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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, escuchando al director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, en una exposición sobre corrupción / OAC

El Govern incumple las recomendaciones de su propia Oficina Antifraude

El gobierno de Aragonès, cuyo partido instó a la creación de la OAC para perseguir las corruptelas de CDC, tiene 400 asesores y eventuales elegidos a dedo sin control previo de idoneidad

5 min

La Generalitat tiene a sueldo a casi 400 altos cargos, asesores y eventuales. Todos ellos elegidos a dedo sin haber sido sometidos a un control previo de idoneidad o hearing en el Parlament. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) recomienda en un exhaustivo informe de 145 páginas aplicar esos procesos que garantizarían las buenas prácticas. Pero el Gobierno de Pere Aragonès incumple las directrices de este organismo, que su partido, ERC, creó para evitar las corruptelas de Convergència (CDC).

En 2016, otra dirigente republicana, Carme Forcadell, a la sazón presidenta del Parlament, firmaba el preámbulo del informe La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña, elaborado por la OAC [se puede leer en este enlace]. “Las instituciones públicas tenemos la obligación de asegurarnos de que nuestros servidores están capacitados y tienen a su disposición todas las herramientas necesarias para garantizar la detección y gestión correctas de sus conflictos de interés.

Control preventivo

Y con este informe la Oficina Antifraude quiere contribuir a este objetivo, clarificando este controvertido concepto, señalando las consecuencias de no tratar este fenómeno "de forma preventiva y aportando una visión global de todas las herramientas que las instituciones tienen a su alcance”, explicaba el director de este organismo, Miguel Ángel Gimeno.

Los conflictos de interés, según los autores del estudio, son un riesgo de corrupción, no un acto de corrupción, común a todas las organizaciones públicas. Este riesgo debe ser gestionado para asegurar la imparcialidad de los servidores públicos, necesaria para actuar con objetividad en la consecución del interés general y para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

Plano general de la fachada de la Generalitat de Cataluña / EP
Plano general de la fachada de la Generalitat de Cataluña / EP

La OAC instaba a ejercer “un control previo de idoneidad todos aquellos cargos o posiciones de designación política (directivos públicos, eventuales, ciertos altos cargos, etcétera) que no accedan a ellos mediante un proceso basado en la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, o bien con mandato representativo, lo que permitiría detectar intereses que puedan originar situaciones de conflictos de interés potenciales”.

Josep Lluís Alay (i), jefe de la oficina de Carles Puigdemont, en un acto con el 'expresident' fugado / EFE
Josep Lluís Alay (i), jefe de la oficina de Carles Puigdemont, en un acto con el 'expresident' fugado / EFE

Apostaba la Oficina por la comparecencia previa del candidato a ocupar esos cargos de confianza en “sede parlamentaria (hearings), en pleno municipal o en otras sedes que garanticen la misma transparencia y pluralidad”. En el caso de los altos cargos “sería recomendable que una autoridad de control especializada hiciera un escrutinio de la trayectoria profesional previa, con el objetivo de detectar posibles intereses que afecten al cargo a desempeñar y, en su caso, proponer medidas de gestión de aquellos intereses que no puedan ser eliminados”.

La Oficina recomienda “valorar la oportunidad de que los empleados públicos, antes de la toma de posesión, presenten información relativa a su trayectoria profesional previa”.

"Condición de autoridad"

Sin embargo, ERC no aplica esas recomendaciones. Tampoco garantiza la transparencia en la labor de esos altos cargos con posterioridad. "El personal eventual no tiene la condición de alto cargo y sus funciones se circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluida de su ámbito funcional la representación institucional. Por ese motivo, el personal eventual no dispone de lo que la Ley 19/2014 (Transparencia) llama 'agenda oficial', que se refiere únicamente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad”. Así lo explicaba Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, en respuesta a las preguntas de la exdiputada de Ciudadanos, Susana Beltrán.

Protegido por esas exenciones, Alay nunca ha explicado en el Parlament sus polémicos contactos con Rusia. Lo ha hecho en medios de comunicación afines al procés, pero su actividad como responsable de esa oficina es completamente opaca.