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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante el pleno extraordinario en el Parlament tras la decisión de la Junta Electoral de inhabilitarle / EUROPA PRESS

Los letrados dejan en manos de Torrent la decisión sobre el acta de Torra

Trasladan la presión al presidente del Parlament, mientras que desde la oposición le advierten de consecuencias penales si no le inhabilita como diputado

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La oposición y los letrados del Parlamento de Cataluña han trasladado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, toda la presión de decidir si retira el acta de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra, o si se arriesga a incurrir en un delito de desobediencia y le permite votar el lunes.

El Tribunal Supremo rechazó suspender de forma cautelar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar a Torra el acta de diputado, y mandó ejecutar la inhabilitación, que es consecuencia de la condena --no firme-- por desobediencia que pesa sobre él por no haber retirado a tiempo la simbología partidista de edificios públicos en período electoral.

Ante esta resolución del Supremo, Cs y PSC pidieron a Torrent que consultara a los letrados de la Cámara si Torra es o no diputado antes de que el president ocupe su escaño en el próximo pleno, previsto para el lunes 28 de enero, pero aún no convocado de forma oficial.

Sin más informes de los letrados

Fuentes de los comunes, PPC y la CUP consideran que no hace falta un nuevo informe porque los letrados ya hicieron uno al respecto hace unas semanas, pero tampoco ven inconveniente en que se redacte uno de nuevo si hay grupos que así lo desean.

Con esta opinión coinciden fuentes jurídicas del Parlament consultadas por Efe, que descartan que los letrados redacten un nuevo informe de oficio si no lo piden el presidente de la Cámara o la Mesa. En este contexto, Torrent no tiene previsto solicitar un informe de motu proprio si no se lo requiere la Mesa.

"Decisión política"

Estas mismas fuentes defienden que el veredicto del Supremo sobre las cautelares "no cambian el fondo de la cuestión", por lo que persiste la vigencia del informe que se les pidió hace unas semanas, en el que consideraban que la JEC no era competente para ordenar la inhabilitación de un diputado sobre el cual no pese una sentencia firme.

Así las cosas, recuerdan que sus informes no son vinculantes y aseguran que retirar o no el acta a Torra es una "decisión política".

Una decisión que, en cualquier caso, deberá llegar a corto plazo, pues al pleno previsto para el lunes se le suma una nueva orden de la Junta Electoral, en este caso dirigida al Parlament para que nombre al diputado que deberá sustituir a Torra en el plazo de 48 horas.

JxCat: "Nadie puede dar órdenes"

Aunque Torrent y ERC guardan silencio, Josep Costa, vicepresidente del Parlament y miembro de sus socios de Govern, JxCat, ha dicho en TV3 que no hay "ninguna circunstancia nueva" que deba conducir a un cambio de criterio respecto al último informe de los letrados.

Además, ha subrayado que "nadie puede dar órdenes de obligado cumplimiento" al Parlament en lo que se refiere a la composición de la Cámara.

Ambos partidos mantienen contactos desde este jueves para buscar una posición conjunta sobre este tema.

Consecuencias penales

Desde la oposición, Ciudadanos y PPC mantienen desde el primer momento que desde que la JEC emitió su orden Torra no es diputado, y advierten a Torrent de consecuencias penales si le deja votar.

Más difuso es el posicionamiento de PSC y los comunes: los socialistas quieren que sean los letrados quienes digan si el escrito del Supremo dando por buena la orden de la JEC hace que ésta se tenga que cumplir, mientras que los comunes apelan a la prudencia y precisan que sería bueno contar con el informe que piden los de Miquel Iceta antes de opinar.

Fuentes de la CUP creen que no ha cambiado nada y que la orden de la JEC no es vinculante y, por tanto, no se tiene que cumplir.