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Las cuatro funcionarias peritos durante su intervención ante el Tribunal Supremo

La primera pericial desarma a las defensas del 1-O

Los abogados de los procesados, incapaces de refutar a las peritos sobre los gastos del referéndum mientras Forcadell y Mundó se distancian del 'procés'

22.05.2019 20:40 h.
8 min

La cuadragésima jornada del juicio del procés ha puesto contra las cuerdas la estrategia defensiva de los 12 acusados por la celebración del referéndum del 1-O, al menos en cuanto a la presunta comisión de un delito de malversación se refiere. Si la sesión ha arrancado con varios testigos prestos a desligar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell del núcleo de decisiones en torno a la consulta y al exconsejero de Justicia Carles Mundó de los procesos de contratación de su departamento, el comienzo de la fase pericial ha desarmado buena parte de los alegatos manejados por las defensas al cifrar en 917.648 euros públicos las cantidades comprometidas en la preparación del proceso secesionista.  

La nueva jornada celebrada tras las puertas del Tribunal Supremo ha sido atípica. Cinco de los acusados han acudido al edificio de la Plaza de la Villa de París como parlamentarios con escaño recién estrenado a la espera de conocer cuál será su futuro político mientras se hallan en prisión provisional. Y, por primera vez en mucho tiempo, los interrogatorios de los testigos se ha desarrollado sin incidentes ni amonestaciones. El ambiente era reposado en la sala, incluso en los pasillos del alto tribunal. Pareciera que tal imperturbabilidad hubiera contagiado a las partes del proceso.

Forcadell se aleja del núcleo

También las propias testificales han tomado otros derroteros y, en este sentido, especialmente significativo ha sido el alejamiento de Forcadell de la cúspide independentista. No en vano ha sido su propia defensa la que ha llevado ante el tribunal a un testigo dispuesto a asumir que fue él mismo quien, desde la cuenta de Twitter de la expresidenta, incitó a la movilización ciudadana el 20 de septiembre de 2017 a las puertas de la Consejería de Economía.

El exasesor de gabinete de Forcadell, Jordi Martínez Soler, ha salido en salvación de su exjefa incluso a la hora de minimizar su presencia, de apenas media hora, en los exteriores del departamento entonces dirigido por Oriol Junqueras. “En ningún momento se dirigió a las personas concentradas”, ha llegado a asegurar. Cual chivo expiatorio, el testigo ha llegado a asegurar que en algunas ocasiones la exmáxima responsable del Parlament ni siquiera otorgaba su aprobación a los mensajes que él se ocupaba de difundir en su nombre a través de las redes sociales.

La defensa de Forcadell, ejercida por la abogada Olga Arderiu, ha querido situar a su patrocinada lo más lejos posible del núcleo separatista y de las proclamas políticas empleadas por sus compañeros de banquillo. Ella estaba volcada, principalmente, en su papel institucional, según Martínez Soler. El antiguo miembro del secretariado de la ANC Ricard Gené también ha desvinculado a Forcadell, entonces presidenta de la entidad, de la hoja de ruta unitaria de la plataforma, aseverando que su cargo era meramente “representativo” y que su voto era “uno más”.

La mirada de los presos

Desde la bancada de los abogados, los también inculpados Jordi Sànchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras seguían con atención las declaraciones sin gesto alguno que delatara sus impresiones sobre el distanciamiento de la exnúmero dos de Junts pel Sí.

Antes de que el inicio de la prueba pericial hiciera temblar los cimientos de las tesis manejadas por los abogados de los procesados, Mundó también ha tenido a quien buscara salvaguardar su inocencia. El exdirector de servicios del departamento Àngel Cortadelles ha negado de forma tajante que se hubiera producido gasto alguno desde esta área en favor del referéndum pero, sobre todo, que el exconsejero hubiera participado en un supuesto desvío de fondos, como ha querido dejar claro su abogado.

La aparición de las cuatro peritos que han inaugurado la nueva fase probatoria del juicio oral a propuesta de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha provocado una sacudida en esta jornada que se encaminaba propicia para las defensas. Tres funcionarias de Hacienda y una interventora del Estado han puesto contra las cuerdas la estrategia de los procesados al poner sobre la mesa las cifras del delito de malversación en el que habrían incurrido los acusados para organizar el referéndum, que han elevado hasta los  917.648 euros las cantidades comprometidas para financiar el proyecto independentista, en las que se incluyen los gastos que finalmente no fueron abonados debido a la suspensión del pago, la devolución de las facturas o la renuncia a su cobro por parte de los proveedores.

Las defensas tropiezan

Y es que, según las expertas en contabilidad pública, cuya tesis choca frontalmente con la de los abogados, el perjuicio se produce en el instante en que un servicio ha sido realizado aunque éste no haya sido finalmente sufragado. Y así sucedió, por ejemplo, con los distintos encargos que los responsables de la Generalitat habrían efectuado a empresas en concepto de publicidad, cartelería o diseño de páginas web para poner en marcha la maquinaria independentista.

Infructuosamente, las defensas, como el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, han intentado desmontar las conclusiones de las peritos, pero éstas se han mantenido férreas en su argumentación. Tampoco la letrada del exconsejero Raül Romeva, Judit Gené, ha tenido mejor suerte al inquirir a las expertas cómo llevaron a cabo uno de sus análisis. “Nuestra fuente de conocimiento es la documentación que nos remite la interventora general. No somos investigadores de la Policía Judicial”, ha espetado una de ellas.

Durante la tarde también ha sido el turno de dos sociólogos y expertos en resistencia civil propuestos por la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes han expuesto su análisis de lo sucedido en Cataluña los días previos al 1-O y a lo largo de esa jornada en base a los principios de los movimientos no violentos surgidos en las últimas décadas para acreditar que los participantes en las concentraciones previas al referéndum no se produjeron agresiones por parte de los manifestantes. Incluso Mahatma Gandhi y Martin Luther King han salido a relucir para apoyar la tesis pacifista de los independentistas.

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