La operación judicial del PP que beneficia al independentismo

Una reacción para protegerse, tras el escándalo de la difusión de los mensajes de Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, pero que tiene un beneficiado al que se quería taponar: el independentismo.

El PP, dolido porque la coyuntura política no le es propicia, por la presión de Ciudadanos, y la previsión de unos malos resultados electorales en Andalucía, cargó este martes duramente contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por haber anunciado el nombre de Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, antes de que lo hicieran los todavía no elegidos vocales del propio gobierno de los jueces.

A la sombra de Trillo

Sin embargo, lo había pactado todo con Delgado, y ahora rompe el acuerdo alcanzado con el PSOE, en una estrategia que celebra el independentismo, porque se pone en duda y queda “deslegitimada” la justicia española. De la noche a la mañana, Delgado es la “ministra más sucia políticamente del Gobierno”, y los fieles de Carles Puigdemont aplauden en Barcelona y en el Congreso.

El PP ha tenido expertos en operaciones judiciales que lograban erosionar al Gobierno socialista. Ocurrió con Federico Trillo, contra Rodríguez Zapatero durante la elaboración y tramitación del Estatut. Ahora el PP ha decidido paralizar el acuerdo que había cerrado con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La razón, como admiten fuentes del PP, es que la presión de Ciudadanos es alta, hay elecciones el próximo 2 de diciembre en Andalucía y lo razonable es que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien trate de recomponer, “si es que lo entiende así”, ese acuerdo en materia judicial que algunos jueces han calificado de “intercambio de cromos”.

Mariano Rajoy y Federico Trillo en una imagen reciente

Mariano Rajoy y Federico Trillo, el hombre del ámbito judicial en el PP

Bueno para el "sistema"

Ese paso lo dio el propio Sánchez en la sesión de control en el Senado, donde pidió la dimisión de Ignacio Cosidó, por la difusión de mensajes, dirigidos a los senadores del PP, en los que se vanagloriaba del peso alcanzado por su partido y del control que tendría, “por detrás” de la Sala Segunda del Supremo, que es la Sala de lo Penal. Sánchez, sin embargo, pidió al PP que mantenga el acuerdo, que no lo desprecie ahora cuando lo defendía ayer, y rechazó que se deba modificar el sistema de elección, al valorar que esa renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces contaba con el apoyo de 210 diputados.

El caso es que el PP está de acuerdo, que el pacto era positivo, se entiende, “para el propio sistema”, y que no se puede ahora cometer el error de despreciarlo para que el independentismo “considere que todo se hace mal, y que existe una causa en contra de los políticos presos que deberá caer en saco roto”.

Prevención frente a Cs

¿Qué ha ocurrido? El mensaje de Cosidó, por whatsApp, no era un texto suyo. La imprudencia, o la dejadez, le ha jugado una mala pasada. Se trataba de un “argumentario” del PP para “calmar” a la bancada popular, para convencer a los que deben defender públicamente los acuerdos, después de que se generara un gran malestar por el pacto con el PSOE. Si la estrategia de siempre había sido la de “paralizar” u obstaculizar las renovaciones, cuando el PSOE podía mejorar sus posiciones, ahora no se entendía que los socialistas pudieran tener 11 vocales, pero, principalmente, que se renovara el CGPJ tras una moción de censura imprevista que dejó al PP en la oposición, y con el PSOE sólo con 84 diputados. El mensaje de Cosidó, del PP, era una forma de decir que no estaba tan mal, que todos habían salido bien de esa negociación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / EFE

El presidente Pedro Sánchez

Por ello, el estupor en el PP es inmenso. Sin embargo, y consciente la dirección que encabeza Pablo Casado de que Ciudadanos está a la expectativa, los populares han decidido una ofensiva judicial contra el Gobierno de Sánchez, una especie de toque de atención con la esperanza, como apuntan las mismas fuentes, de que el Gobierno reaccione y trate de reactivar el acuerdo, con los mismos o con otros jueces.

Aplausos de ERC

Los daños colaterales, no obstante, son serios. El independentismo aplaude. Los diputados de ERC en el Congreso, sonrieron, y su portavoz, Joan Tardà, aseguró que le daba “igual”, lo que hicieran los dos grandes partidos. De hecho, la estrategia del Gobierno catalán está tomada de antemano: la justicia española no tiene legitimidad, existe una causa general que es de naturaleza política contra el independentismo, y no se aceptará ninguna sentencia condenatoria contra los políticos presos que salga del juicio por la organización del referéndum del 1-O. En esa tesis está Puigdemont, el presidente Quim Torra, pero también Oriol Junqueras y todos los republicanos que quieren pasar ahora por los moderados capaces de gobernar. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, consideró que es "un vestigio franquista la no separación de poderes", e instó a Marchena a "no permanecer ni un día más" en el tribunal que juzgara el 1-O.

Manuel Marchena, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska / EFE

El juez Marchena y el ministro Marlaska

Los jueces, en cambio, valoraron de forma positiva lo ocurrido. La decisión de Marchena supone, según fuentes judiciales, que “el reparto entre los grandes partidos se ha acabado, el sistema no sirve”. Marchena seguirá, por tanto, al frente del tribunal que juzgará el 1 de octubre, aunque ya ha sido recusado por los políticos presos, que consideran que ya no es “imparcial”. Sin embargo, Marchena ha decidido renunciar a uno de los puestos más codiciados por un juez, la presidencia del órgano de gobierno, como muestra de que no quiere ser “utilizado por nadie”. Cobra, por ello, legitimidad para la juzgar la causa independentista.

Esperando a Sánchez

Todo dependerá ahora de la capacidad del propio Pedro Sánchez de reorientar la situación, e intentar, de nuevo, un acuerdo con el PP. Fuentes de los dos partidos admiten que es “algo bueno para todos”, y que esos acuerdos no implican ningún “reparto de cromos”.

Y es que ahí reside la hipocresía. Son las propias asociaciones judiciales, los propios jueces, los que se ofrecen, los que disponen de nombres que pueden ser aptos para esos órganos de gobierno, desde la premisa de que no existe una línea divisoria estricta entre la política y la justicia. Lo apunta el juez Jesús Villegas, muy crítico con el actual modelo, y partidario de volver a la ley anterior a la reforma de la ley orgánica de 1985, que dejó la elección de los 20 magistrados y juristas en manos del Congreso y el Senado.

¿Y la batalla en Estados Unidos?

En ese sentido, las fuentes consultadas recuerdan la batalla campal entre republicanos y demócratas en Estados Unidos por los miembros vacantes en el Tribunal Supremo, elegidos directamente por el presidente Trump.  

El peso reside, a partir de lo sucedido este martes, en Pedro Sánchez, en función de si desea esa renovación antes de que convoque elecciones, con un mapa político diferente, y antes del juicio por el 1-O que comenzará entre enero y febrero de 2019.