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La portavoz del Govern, Patrícia Plaja / DAVID ZORRAKINO (EUROPAPRESS)

El Govern transfiere 10 millones al fondo para abonar las fianzas del Tribunal de Cuentas

La semana pasada, la Generalitat acordó su creación para ayudar a los ex altos cargos imputados por la promoción internacional del 'procés'

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El Govern de Pere Aragonès ha aprobado este martes transferir 10 millones de euros al fondo para abonar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los encausados por la promoción internacional del procés.

La semana pasada, la Generalitat acordó crear dicho fondo para ayudar a ex altos cargos como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a quienes el órgano fiscalizador reclama cuantías millonarias por promover en el extranjero el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Sin detallar los departamentos

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado hoy el un acuerdo para transferir los 10 millones de euros, procedentes de fondos extraordinarios de diversos departamentos. No ha dado más detalles, pero serán los que doten el llamado "Fondo Complementario de Riesgos".

Este mecanismo ha sido creado para "dar cobertura a servidores públicos que no quedaban cubiertos por otros mecanismos actuales" de la Generalitat, "en aquellos procedimientos judiciales o administrativos en los que se viese implicados por acciones realizadas en ejercicio de sus funciones".

Entidad bancaria

Plaja ha dicho que no le consta que esté apalabrada ya una "entidad bancaria que apoye" esta iniciativa, aunque ha insistido en que "la previsión es que haya un banco que avale este fondo". En este sentido, "se está trabajando", ha manifestado. Si no encontraran el banco que asuma su cobertura, "la entidad gestora lo hará de forma transitoria".

La aprobación de este fondo de rescate independentista está recurrido ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) --órgano encargado de velar el ajuste de las normas al Estatut y a la Constitución-- tras la petición de dictamen de PSC, así como de Ciudadanos y PP. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha manifestado en una entrevista radiofónica que cree que el decreto se ajusta a la ley, pero espera a la resolución del CGE, que no es vinculante, para decidir si toma medidas legales o no contra su creación.