La Generalitat gana tiempo con la inmersión lingüística

Ejecutar o no la resolución del Tribunal Supremo que obliga a incluir un 25% del horario lectivo en castellano, es una decisión que se tomará “al más alto nivel”, esto es, por parte del consejero de Educación, Josep González Cambray, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Mientras tanto, el Govern valora si la solución pasa por una nueva ley, con lo que ganaría tiempo junto a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Aragonès ha anunciado que convocará el Pacte Nacional por la Lengua a principios de 2022 para "crear un consenso amplio" a favor de la inmersión.

La polémica coincide con un punto de inflexión del PSC, que pide respeto a las sentencias judiciales, aunque existe división en sus filas. Mientras dirigentes como Salvador Illa y Eva Granados son contundentes en su apoyo a flexibilizar la inmersión, cargos municipales se van a enfrentar en los próximos días a mociones favorables al modelo actual que pondrán contra las cuerdas a los socialistas catalanes.

Blindaje jurídico

El Govern asegura que no cambiará el modelo lingüístico, por lo que no instarán a los directores de centros a hacerlo: les darán "cobertura buscando caminos de blindaje jurídico" para mantener la inmersión lingüística, aseguró el president.

Precisamente ayer, cuatro representantes de la Junta de Central de directores de centros de Primaria y Secundaria comparecieron en la Comisión de Educación del Parlament, donde aludieron al conflicto lingüístico bajo la premisa de que “cumpliremos con la legislación vigente”. Aseguran que, a pesar de la polémica generada, “no existe preocupación en los centros”, porque los resultados son prácticamente idénticos en ámbitos lingüísticos distintos. “Dentro de los centros no hay un problema de lengua, nosotros lo que haremos es dar cumplimiento a lo que se decida”, aseguraron.

Fuentes del departamento afirman que “sobre la mesa hay varios escenarios”. Ya los había en el anterior mandato, cuando el entonces secretario de Políticas Educativas, Carles Martínez, se reunió con cargos municipales para abordar los proyectos lingüísticos que la Justicia iba anulando por no aplicar esa cuota del 25%. Corría el mes de abril y Martínez ya advertía de que “es probable que el recurso (presentado por la Generalitat) sea rechazado, la sentencia pasaría a ser firme y entonces se debería aplicar el 25% de forma inmediata”.

"Debemos actuar"

Admitía el alto cargo que el tema “es muy importante y preocupa, ya que se debería actuar en los próximos tres o cuatro meses”. Ante esa situación, la consejería planteaba dos posturas: aceptar los porcentajes de un 25% en castellano y un 75% en catalán para, de esta manera, garantizar ese porcentaje mayoritario de lengua catalana en todos los centros, o elaborar una ley que permita al departamento ganar tres o cuatro años hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ya que la aplicación de cuota era considerada “una barbaridad pedagógica”.

Con el cambio de gobierno, Carles Martínez fue sustituido por Núria Mora y los acontecimientos judiciales se han precipitado. Tras la resolución del Supremo, es necesario ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cualquier parte interesada puede instar ese incidente de ejecución, aunque hay que tener en cuenta que fue el abogado del Estado el que presentó recurso. Los pactos entre Pedro Sánchez y ERC sitúan al Gobierno en una difícil situación. Pero es que, además, los republicanos y En Comú Podem han presentado mociones municipales que obligarán al PSC a pronunciarse en feudos soberanistas.

Política

Adiós al tabú

Hace meses que la inmersión dejó de ser un tabú en las filas socialistas y su nuevo líder, Salvador Illa, se ha mostrado contundente en esa necesidad de adaptar los currículos escolares a la realidad sociolingüística catalana. No ve mal que se imparta una asignatura más en castellano, pues a su juicio, "no veo que comprometa al catalán como lengua central" en la escuela catalana.

Ayer, durante la celebración de la citada Comisión de Educación, el PSC votó en contra de una propuesta de Vox a favor de cumplir con la sentencia sobre el castellano. La diputada del PSC-Units, Esther Niubó, concretó la posición de su grupo. “No votaremos a favor de una moción que defiende la segregación lingüística. Somos fundadores de un modelo que garantiza el bilingüismo. Defendemos el catalán como lengua vehicular, y también el castellano”, dijo Niubó.

Afirma la diputada que “los proyectos lingüísticos de cada centro deben su realidad a cada entorno social. Apostamos por la flexibilidad. Dejar a los maestros que decidan, en función de la autonomía de centro”.

Flexibilización

Por ello, Niubó instó a la Generalitat a publicar datos territoriales sobre esa realidad sociolingüística. “La sentencias no se deben desacatar, la desobediencia no es la solución. Hay que rehacer el sistema con datos sobre la mesa con diálogo y consenso”, subrayó.

Uno de los canales de diálogo que plantea el presidente Aragonès es el Pacte Nacional per la Llengua, con participación de la sociedad civil, entidades y representantes de diversos ámbitos, como el educativo, el cultural, el empresarial, el sindical, el periodístico o el deportivo. El objetivo del pacto, explica la moción aprobada por el Parlament a instancias de la CUP, es que "la lengua catalana (y la occitana en Arán) deje de estar 'minorizada' y pase a un status de normalización real, así como que se cumplan todas las directrices internacionales sobre lenguas amenazadas".

El líder catalán de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, se ha mostrado muy crítico con PSC, al que acusa de votar a favor de propuestas en defensa del monolingüismo.