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Jordi Rabassa, concejal de Ciutat Vella y Memoria Histórica de Barcelona / CG

Jordi, el concejal de Colau que quiere echar a la Policía Nacional

El edil de Ciutat Vella y Memoria Democrática es un independentista confeso que apoyó la DUI de 2017 y ahora quiere 'desahuciar' la Jefatura Superior de Via Laietana

31.10.2019 00:00 h.
7 min

Es el concejal de Ada Colau que quiere echar a la Policía Nacional de Barcelona. Jordi Rabassa, edil de Ciutat Vella y Memoria Democrática, ha provocado uno de los incendios más graves del nuevo gobierno municipal salido de las urnas del pasado 29 de mayo. El electo de Barcelona en Comú (BComú) ha abierto la espita del desahucio del CNP en Barcelona, una polémica carpeta que hasta ahora ponían sobre la mesa los partidos secesionistas.

Rabassa copó los titulares el lunes al publicar en su cuenta de Twitter una carta enviada al jefe de la Policía Nacional en Cataluña. En la misiva, el concejal tildaba de "inadecuado" el edificio del número 43 de la Via Laietana para albergar la sede policial. Instaba al cuerpo de seguridad a "iniciar un diálogo sobre su futuro en otra ubicación". El Ejecutivo local de BComú y PSC, perplejo ante el resbalón, lo desautorizó 48 horas después. La tercera teniente de alcalde, Laia Bonet, atribuyó su petición de desalojo a una "opinión personal" no compartida por el resto del gobierno municipal. Se alineó así Bonet con las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aunque no pudo evitar el vapuleo en las redes sociales.

Ala 'indepe' de los comunes: por la DUI

La primera gran crisis --tapada por la intensidad informativa y la campaña de las elecciones del 10N-- en el bipartito municipal de Barcelona no debiera ser una novedad. Rabassa fue, junto a Marc Serra, una de las novedades de la lista de BComú para las elecciones del 29 de mayo. El historiador y ex customer service en Baxi había sido consejero técnico del distrito de Ciutat Vella en el primer mandato de Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Apagó pues los numerosos fuegos encedidos por Gala Pin, la polémica edil del distrito que dimitió en abril, un mes antes de someter su gestión al criterio de los electores.

El papel de Rabassa, no obstante, quedó, como otras muchas cosas, marcada por la etapa más virulenta del procés independentista en Cataluña: el año 2017. El entonces consejero técnico y ahora edil de distrito ya había hecho campaña por el pseudoreferéndum del 9 de noviembre de 2014, por el referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017, y participó en el bloqueo de la escuela Mediterrània de Barcelona durante la votación junto a su jefa, Gala Pin. Tras ello, consideró Rabassa que podía ser conveniente declarar la independencia unilateral (DUI) como acto de soberanía pese a la inminencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Contra los exlegionarios

Historiador afincado en Sant Andreu, el concejal que quiere echar a la Policía Nacional de su histórica sede del centro de Barcelona ha demostrado otras veces su antipatía por los estamentos policiales y militares. En esta zona de Barcelona participó y azuzó la fallida campaña para desalojar a la Hermandad de Antiguos Legionarios de sus dependencias legalmente cedidas en los antiguos cuarteles del lugar. Cuando fue aupado a la doble concejalía de distrito y de área --tras enfrentarse al tándem Domènech-Colau en Catalunya en Comú con la plataforma independentista Desbordem--, Rabassa se estrenó causando un incidente en, precisamente, la Jefatura de Via Laietana. Colocó junto a técnicos municipales un monolito que subraya la "represión" que hubo en el edificio en la etapa predemocrática. Fue identificado por los agentes que vigilaban la sede policial porque ni siquiera les había notificado esta política pública, tal y como avanzó TotBarcelona.

Preguntados por la ofensiva de la oposición municipal y de Rabassa contra los funcionarios, fuentes sindicales lamentaron ayer que los "políticos" les coloquen en la diana. Recordaron que cualquier traslado fuera de la zona sería perjudicial para la seguridad ciudadana, ya que los efectivos policiales "tardarían más en llegar al lugar del incidente", amén de para la atención al vecino, pues éstos "se tendrían que desplazar". De hecho, el órdago por expulsar a los agentes llega después de días de asedio por parte de los CDR y otros grupos independentistas radicales. La última muestra fue el sábado, cuando los secesionistas provocaron fuentes incidentes en la Vía Laietana.