El Govern destina 10 millones a cubrir las fianzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas

El Govern ha aprobado mediante decreto ley crear un Fondo Complementario de Riesgos para dar cobertura a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores públicos y altos cargos. La finalidad es ayudar a los altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas, que les ha impuesto fianzas que ascienden a 5,4 millones.

El Consell Executiu ha aprobado la creación de un Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) para hacer frente a las obligaciones legales que se reclamen a trabajadores públicos en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a cabo en ejercicio de su cargo o de sus funciones y que no queden cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable que ya tiene suscritas la Generalitat.

Principio de indemnidad

Este Fondo, que se creará a propuesta de los departamentos de Economía y Hacienda (Jaume Giró) y de la Presidencia (Laura Vilagrà), tendrá una aportación inicial de 10 millones de euros y se irá actualizando anualmente en función de las liquidaciones que se hayan efectuado. Mientras no se constituya la entidad gestora de este fondo o se encargue su gestión a una entidad ya constituida, de forma excepcional, su gestión la asumirá de forma provisional el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 

Los independentistas basan el decreto, que entrará en vigor mañana, en el principio de indemnidad. "Responde a la necesidad de la Administración de disponer de medidas para proteger los derechos de todos los servidores públicos que se encuentren en un proceso judicial o administrativo mientras no haya sentencia firme. Con este objetivo, la cobertura del fondo abarca todas las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de los entes y organismos de su sector público, los altos cargos y los miembros del Govern", justifican al darle forma y destinarle recursos. 

Urgencia

"En este contexto, y para garantizar y proteger el derecho a la indemnidad y los derechos fundamentales de todos los servidores públicos afectado por estos supuestos, la Generalitat considera necesario y urgente adoptar medidas complementarias y mecanismos para dar cobertura a la situación producida, al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal. La urgencia en la aprobación de este decreto ley se justifica por la brevedad en los plazos de las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas, que afectan a varios servidores públicos que no quedan cubiertos por las pólizas actuales", explica la Generalitat. Es decir, los 15 días hábiles que el fiscalizador del gasto público ha dado para consignar las fianzas a los acusados. 

Los trabajadores públicos podrán solicitar la cobertura de este fondo siempre que no exista una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas; que el riesgo no se encuentre cubierto por ninguna póliza de seguro suscrita por la Generalitat o por alguna entidad de su sector público, y que el Govern no haya iniciado ninguna acción contra la persona afectada, ningún procedimiento disciplinario o sancionador, ni ningún procedimiento judicial de reclamación de responsabilidad civil.

La garantía del fondo se mantendrá mientras no haya sentencia firme y no se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales. Si se agotan estas vías y se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero, así como los intereses y los gastos que se hayan generado por razón de las garantías efectuadas con cargo al Fondo.