Lo que se juega la Justicia española con el proceso del 1-O

Los jueces tienen la vista puesta en el Tribunal de Estrasburgo, de ahí la necesidad de un procedimiento garantista, que los expertos no cuestionan, y de una sentencia convincente

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo que celebrará el juicio del 1-O Manuel Marchena y la bandera europea / CG
03.02.2019 00:00 h.
12 min

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, no tiene prisa. Ni para reanudar el juicio del procés, finalmente señalado para el día 12, ni para analizar el gran volumen de pruebas presentadas por las acusaciones y las defensas de los procesados por el referéndum del 1-O. El motivo es ofrecer un procedimiento garantista, que juristas consultados por Crónica Global no cuestionan, así como una sentencia convincente que implica valorar el polémico delito de rebelión imputado a Oriol Junqueras, líder de ERC, así como al resto de dirigentes procesados.

CRÓNICA GLOBAL ILUSTRACIÓN

Los jueces españoles, bajo la lupa mediática y política, saben que la causa acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no indagará en el fondo de la causa, pero sí en la forma procesal. Se juegan su prestigio y el de la Justicia española. No será fácil. La vista oral se celebra en plena precampaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

La retransmisión televisiva ¿supone más transparencia?

Para Albert González Jiménez, profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “es innegable que la Justicia española se ha puesto en entredicho” durante la instrucción, pero “hay que distinguir entre la eventualidad del tipo penal y el procedimiento que se ha seguido. La Ley de Enjuciamiento Criminal (LEC) es decimonónica, pero garantista. Por tanto, el juicio como tal es justo. Otra cosa es debatir si los delitos penales que se imputan se sostienen”.

Imagen del traslado de los presos del 'procés' a Brians II, primero, y hacia Soto del Real y Alcalá-Meco, después / EFE

Imagen del traslado de los presos del 'procés' a Brians II, primero, y hacia Soto del Real y Alcalá-Meco, después / EFE

Respecto a la retransmisión televisiva del juicio, el académico lo considera “anormal” y no cree que ello “redunde en una mayor transparencia. “Se debe garantizar que las declaraciones de los testigos no estén contaminadas, pues la LEC establece que no se pueden comunicar entre sí, se debe evitar la confabulación”, dice González. En este sentido, avisa del riesgo de que se produzcan “juicios paralelos”, pues “la opinión pública puede llegar a conclusiones diferentes al debate penal”.

Observadores en el juicio

Respecto a la gran atención mediática y política que genera el juicio del 1-O, el profesor de la UOC afirma que “un tribunal no se debería dejar influir por el clamor popular y un ejemplo de ello es la sentencia de La Manada. ¿Tenemos que poner la lupa en la Justicia? No deberíamos”. No obstante, admite que el sistema de nombramientos del Supremo “ensombrece y siembra dudas”. Y entiende que la presencia de observadores en la vista oral --objeto de debate-- “no tiene por qué infundir temor”.

El juez Pablo Llarena, instructor de la macrocausa del 'procés' / CG

El juez Pablo Llarena, instructor de la macrocausa del 'procés' / CG

Sobre la euroorden de detención de Carles Puigdemont “nunca debió retirarse. Si crees que alguien ha cometido un delito, no se puede dar marcha atrás. Porque entonces la retirada no obedece a criterios jurídicos, sino a criterios estratégicos”.

El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Perea Unceta, afirma que cualquier duda o sospecha que se quiera poner sobre el trabajo del Supremo “es absolutamente infundada, porque la actuación hasta ahora mismo del magistrado instructor y de la Sala, cuando se ha apelado en algunos trámites, ha sido impecable y porque la experiencia anterior en otros asuntos no permite adelantar ningún prejuicio de parcialidad”. Todo ello “con independencia de que se pueda estar de acuerdo, como juristas, con las decisiones adoptadas, pues, evidentemente, cada uno tenemos nuestra postura jurídica, igual o no, con matices”.

Analistas intoxicadores

El profesor lamenta que los partidos políticos “por su propio interés, sectario, pero legítimo” y algunos analistas “que viven de ello” hayan “intoxicado a la opinión pública con valoraciones personales sobre cuestiones procesales o materiales de este juicio que deberían haber reservado para los auténticos especialistas”.

Desde el punto de vista de Perea Unceta “hay una enorme temeridad al opinar sobre cuestiones tan técnicas como, por ejemplo, los elementos del tipo delictivo de la rebelión o los requisitos para la denegación de la libertad provisional. Yo no opino sobre estas cuestiones porque no soy ni penalista ni procesalista. Puedo opinar sobre procedimientos ante tribunales internacionales y crímenes internacionales, porque es mi especialidad, pero no cuando son en el ámbito interno. Y sin embargo en este juicio todo el mundo opina sin ningún pudor ni rigor”.

El TEDH, un derecho de todos los ciudadanos

En cuanto a la posibilidad de revisión del proceso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), “sigo opinando que no es una amenaza sino un derecho de todos los ciudadanos y que es una garantía en cualquier procedimiento. Cuando se hacen la cosas mal nos corrigen y cuando se han hecho bien --la mayor parte de las veces-- se archiva. Es un control que tenemos los 47 estados Miembros del Consejo de Europa y es necesario y útil. Es nuestra última instancia en derechos humanos, incluidos los procesales. Y estas cuestiones procesales son las que, en su caso, verá el TEDH, puesto que difícilmente entrará en las exclusivamente materiales, como el tipo penal, que es de competencia estatal”.

El presidente del Govern, Quim Torra (c), durante su llamada de atención a la comunidad europea / GENCAT

El presidente del Govern, Quim Torra (c), durante su llamada de atención a la comunidad europea / GENCAT

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós explica que “efectivamente, el juicio del 1-O es una prueba para la Justicia española, que tiene que afrontar algunas sospechas. Se trata de un juicio que tiene una gran trascendencia política y mediática. El Gobierno de Mariano Rajoy renunció a hacer una política destinada a corregir la deriva independentista de una parte de la sociedad catalana. Aunque la palabra no me gusta, podría decirse que ‘externalizó’ la respuesta al Tribunal Constitucional mediante la reforma de la LOTC de 2015)”. Dicho de otra manera, Arbós afirma que Rajoy “apeló a la vía judicial como única respuesta”.

Rajoy 'versus' Sánchez

Así, el Tribunal Supremo “ha sido, hasta la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, la única cara del Estado en este asunto. Y, por su propia naturaleza, es una cara que no dialoga políticamente, sino que actúa y decide por y en el marco del Derecho. Y un juicio de esta trascendencia tiene lugar en el contexto de redes sociales, de transmisión y reproducción en streaming”.

A diferencia de Albert González, considera que esta exposición mediática “es una garantía de transparencia, pero no olvidemos que en las redes sociales circulan fake news o simples distorsiones de la verdad. Puede sacarse de contexto una frase, y la tenemos liada”. 

Pero coincide con el citado profesor de la UOC en que las sospechas sobre la Justicia española “tienen su fundamento en el hecho de que la influencia de los partidos en el nombramiento de los magistrados les etiqueta y contamina su imagen de imparcialidad. No importa si cada uno de ellos haya podido tener actuaciones contrarias a los intereses que se supone que le avalaron. La etiqueta está ahí, y pesa”.

Acusaciones controvertidas

Luego están, indica Arbós, las sospechas “que se alimentan de una instrucción, de la prisión provisional y de las acusaciones que son controvertidas desde el punto de vista jurídico. Lo que para unos son errores jurídicos, para otros son la prueba de que en este caso la administración de Justicia actúa como un órgano más preocupado en defender la unidad de España que en la aplicación correcta del Derecho”.

Manifestantes ante la sede de la Comisión Europea de Barcelona convocados por la ANC para protestar por el juicio del procés / @assemblea

Manifestantes ante la sede de la Comisión Europea de Barcelona convocados por la ANC protestan por el juicio del 1-O / @assemblea

Finalmente, dice el catedrático, el TS “tendrá que lidiar con quienes usarán el juicio como plataforma para la difusión de mensajes políticos, en períodos de precampaña electoral. ¿Puede salir con bien de este juicio? No lo sé. Para empezar, la sentencia tendrá que ser convincente, más de lo que para algunos ha sido la instrucción. Y tendrá que cuidar los gestos y las formas, porque se aplicará la ley de Murphy que conocemos los docentes: algunos no escuchan hasta que te equivocas”.

El prestigio de Marchena

El presidente de Llibertats, y expresidente del Consejo de la Abogacía, Pere Lluís Huguet, cree que el destino final del juicio es el Tribunal de Estrasburgo “y si este confirma la sentencia, la Justicia española habrá dado una lección de defensa de los derechos humanos ante toda Europa en un juicio complicado por su campaña mediática para intentar desprestigiar al tribunal”. En este sentido, Huguet considera que “el Supremo está hilando muy fino especialmente en el ejercicio del derecho a la defensa y van a admitir casi todas las pruebas, saben que después revisará el TEDH”.

El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena “es un gran profesional de reconocido prestigio". Por ello, el jurista afirma que si se consigue una sentencia del TEDH que confirme la del TS “el procés está muerto y España sale reforzada de la crisis institucional más importante de la democracia. Por esto el juicio del procés es una oportunidad para España”. 

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