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Protesta contra los desahucios

El Govern se blinda para evitar los desahucios de las familias que son de verdad vulnerables

La Agència de l'Habitatge de Catalunya refuerza su equipo jurídico para dar respuesta a los procesos judiciales en los que interviene, en su gran mayoría lanzamientos precarios

5 min

Las estadísticas mantienen a Cataluña como la comunidad española con más desahucios. De ahí que las administraciones se hayan visto obligadas a reaccionar. La Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, ha decidido reforzar su representación en los procesos judiciales en los que participa, en su mayoría casos, de desahucios precarios o por falta de pago y vencimiento. De ahí que haya sacado a concurso el contrato de profesionales que ejerzan la representación procesal ante juzgados y tribunales para hacer frente a la conflictividad judicial que generan estas causas, denominados lanzamientos en el argot jurídico. Y que lo hagan "con rapidez" en casos de urgencia.

El año pasado, la AHC contribuyó a que 6.478 familias pudieran permanecer en sus viviendas con ayudas directas destinadas a atender la urgencia de los pagos de las rentas, con acuerdos pactados y con la implementación del programa Reallotgem. Pero es que, además, el pasado marzo, entró en vigor la ley catalana contra desahucios y emergencia habitacional, que plantea medidas como la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial.

Choque con la ley estatal

Sin embargo, la norma catalana choca contra el proyecto de ley estatal de la vivienda, que califica de "recentralizador" y "regresivo". A juicio de la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, la ley española no aborda los problemas estructurales como la emergencia habitacional. Un problema que tiene visos de agudizarse en una situación de aumento de la pobreza, según las últimas estadísticas, y de nueva crisis económica.

Datos de desahucios por comunidades / DIRECCIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Datos de desahucios por comunidades / DIRECCIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL


Las actuaciones públicas que garantizaran el derecho a la vivienda dependen de la citada agencia, que destinará un presupuesto de 3,3 millones de euros a contratar procuradores por un periodo de dos años, prorrogables. Estos servicios se realizarán en los procedimientos judiciales en que la AHC intervenga “como parte actora o demandada”, en el ámbito de sus funciones, incluidas las acciones ejercitadas en nombre y representación del Institut Català del Sòl, o de cualquier otra entidad de las que tenga encomendada la gestión y se incluya el ejercicio de acciones judiciales, y en las que la dirección letrada y defensa sea ejercida "por abogados de la propia Agencia, o por servicios externos contratados”.

Desalojos precarios

El presupuesto de licitación se ha calculado teniendo en cuenta el número de expedientes judiciales a gestionar durante el periodo inicial del contrato, en base a los tramitados en años anteriores. Es decir, un total de 1.478. La inmensa mayoría (946), corresponden a desalojos precarios (588) y desalojos por falta de pago y vencimiento (358).

El resto de pleitos son contenciosos, reclamaciones de deudas, procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos o hipotecas.

Violant Cervera, consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, departamento del que depende el Observatorio Catalán de la Familia
Violant Cervera, consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, departamento del que depende la Agencia de l'Habitatge de Catalunya

Cataluña, líder en desahucios

Durante el primer trimestre del año ha habido 2.410 desahucios en Cataluña, un 21,8% del total en el conjunto de España. De hecho, esta cifra supone que Cataluña lidere el ranking estatal por delante de la Comunidad Valenciana, con 1.863 casos, Andalucía con 1.858 y Madrid con 1.005 desalojos. Estos datos figuran en el último informe del Consejo General del Poder Judicial.

El contrato publicado por la agencia contempla, como mérito a la hora de valorar las ofertas, la capacidad de reacción inmediata en casos urgentes.