El independentismo pasa de las palabras a los hechos

La jornada vivida este miércoles en el Parlamento autonómico de Cataluña marca un punto de inflexión en el denominado proceso independentista. Hasta ahora, los pasos unilaterales hacia la ruptura que habían dado los principales actores del secesionismo estaban marcados por un cierto grado de prudencia y por apelaciones a la legalidad. Pero esa línea roja se atravesó ayer, en un pleno que pasará a la historia como uno de los más esperpénticos de la historia parlamentaria española.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, desoyó ayer de forma consciente todas las advertencias de formaciones políticas y órganos jurídicos que le avisaron con absoluta claridad de que admitir a trámite el proyecto de ley del referéndum suponía incurrir en una flagrante ilegalidad. No sirvió de nada. Forcadell decidió actuar como si todavía fuera la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y siguió adelante con los planes de su formación, Junts pel Sí.

Oposición, letrados y CGE

Los grupos de la oposición en el Parlament advirtieron a Forcadell de la ilegalidad de la admisión a trámite del texto y pidieron que lo reconsiderase, pero la presidenta de la Cámara lo rechazó. También recordaron que la reforma del reglamento del Parlament que permitió tramitar el proyecto de ley por la vía de urgencia está suspendido por el Tribunal Constitucional, pero Forcadell hizo caso omiso.

De igual forma, lo letrados del Parlamento autonómico avisaron por escrito a Forcadell de que la tramitación de la ley del referéndum choca con diversas sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional, y que “el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa”. Pero la presidenta de la Cámara catalana también hizo oídos sordos. De hecho, ante la negativa de los funcionarios a publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) la admisión a trámite del proyecto de ley, Forcadell tomó la iniciativa de hacerlo por su cuenta, con la firma de los diputados de JxSí como único aval.

Además, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), por unanimidad, envió un comunicado al Parlament en el advirtió de que no se podía seguir adelante con la tramitación del proyecto de ley hasta que este órgano emitiese el dictamen solicitado por los grupos de la oposición. Sin embargo, Forcadell también decidió obviar este aviso y seguir adelante con la aprobación exprés de la ley del referéndum.

Salto hacia lo desconocido

No hace falta ser un destacado jurista para concluir que la actitud de Forcadell le va a causar serios problemas con la justicia, posiblemente en el ámbito penal. De hecho, el TSJC ya la investiga a ella y a los miembros de JxSí y de CSQEP de la Mesa por desobedecer al TC al permitir que el pleno votara en octubre de 2016 dos resoluciones a favor del referéndum secesionista.

Pero la actitud de este miércoles deja pocas dudas de que el independentismo catalán ha quemado sus naves y ha decidido emprender el camino hacia lo desconocido, sin importarle incurrir, entre otros, en los delitos de desobediencia y prevaricación. Ya no hay vuelta atrás y ahora comienza el tiempo de valorar las consecuencias de esta huida hacia adelante.

Turno para el Gobierno

La primera institución en actuar fue la Fiscalía Superior de Cataluña, que al final de la mañana anunció la presentación de una querella ante el TSJC por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament por aprobar la admisión a trámite de la ley del referéndum.

El Gobierno no hizo ninguna declaración hasta pasadas las 14.00 horas. Fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la que actuó como portavoz del Ejecutivo. Y anunció la interposición de un incidente de ejecución de sentencia ante el TC, en el que reclama que declare nulos y sin efectos los acuerdos del Parlament. También reclamó al TC que tome declaración a la Mesa para desgranar la posible responsabilidad penal que le pueda corresponder a Forcadell y a los otros miembros de la Mesa que han avalado la admisión a trámite de la ley del referéndum.

El Ejecutivo de Rajoy sigue apostando por mantener un perfil bajo frente a la siguiente pantalla del desafío independentista catalán. A pesar de la gravedad de las medidas adoptadas por el Parlament, y más allá de las contundentes palabras utilizadas por Sáenz de Santamaría, el Gobierno, de momento, ha optado por evitar cualquier medida ejecutiva --como las recogidas en la ley de seguridad nacional-- y ha optado por apelar a la vía judicial --pasándole otra vez la patata caliente al TC--, una estrategia similar a la utilizada ante el 9-N.

Pero la pregunta que sobrevuela los círculos mediáticos y de poder es: ¿Puede permitirse el Gobierno de Rajoy otro 9-N? Con toda seguridad, en las próximas semanas se desvelará esta incógnita.