El ‘inquisidor Torquemada’ regresa a Cataluña

La política comunicativa del Govern en las redes sociales ha mutado en los últimos años hacia prácticas inquisitoriales que silencian a los disidentes, pero se toleran los comentarios personales de quienes profesan la fe independentista.

Este doble rasero ha provocado que, mientras algunos altos cargos de la Generalitat utilizan las redes sociales para hacer propaganda secesionista, quienes no comulgan con ella son advertidos e incluso acosados.

Uno de los casos más llamativos se ha producido en el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), donde los consejeros que no son independentistas han sido advertidos por el órgano de gobierno de que se abstengan de hacer comentarios políticos en las redes sociales. Fuentes conocedoras de esa situación aseguran que incluso se ha invitado a la consejera Eva Parera, que forma parte de la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, a que deje su cargo, aunque un informe jurídico elaborado por el propio CAC indica que no tiene obligación de hacerlo.

El Consejo Audiovisual forma parte de una treintena de organismos institucionales con mandatos caducados, pero que no son renovados por el bloqueo independentista.

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“Dicen que los consejeros debemos guardar independencia, aunque la ley nos obliga a ella en relación a nuestras decisiones como miembros del Consejo”, explican estas fuentes.

Curiosamente, varios mensajes lanzados desde la cuenta oficial del CAC ensalzan el procesismo.

Asimismo, altos cargos convergentes aprovechan las redes sociales como escenario de su lucha contra ERC. Ignasi Genovès, director general de Medios de la Generalitat, aplaudió un tuit que comparaba a Oriol Junqueras con la aplicación del artículo 155.

Por su parte, Pere Cardús, que forma parte del gabinete de Quim Torra como coordinador de la gestión de la información y atención a la ciudadanía, ironizó en las redes sociales sobre el hecho de que el libro de Junqueras fuera el más vendido en Sant Jordi en la categoría de no ficción en catalán.

En paralelo, crece el número de internautas que denuncian el bloqueo por parte del Govern. El expresidente Carles Puigdemont es bastante aficionado a esa práctica, no así Quim Torra en lo que respecta a su cuenta personal. Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter del Govern ha bloqueado seguidores por haber comentado anuncios realizados por esta administración autonómica.

Batería de preguntas parlamentarias de PSC-Units per Avançar

“No se trata de comentarios insultantes o que traspasen las más elementales normas de respeto, sino simplemente, de comentarios discrepantes respecto al contenido de los anuncios gubernamentales”, explica el diputado de PSC-Units per Avançar, Ramon Espadaler, en una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Govern.

En las mismas, el parlamentario indaga sobre los criterios que se siguen en las cuentas gubernamentales de Twitter a la hora de bloquear seguidores que expresan discrepancias. También quiere saber las razones de estos bloqueos, el número de seguidores que tiene en estos momentos bloqueados en la cuenta oficial de Twitter y si esta práctica silenciadora se hace muy a menudo.

Las normas de uso de la Generalitat

Las normas de uso de la Generalitat establecen que la ciudadanía puede interactuar si sus comentarios “son pertinentes, es decir, no se alejan del tema tratado. Mantienen el respeto y no ofenden ni atentan contra la dignidad de otras personas. No contienen datos de carácter personal. No tienen como objetivo engañar, desorientar o estafar a la ciudadanía. No violan ninguna ley de derechos de autor y propiedad intelectual. No es contenido promocional o basura (spam)”.

Los comentarios que no cumplan estos requisitos “no serán publicados y los usuarios podrán ser bloqueados”.

Asimismo, la guía de la Generalitat indica que “cuando se está en las redes sociales, se debe tener presente que se entra en un terreno propio de la ciudadanía. Y aquí cada usuario tiene su opinión, que no siempre hay que compartir, pero sí respetar. La presencia de la Generalitat no tiene como objetivo hacer cambiar estas opiniones, ni imponer otras; tan sólo se pretende compartir, escuchar y conversar con la ciudadanía en su espacio. Como principio general, desde los perfiles corporativos no se pueden emitir opiniones personales y la línea editorial debe coincidir con la estrategia de comunicación institucional”.