Los jueces huyen de Cataluña

La falta de tradición opositora, la dificultad añadida que supone la cooficialidad de dos lenguas, la carestía de la vida y, más recientemente, el proceso independentista, han convertido Cataluña en la Comunidad Autónoma española con más movilidad judicial. Lo demuestran los concursos para la provisión de cargos judiciales convocados este año y el número jueces que, desde 2017, han abandonado este territorio, un total de 74.

Radicales de Arran en pleno ataque a la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès / CG

Radicales de Arran en pleno ataque a la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès / CG

Las amenazas de radicales independentistas a los magistrados --el acoso al instructor de la causa judicial sobre el referéndum del 1-O, Pablo Llarena, es uno de los casos más graves--, los escraches en juzgados --que ha incluido lanzamiento de excrementos-- y los intentos del Govern de penetrar en la administración más impermeable a la causa secesionista --frustrado intento de colocar comisarios políticos en las oficinas judiciales-- han puesto a prueba la resistencia de este colectivo profesional. Que los edificios judiciales se caigan a pedazos, como ocurre en los juzgados de Martorell, donde se tuvo que suspender la actividad judicial, lejos de ser una anécdota, favorece ese éxodo de jueces.

Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó tres acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los que se convocan nuevos concursos para la provisión de cargos judiciales entre miembros de la carrera con categoría de juez; plazas a disposición de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, y cargos con categoría de magistrado. La idea es cubrir las 143 vacantes repartidas en toda España, de las cuales 51 están en Cataluña.

"Muy lejos de la estabilidad requerida"

Es decir, un 35,66%, “muy lejos de la estabilidad que requeriría el Poder Judicial, como pilar del Estado, en Cataluña”, advierte la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Fuentes de esta entidad explican a Crónica Global que en esa movilidad no ha sido ajeno el proceso independentista. Y a las estadísticas se remiten.

Excrementos lanzados por los CDR en los juzgados catalanes/ Twitter

Excrementos lanzados por los CDR en los juzgados catalanes / TWITTER

Durante este primer trimestre de 2019, ya se han resuelto dos concursos que se han saldado con la marcha de cinco jueces de Cataluña. El año pasado, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se fueron de esta comunidad un total de 48 jueces que se suman a los 21 que pidieron traslado en 2017. Es decir, 74 magistrados.

La inestabilidad de las plantillas judiciales en Cataluña es una de las consecuencias del conflicto separatista. La justicia catalana, que se nutre de trabajadores procedentes otras Comunidades, siempre se ha resistido a participar en la ofensiva secesionista y tanto funcionarios como jueces han rechazado los mecanismos de control que intenta imponer la Consejería de Justicia de la Generalitat.

"Comisarios políticos"

El enfrentamiento más importante se produjo a raíz de la creación de “Equipos de evaluación y mejora” llamados a “supervisar” el funcionamiento de los tribunales. La operación fue interpretada por los profesionales como un intento de colocar comisarios políticos en las oficinas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia catalán y el CGPJ pararon la embestida –publicaron resoluciones muy contundentes al respecto-- y el Govern se vio obligado a abortar esta iniciativa.

Eso ocurrió en 2017, cuando el procés alcanzó su punto álgido con la celebración del referéndum de independencia, la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155. El Tribunal Constitucional anuló las leyes de ruptura, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica, norma esta última que contemplaba un control absoluto sobre jueces y fiscales por parte del “Gobierno de la república”.

El encarcelamiento de los dirigentes independentistas intensificó el acoso de los radicales a los jueces en general y al instructor Pablo Llarena en particular. Los escraches convocados ante las sedes judiciales catalanas, que hace unas semanas fueron objeto de lanzamiento de excrementos, han sido duramente condenados por la judicatura. Como igualmente contundentes han sido las críticas a la falta de mantenimiento de los edificios judiciales, que el pasado miércoles, se tradujo en una medida sin precedentes: la suspensión de la actividad de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 5 de Martorell debido a las graves deficiencias estructurales, el desprendimiento de falsos techos y filtraciones de agua con orines. La puntilla para los jueces destinados en Cataluña.