llegan tarde. Y cuando multan, lo hacen a bulto, como pasó con Google”.

Desregular para tener beneficios

Carbó se refiere a la multa de la Comisión Europea a Google, el pasado mes de julio, por una cuantía de 4.300 millones de euros, al considerar demostrado que tenía una estrategia global orientada a proteger y expandir la posición dominante en las búsquedas de Internet con la imposición de restricciones injustificadas y condiciones ilegales a los dispositivos que utilizan el sistema Android y a las operadoras. “Podía haber sido una multa más dura, o mucho más, o algo menos dura, porque no hay un criterio claro sobre lo que se debe hacer”, indica Carbó.

Pero no todo se debe situar en el campo de la administración. El periodista y analista económico Esteban Hernández, autor del libro El tiempo pervertido, en el que intenta explicar el cambio en los modelos de negocio, incide en las propias empresas tecnológicas y en el objetivo que persiguen: “No hay nada que no esté en las manos de los políticos. Las empresas de las que hablamos estos días precisan de desregulación para poder generar beneficios. Compañías como Uber o Airbnb precisan del cambio de normas para conseguir sus objetivos”.

Barcelona, ¿sin Uber ni Cabify?

Porque, ¿qué aportan? Esteban Hernández es contundente al asegurar que “no ofrecen ninguna innovación tecnológica: nos siguen transportando en coches personas físicas o nos alojamos en espacios ajenos a cambio de un precio. No han inventado nuevas formas de transporte ni tampoco nuevas formas de prestación de servicios. Su ventaja competitiva tampoco está en la aplicación, porque hay muchas apps que han sido inventadas y se pueden utilizar, sino en su capacidad de abarcar gran parte de un mercado gracias a la inversión que realizan”.

En el conflicto del taxi hay licencias que se venden, y compradores, en su momento, que no quieren aceptar ni pensar que esas caras licencias podrían tener un precio ínfimo. Entran nuevos actores en el mercado, que deja de ser cautivo, y la administración intenta regularlo, al diferenciar entre un servicio que se presta en la calle, de forma inmediata, el taxi, y la VTC que se precontrata, con, al menos --esa es la fórmula que propone la Generalitat-- con 15 minutos de antelación a través del móvil. Pero el fenómeno es mucho más profundo. Se trata de una transformación global. “¿Cómo se podría entender que una ciudad como Barcelona, que organiza el Congreso Mundial del Móvil, no tiene el servicio de Uber o Cabify?”, se pregunta José Carlos Díez. Es una disputa entre un mundo viejo, regulado y ayudado por la administración, y el nuevo, que, de hecho, también quiere esa ayuda de la administración, que pasa por la desregulación con el argumento de que se beneficia al ciudadano, y le ofrece la capacidad de elegir.

El presidente catalán, Quim Torra, abordando la crisis de la huelga del taxi con el consejero Damià Calvet / EFE

El pesidente Torra y el consejero Calvet

15.000 empleos en España

“Desde una posición de izquierda, como creo que es la de Colau, es difícil de entender que se renuncie a 3.000 o 4.000 empleos en Barcelona”, insiste Díez, en relación a la posible salida de Uber y Cabify. Este economista señala que esas VTC han generado en toda España 15.000 empleos, y que eso no puede ser desdeñable. “Lo que se debería asumir, por parte del sector del taxi es que, en ciudades como Madrid y Barcelona hay sitio para todos, porque la demanda ha crecido mucho”, remacha.

La falta de valentía por parte del poder político, para regular y ordenar el tráfico, como si fueran guardias urbanos, es lo que preocupa a Esteban Hernández. Porque, para él, “el problema consiste en que, parapetándose tras la excusa de las nuevas tecnologías, esas empresas reescriben en términos que les son muy propicios las normas de prestación de servicios”. ¿Y qué puede pasar?

“El problema para los políticos nacionales empezará a ser serio, porque cambian sectores en los que trabaja mucha gente de su país, y que, por tanto, pagan impuestos y consumen también en el país, por otros sectores en los que los beneficios desaparecen del país y sus trabajadores gana mucho menos. Y eso puede suponer mayor malestar, agitación política y ser motivo del auge de partidos más atrevidos”, asegura Hernández.

El modelo, ¿es China?

Esos responsables políticos sí deberían, a juicio de Santiago Carbó, “limitar los abusos, vigilar las condiciones laborales, pero también deberían fomentar la competencia, y la salida al conflicto en Barcelona ha sido un error”.

Ahora bien, Hernández concluye con una reflexión que puede ser una provocación, pero dependerá de cómo asuman los ciudadanos todos esos cambios, que conectan con la defensa de un sistema democrático. “Con la tecnología siempre se señala que no se pueden poner puertas al campo, que es imposible de regular. Pero China lo desmiente. Allí no hay Amazon, ni Google ni Facebook, sino empresas nacionales que realizan esos mismos servicios. Eso demuestra que es controlable, pero es necesaria voluntad política”.

Una voluntad que, si llega para coordinar políticas, debería ser una responsabilidad de la Unión Europea, que es la posición que defiende Santiago Carbó, más allá de multar “a bulto” a esas grandes empresas.