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Miembros de los Mossos d'Esquadra impiden el paso de manifestantes en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona, tras conocer el auto del juez Llarena  / EFE

El juez Llarena noquea al independentismo

El auto de procesamiento del magistrado deja a los partidos independentistas sin dirección, dispuestos ahora a movilizarse en las calles, y sin estrategia

5 min

Auto del juez Pablo Llarena. Cuatro exconsejeros del gobierno independentista de Carles Puigdemont así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell entraron este viernes en prisión, mientras que Marta Rovira, citada en el Tribunal Supremo, decidió no presentarse y ha viajado a Suiza. El magistrado noquea el independentismo con esa decisión, al dejar a los partidos sin sus direcciones políticas, y sin estrategia, con la necesidad ahora de entrar en una fase de movilizaciones.

El juez considera que la decisión se basa en los indicios que ha podido recabar durante la instrucción, y que la imputación a los exconsejeros “no es precipitada”, porque responde a “fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso”. A pesar de que esa posibilidad entraba en las previsiones del independentismo, la aceleración del proceso en los últimos días ha resultado un golpe rotundo contra los partidos que, justamente, estaban en la recta final para poder formar el próximo gobierno de la Generalitat.

Sin dirigentes

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana decidieron, eso sí, buscar la elección de Jordi Turull, convocando un pleno a toda velocidad, al conocer que el candidato, junto a Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell, estaba citado para este viernes en el Tribunal Supremo. Se pretendía que declarara siendo ya presidente de la Generalitat, pero la CUP decidió abstenerse, truncando la operación.

Ahora, el paisaje es otro, y la estrategia cambia. Los líderes independentistas no están en el Parlament: Carles Puigdemont sigue en Bruselas, con una orden de detención cursada por el juez Llarena; Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, sigue en prisión, en Estremera, con la secretaria general del partido, Marta Rovira, fuera del país, y también con una euroorden sobre su persona. Otros consejeros de peso republicanos, como Raül Romeva, también han entrado en prisión. Y el hombre designado para sustituir a Puigdemont al frente del Govern, Jordi Turull, más de lo mismo.

Horas graves

De forma inmediata se organizaron movilizaciones en diferentes emplazamientos del todo el territorio, con las entidades soberanistas y municipalistas en guardia. “Son horas graves”, aseguró el nuevo presidente adjunto de ERC, Pere Aragonés, reclamando “movilizaciones cívicas y transversales”. Es el nuevo horizonte que se dibuja, a corto plazo, en la política catalana.

Tanto el PSC como Ciudadanos reclamaron la suspensión de la segunda sesión del debate de investidura, prevista para este sábado, que tenía la previsión de votar, de nuevo, a Jordi Turull, aunque con la misma suerte que el jueves, porque la CUP no tenía intención de cambiar el sentido de su voto.

¿Elecciones?

Lo que se abre ahora es una nueva situación, en la que los partidos independentistas, que tienen mayoría parlamentaria, deberán decidir si aprovechan o no los resultados que obtuvieron el 21D. Aunque sus dirigentes están en fuera de juego, sea en prisión o fuera de España, con órdenes de detención, hay otros nombres con los que pueden contar. Al votarse el jueves, se inicia un plazo de dos meses. Si en ese lapso no se ha podido elegir a otro presidente, se convocarán nuevas elecciones de forma automática.

Pero todo eso pasaría por la entrega de sus actas de diputado de Puigdemont y de Toni Comín, o bien por un acuerdo con la CUP, si se entiende que ahora todo ha cambiado, para lograr el objetivo inicial del independentismo: un gobierno que deje a un lado la aplicación del 155 y manteniendo la figura de Puigdemont en Bruselas, teniendo en cuenta que si llegaba esa euroorden, pasará un cierto tiempo hasta que las autoridades judiciales de Bélgica den sus visto bueno, y decidan si entregan o no a Puigdemont por el mismo delito que se le imputa en España: el de rebelión.