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El expresidente y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Quim Torra, ante lazos amarillos en la Ciutadella que han generado violencia / CG

Una Generalitat desorientada abraza el debate de la violencia como coartada política

El nacionalismo gobernante sigue estrategias distintas que solo se unen contra los ciudadanos y los partidos constitucionalistas

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En las últimas semanas, el Govern ha situado en el centro del debate político la violencia generada en torno al procés secesionista en Cataluña, y más concretamente, en relación a la denominada guerra de los lazos.

Tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el expresident Carles Puigdemont y varios miembros del ejecutivo autonómico han centrado sus intervenciones --en contactos con los medios y a través de las redes sociales-- en destacar el presunto pacifismo del movimiento independentista en contraste con la actitud de los que se oponen a él.

Mantener la tensión

La maniobra del Govern responde a dos objetivos: por una parte, intensificar el victimismo frente al Estado que tan buenos réditos electorales le ha dado tradicionalmente; y, por otra, reorientar la atención política hacia una cuestión supuestamente menor.

De esta forma, los dirigentes secesionistas pretenden mantener la tensión en un momento en el que todo el movimiento sigue desorientado tras el fracaso del 1-O y a la espera de establecer una nueva “hoja de ruta”.

El constitucionalismo como objetivo

Para implementar esta estrategia, el Gobierno autonómico --acompañado por sus principales terminales mediáticas-- no ha dudado en señalar a ciudadanos y partidos constitucionalistas como responsables de esta violencia, tratando además de minimizar cualquier agresión susceptible de ser atribuida al independentismo, como es el caso de la mujer agredida en la Ciutadella cuando retiraba lazos amarillos.

En ese plan también se enmarca la utilización de los Mossos d’Esquadra por parte de la Consejería de Interior para perseguir, identificar y sancionar a las personas que retiran lazos amarillos del espacio público. Pero no a aquellas que los colocan. Una actuación que ha provocado una investigación de la Fiscalía​ y ha generado importantes críticas desde el constitucionalismo, hasta el punto de calificar a los Mossos de “policía política” del independentismo.

Unidad independentista

En todo caso, la aplicación de esta fórmula por parte del Govern ha permitido también --de momento-- sellar las grietas que amenazan al movimiento independentista, profundamente dividido entre los partidarios de Puigdemont --en fase de reorganización bajo el paraguas de la Crida Nacional per la República--, sus excompañeros del PDeCAT y sus exsocios de ERC. Además de la imprevisible CUP.

Los dirigentes del PDeCAT y los de ERC han cerrado filas con la estrategia del Gobierno de la Generalitat en este ámbito sin ninguna fisura, e incluso han sido muy activos a la hora de cargar contra ciudadanos, asociaciones y partidos constitucionalistas.

Las contradicciones del Govern

Sin embargo, la introducción del debate de la violencia como coartada política también está teniendo efectos secundarios imprevistos, como demuestran las contradicciones en las que ha incurrido el Govern en este campo.

Así, el lunes de la semana pasada, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, trasladó por carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, su “preocupación” porque Cataluña sufría una “escalada de violencia” por parte de “grupos violentos” contrarios a la independencia y que era “urgente” buscar una solución. Este martes, en cambio, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha rebajado la calificación de los hechos y ha asegurado que los episodios de violencia son “casos anecdóticos”, “acciones puntuales”. Un síntoma de que el Govern empieza a ser consciente de que han entrado en un terreno resbaladizo que se le puede volver en contra en cualquier momento.