Lee aquí el auto de prisión para los cinco líderes del 'procés'

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha enviado a la cárcel a los cinco líderes del 'procés', imputados por delitos de rebelión. Tras la fuga de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, Llarena considera el riesgo de fuga muy elevado y ha dictado un auto (leer aquí) de procesamiento contra la cúpula del independentismo catalán: Jordi Turull,Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa. 

El juez ha decidido dictar prisión preventiva sin fianza para los cinco políticos no encarcelados ni fugados, hasta ahora, por la causa ligada a la celebración del referéndum del 1-O.

En su auto, Llarena señala a otros cinco exmiembros de la Generalitat por posibles delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mudo, Santi Vila i Mertixell Serret. 

Malversación

En su nuevo auto, el juez Llarena ha añadido el delito de malversación al expresidente Carles Puigdemont y a su número dos, Oriol Junqueras, así como a los siete exconsellers acusado de rebelión. Las acusaciones se justifican por el "diseño criminal" de la hoja de ruta a seguir para declarar la independencia.

Además, destaca que la aplicación del 155 en Cataluña no ha finalizado, ya que parece ser que los objetivos independentistas continúan "latentes y pendientes de reanudación una vez se recupere el pleno control de las competencias autónomicas". 

Llarena considera que la causa independentista supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sain parangón en ninguna democracia de nuestros entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otroga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país."

Rebelión

En cuanto a la rebelión, Llarena apunta que la consumación de este delito no exige alcanzar o declarar la independencia, de manera efectiva, si no que se produce cuando la conducta es consistente. Para ello, hace mención de los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre --durante el registro a la consellería de Economía de Barcelona-- en los que considera que "se reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia". 

Además, explica que los organizadores de y responsables de estos hechos sabían que "el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza".

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