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El expresidente de Infraestructures de la Generalitat y exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Joan Lluís Quer (de pie) / EFE

Joan Lluís Quer, Manuel Hernández y Gabriel Borràs, condenados por el saqueo de la ACA

La Audiencia de Barcelona sentencia a seis ex altos cargos de la Agencia Catalana del Agua a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por revelación de información reservada y prevaricación

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La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis ex altos cargos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) a dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para cargo público por los delitos de revelación o utilización de información reservada y prevaricación durante las adjudicaciones.

Entre los condenados destacan Joan Lluís Quer, expresidente de Infraestructures de la Generalitat en la época de Artur Mas y vinculado a CDC; Manuel Hernández, vinculado a ICV, y Gabriel Borràs, vinculado a ICV y ERC.

Anticorrupción

El caso se inició con una querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en 2015 por la adjudicación directa de contratos por parte de la ACA a una unión de empresas controlada por Quer, quien había sido gerente de la entidad entre 2000 y 2004, y también está procesado por la Audiencia Nacional en el caso 3%, de financiación irregular de CDC.

La dirección de la ACA adjudicó en 2007 un contrato de consultoría sobre la cuenca fluvial de Cataluña a una unión temporal de empresas representada por Quer. Entre octubre y diciembre de 2008 los condenados formalizaron 38 contratos de trabajos que, según la fiscalía, buscaban enmascarar los beneficios obtenidos ilícitamente por la UTE administrada por Quer, al tiempo que fraccionaron "de forma artificiosa" el contrato principal para que algunos trabajos pudieran ser adjudicados directamente a empresas vinculadas al procesado. Por ello, el ministerio público solicitaba seis años de prisión para cada uno de ellos y una indemnización solidaria de 7,5 millones de euros.

Contratación fraudulenta

La Audiencia de Barcelona ha dictamiando que "la contratación llevada a cabo por la ACA debía garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia, debiéndose regir por la normativa de los contratos públicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 del Decreto Legislativo 3/2003".

Sin embargo, no fue así, sino que se realizó una contratación fraudulenta y con uso de información privilegiada que benefició a los contratados.

Absueltos por malversación

Más allá de las condenas por prevaricación y revelación o uso de información privilegiada, el tribunal han considerado que no ha quedado acreditado el perjuicio de la ACA por esta contratación fraudulenta, por lo que los acusados han sido absueltos del delito de malversación de caudales públicos.

Además de los citados Quer, Hernández y Borràs, la Audiencia de Barcelona ha condenado a Josep B.T. Jordi D.M.G. y Antoni M.T.